La reforma local abre otro frente de batalla entre la izquierda y el PP
Los populares aseguran que en Andalucía se ahorrarán 2.150 millones
El debate de la reforma de la Administración local, abierto de manera unilateral por el Gobierno central el pasado viernes, va camino de convertirse en el nuevo campo de batalla entre los partidos que integran el Ejecutivo de coalición (PSOE e Izquierda Unida) y el PP en Andalucía.
El impacto de esta medida provocó este lunes un amplio debate de desasosiego y temor en el pleno de la ejecutiva regional socialista, aunque por el momento no hay datos precisos de cómo afectará la reforma a los 771 municipios de la comunidad.
Lo que hay aprobado ahora mismo es un informe del anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. Este documento se ha enviado al Consejo de Estado para que emita un informe. Es decir, aún queda mucho trecho para que esta propuesta se convierta en ley, pero eso no ha impedido que desde el mismo momento de su presentación los partidos andaluces se pongan en guardia. El PP, a favor; y PSOE e IU, en contra.
El proyecto prevé marcar un coste tipo de cada servicio público. “Si el coste es superior y es una competencia impropia, se debe suprimir el servicio. Si el coste es superior y es una competencia mínima, las Diputaciones asumirán los servicios de municipios con menos de 20.000 habitantes a fin de generar economías de escala”, explicó el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el viernes pasado.
El 89% de los 771 Ayuntamientos andaluces tienen menos de 20.000 habitantes. Según el vicesecretario general del PSOE andaluz, Mario Jiménez, la propuesta además de ser inconstitucional, aleja la democracia de los ciudadanos, vacía de competencias a los municipios, privatiza servicios y convierte en ciudadanos de segunda a los ciudadanos que vivan en pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pero pocos números hay detrás de estas palabras. El PSOE espera contar a finales de esta semana con un estudio concreto de la repercusión del anteproyecto de ley que también pone el ojo en las mancomunidades. Estas y las entidades locales menores deberán rendir cuentas en tres meses, “si no desaparecerán”, aseguró el ministerio de Montoro.
Según las estimaciones de Jiménez, el anteproyecto se puede “llevar por delante” unos 200.000 empleos en la Administración local de toda España, 40.000 de ellos en Andalucía.
El proyecto del Gobierno central se basa en la necesidad de ahorrar costes, pero en el caso de Andalucía este objetivo genera algunas incertidumbres dada la población asistida. Según datos del Ministerio de Hacienda de 2012, los 771 municipios y ocho diputaciones de la comunidad tenían una previsión de gastos ese año de 8.528 millones, el 12,9% del total nacional (65.695 millones), cuando la población andaluza en el conjunto del Estado representa el 17,8%.
Frente a la falta de cifras del impacto de la medida por parte del PSOE, el PP cuantificó el ahorro de la reforma en Andalucía en 2.150 millones de euros, según afirmó el secretario general del PP andaluz y alcalde de Tomares (Sevilla), José Luis Sanz. Este aseguró que la contención de gastos se consigue con la reducción del número de concejales —en Andalucía hay 9.031 ediles— y “la eliminación de chiringuitos” como las mancomunidades que, en su opinión, sirven “para recolocar” a alcaldes y exconcejales del PSOE.
El presidente del PP andaluz y alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, se mostró más comedido respecto a la reforma, que valoró “en principio” porque implica contención del gasto y aclara las competencias que corresponde a cada administración. Zoido se apresuró a aclarar que la reforma local no pone en riesgo los puestos de trabajo de los funcionarios. “Los funcionarios están garantizados”, aseguró informa Efe.
Negociación "uno a uno"
El debate inicial de la reforma de la Administración local ha pillado a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) en vía muerta. La dimisión de su presidente, el socialista Francisco Toscano, en plena negociación de los partidos para renovar la institución, dejó a la vicepresidenta y alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz (PP), a la cabeza del órgano. La paradoja de esta situación es que el PP había anunciado que abandonaba la FAMP por un acuerdo entre PSOE, IU y Partido Andalucista para repartirse la FAMP. Sea como fuere es ahora Ángeles Muñoz la que debe pilotar la federación en un debate crucial para todos los municipios.
La alcaldesa remitirá el anteproyecto de la reforma local a los ayuntamientos “para que tengan la oportunidad de opinar” y anunció que si antes no se consigue renovar la dirección de la FAMP, ella negociará el borrador con los ayuntamientos andaluces “uno a uno”.
La reforma propuesta por el Gobierno central va a dejar sin sueldo a 55.000 de los 68.286 concejales que se eligieron en las pasadas elecciones municipales. Los sueldos de los alcaldes se establecerán en función de la población. Así, los regidores de los seis municipios españoles con más de medio millón de habitantes (entre los que se encuentran los de Sevilla y Málaga) cobrarán como un secretario de Estado: 67.055 euros anuales, que con complementos se eleva a 100.000 euros brutos. Esta cantidad es mayor a la prevista en el preacuerdo alcanzado en la FAMP en 2010 sobre las retribuciones de los cargos electos locales. Según ese acuerdo, los regidores de los municipios de más de 100.000 habitantes tendrían un tope máximo de retribución equivalente al de consejero de la Junta, 67.892,39 euros en 2011.
De los 9.031 concejales electos en Andalucía la “inmensa mayoría” no percibe ningún salario, indicó ayer Muñoz. Ni la FAMP ni la Junta de Andalucía saben con exactitud cuántos concejales trabajan sin percibir ningún sueldo de sus ayuntamientos.
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