El alcalde de Sant Hilari en libertad tras abonar una fianza de 18.000 euros

Poco antes de las ocho de la mañana de este domingo salía de los juzgados de Lugo el alcalde de San Hilari Sacalm (La Selva), el convergente Robert Fauria i Danés, al que la jueza que lleva la operación Manga, Pilar de Lara Cifuentes, impuso una fianza de 18 mil euros. Tras de si un reguero de imputaciones; cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsificación de documento público.

Con todo el regidor corría mejor suerte que el administrador de GRS Arc Local, Alexandre Ross, para el que se decretó el ingreso en la prisión lucense de Monterroso, al filo de las cuatro de la mañana. Robert Fauria no es el único de la trama catalana, de la red que investiga la jueza, sobre el presunto amaño de contrataciones a cambio de sobornos, que ha tenido que hacer frente a una fianza, aunque si la más cuantiosa.

Este sábado, Juan Carlos Feliu, que es el responsable del departamento de organización de servicios a la ciudadanía del Consejo Comarcal de la Selva, se libraba de prisión tras abonar una fianza de cinco mil euros. El otro funcionario investigado quedaba en libertad sin fianza.

Aunque concluía esta primera fase de Manga, fuentes de la investigación no descartan más imputaciones en Cataluña.

El epicentro de la trama, en su vertiente catalana, se encontraría en la comarca de la Selva, en el consejo comarcal, institución en la que incluso se habrían amañado oposiciones. Según ha podido saber EL PAÍS, era una práctica asentada y así desde la investigación se apuntaba como un mozo de almacén podía sacar un diez en una oposición para administrativo.

Pero no solo eso, también el punto de mira de la instructora lucense, las concesiones públicas y el posible cobro de comisiones.

Concluida esta primera fase de Manga, que es un apéndice de otra investigación que lleva el mismo juzgado de Lugo, el número uno, y conocida como Pokémon, también sobre adjudicaciones irregulares, tres de los nueve detenidos han sido encarcelados. El gerente de Aquagest en Santiago de Compostela, en el penal de Teixeiro (A Coruña), y el ex asesor del que fuera alcalde de Santiago, el popular Gerardo Conde Roa.

Precisamente este último habría intervenido para que GRS Arc Local se hiciese con el contrato de la gestión de multas en la capital de Galicia.

Ángel Espadas, que además de asesor fue también concejal en el consistorio compostelano, dio con sus huesos en la otra prisión de la provincia de Lugo, la de Bonxe.

Desde el jueves que se abría el operativo y hasta esta mañana, en que salía de los juzgados el último de los detenidos, la jueza apenas se ha concedido un mínimo respiro. La jornada del sábado, precedida de otra intensa de viernes con el interrogatorio a los gallegos y un asturiano, se iniciaba a las once y remataba poco antes de las ocho de la mañana. No se quiso, en este caso, cometer el mismo error que llevó, en Pokémon, a la puesta en libertad del principal imputado, el ex presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil Francisco Fernández Liñares, que estuvo preso tres meses, al no prorrogar la orden de detención.

Ahora se ha cumplido escrupulosamente con los tiempos. Si se prolongaba más allá de las ocho de la mañana, podría incurrirse de nuevo en ese mismo error.

El alcalde de Sant Hilari ya partía esta misma mañana rumbo a Cataluña, donde preparara “tranquilamente” su defensa, ante las acusaciones cursadas contra él por Pilar de Lara Cifuentes, confirmaba el abogado de Ramón Fauria.