Consejeras de la CAM revelan los manejos políticos para controlarla
El conflicto entre zaplanistas y campistas de 2007 forzó las normas legales
“Casi todo el mundo conocía a alguien o estaba afiliado a un partido”. Así describió este lunes Raquel Páez, exconsejera de Caja Mediterráneo (CAM) entre 2004 y 2010 el ambiente en el consejo de administración de la entidad. “Conmigo probablemente se despistaron”, añadió ante la comisión de investigación de la CAM en las Cortes Valencianas esta administrativa, que se declaró contraria a la inyección de dinero público en los bancos y cajas con problemas y fue muy crítica con los directivos. Dijo lo del despiste porque fue llamada por el director territorial de Murcia para formar parte de la asamblea de la CAM y posteriormente del consejo en representación de los impositores sin venir recomendada por ningún partido. Páez lo atribuyó a que hacía años había trabajado en la entidad y ello habría llevado a pensar que resultaría dócil.
No lo fue, según su propio testimonio. “Entendí que había sido elegida por sorteo”, explicó a los diputados. “No sabía ni que en los consejos de las cajas entraba gente normal”. La realidad que se encontró fue que “la mayoría aplastante del consejo era afín al PP”. Sobre la situación interna a lo largo de su mandato, resumió: “Antes discutían campistas y zaplanistas y después eran todos campistas”.
También Natalia Caballé, empresaria de Benidorm con responsabilidad en la firma hotelera Servigroup, elegida por la cuota de la Generalitat a propuesta del PSPV-PSOE, tocó el tema de la politización de la CAM al resaltar la obviedad de que a los representantes de la Generalitat, elegidos en las Cortes Valencianas, los proponía un partido u otro, y añadir que los impositores, a los que se suponía más independientes, “también tenían la camiseta de un color o de otro, aunque a veces ellos mismos no supieran por qué”.
Dado que, en teoría, los representantes de los impositores eran seleccionados por sorteo, fue la tercera de las comparecientes la que más luz aportó al fenómeno de la politización. Remedios Ramón es economista y profesora de la Universidad de Alicante. Fue elegida también por la cuota de la Generalitat a propuesta de los socialistas (a diferencia de los representantes del PP, que han evitado reconocer esa adscripción en la comisión, los del PSPV-PSOE lo han declarado sin más problemas).
Exconsejera y exmiembro de la comisión de control de la CAM, que en periodo de elecciones se convertía en comisión electoral, Ramón usó el término “desincentivos” para explicar el sistema que, según su opinión, permitía escoger a los representantes de los impositores que interesaban a la caja. Los encargados de “desincentivar” a quienes habían resultado elegidos ante notario serían los mismos encargados de notificarles el hecho, los directores de sucursales y directores territoriales. Se “desincentivaba” a elegidos por sorteo, que renunciaban a entrar en la asamblea de la CAM, hasta llegar a quien interesaba.
La exconsejera reveló que en el polémico proceso de renovación de los órganos de la CAM de 2007 planteó serias objeciones. Se habían presentado dos candidaturas, explicó, y al final se retiraron las dos para dar validez a una tercera. “Manifesté que la candidatura no cumplía la ley valenciana de cajas y me abstuve de aprobarla”, señaló.
El diputado socialista Ángel Luna recordó que la presentación de listas diferentes fue debida al pulso entre seguidores de Eduardo Zaplana y de Francisco Camps. Y la exconsejera recordó que la tercera lista surgió después de que Mariano Rajoy visitara Alicante y dijera que “no iba a aceptar que una parte de su partido se enfrentara a otra parte”. Vicente Betoret, del PP, le preguntó a Ramón por qué se abstuvo en lugar de votar en contra si lo tenía tan claro.
La exmiembro de la comisión de control respondió: “El cuerpo me pedía votar en contra pero el representante del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) y el letrado de la CAM me dijeron que lo aprobaban”. Remedios Ramón precisó que el letrado era Juan Martínez Abarca y se quejó de haberse “sentido huérfana” por parte del IVF, como organismo autonómico, pese a ser una vocal elegida en representación de la Generalitat.
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