La imparable politización de las cajas

Anda el patio muy revuelto desde las polvorientas declaraciones de Esperanza Aguirre sobre Caja Madrid en las que llamaba "hijoputa" a un correligionario (se supone que a Fernando Serrano, hombre de confianza de Alberto Ruiz-Gallardón, al que privó de continuar en la caja, aunque bien podría ser el propio alcalde de Madrid o el vicealcalde, Manuel Cobo). En cualquier caso, la presidenta madrileña dejaba al descubierto los manejos que hizo en la entidad financiera para controlarla desde que comprobó que Miguel Blesa no se mostraba sumiso a sus deseos, y también que su intención es continuar con esa actitud, aunque el que ahora esté al frente sea Rodrigo Rato y no su lugarteniente Ignacio González.

Es verdad que la personalidad de Rato aleja muchos fantasmas sobre la manipulación futura de la caja por parte de la presidenta de la Comunidad madrileña, pero su llegada ha vuelto a poner en evidencia que el poder político está lejos de erradicarse, por mucho que insistan desde el Banco de España y se pida desde la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA). No deja de ser un caso más de la imparable politización de las cajas, que todos critican, pero nadie se decide atajar.

Y, probablemente, se repita en otros movimientos que están en proceso o por producirse. Es el caso, por ejemplo, de la fusión entre Caja España y Caja Duero, muy tutelada por la Junta de Castilla y León. Ya se ha decidido que la sede social, la presidencia y los órganos de gobierno se ubicarán en León, mientras que la dirección general estará en Salamanca. Lo que falta por resolver es quién la va a presidir, y la persona que más consenso genera en las filas políticas es el ex presidente de la Comunidad Juan José Lucas. Ni Santos Llamas, de Caja España, ni Julio Fermoso, de Caja Duero, parecen señalados, ni tampoco los directores generales Lucas Hernández (Caja Duero) e Ignacio Lagartos (España).

Si se quieren más muestras de que esa politización está consolidada, no hay más que mirar las reacciones que han tenido los presidentes de Galicia y la Comunidad Valenciana, Alberto Núñez Feijóo y Francisco Camps, cuando supieron que Caja Madrid quería tirar los tejos a Caixa Galicia y la CAM.

No obstante, Rato les ha mandado un mensaje de tranquilidad. El ex vicepresidente del Gobierno con el PP ha tomado las riendas con calma y, a juzgar por los primeros síntomas, el tamaño no es aparentemente una obsesión. Se ha preocupado mucho en dar órdenes al equipo directivo para que transmitan que el asunto de la fusión pasa a estar en quinto o sexto lugar de sus prioridades. Antes quiere poner el acento en el negocio, el crecimiento, la rentabilidad, el reforzamiento del core capital, la lucha contra la morosidad, la venta de activos..., mientras toma el pulso de la organización y despeja si sigue con el mismo equipo directivo que encabezan los directores generales Matías Amat e Ildefonso Sánchez.

Pero a gallegos y valencianos, y de otros contornos también, les cuesta creerlo. Al contrario, ven la llegada de Rato a Caja Madrid como un impulso a la fusión con Caixa Galicia y la CAM. Entre otras cosas, porque las propias orientaciones del mercado, además de los deseos del Banco de España, empujan hacia este tipo de operaciones. Caja Madrid es la segunda caja, y la oportunidad de una integración con esas dos entidades le pondría en una posición líder junto a La Caixa, que no tiene previsto meterse en compras.

Desde luego, parece evidente que si se quieren hacer entidades con más competidoras como pide el Banco de España, se deben facilitar las fusiones entre entidades de distintas comunidades. Pero los dirigentes autonómicos no quieren perder poder, y eso supone un serio obstáculo.

Para que las cosas cambien es necesario que se modifique la Ley de Ordenación y Regulación de las Cajas de Ahorros (LORCA), que data de 1985, y que dotó de ese poder a las comunidades autónomas y entidades locales. Sin embargo, se produce una situación contradictoria: los cambios no se acometerán hasta después de que acabe el proceso de fusiones en las cajas. Por eso va a ser difícil que se despoliticen mientras se negocian fusiones y operaciones similares, como las SIP, que precisamente aseguran la permanencia de las cajas en su territorio. Es decir, los nombramientos los van a seguir manejando y consensuando los políticos.