Torres dice que negoció los Summit con Camps y Barberá en la Zarzuela
La oposición exige a la Generalitat que se persone como acusación particular Camps responde que la afirmación de Torres es falsa
Diego Torres, exsocio de Iñaki Urdangarin en el Instituto Nóos, declaró ayer en Palma de Mallorca al juez que instruye el caso Nóosque él mismo y el duque de Palma negociaron en el palacio de La Zarzuela la celebración del foro Valencia Summit con el expresidente de la Generalitat Francisco Camps y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. La reunión en la residencia real, según Torres, fue en marzo de 2004.
Según declaró Torres, en el encuentro solo participaron él, el duque de Palma, el expresidente valenciano y la alcaldesa. El exsocio negó que el Rey estuviera presente en aquel encuentro.
La Generalitat, a través de la sociedad pública CACSA, y la fundación municipal Turismo Valencia Convention Bureau pagaron al menos 3,1 millones de euros a Nóos por la organización de tres ediciones de los Summit en 2004, 2005 y 2006. El instituto presidido por el duque de Palma recibió otros 387.000 euros por la preparación de unos Juegos Europeos que nunca se celebraron.
La entidad Nóos, que se declaraba sin ánimo de lucro, captó contratos por más de diez millones de euros de la mano de Urdangarin y Torres. Sus clientes principales fueron las administraciones de Baleares y Valencia y, en menor medida, de Madrid y Barcelona. Además, obtuvo acuerdos de asesoría con grandes empresas privadas, aunque ningún empresario privado ha denunciado su caso.
A la vista de la nueva declaración de Torres, el diputado autonómico de EUPV Ignacio Blanco anunció que su grupo pedirá en las Cortes Valencianas la comparecencia de Rita Barberá y de Francisco Camps, ambos diputados, para que se expliquen. “Hay unos padrinos políticos de Iñaki Urdangarín y Diego Torres. CACSA y FTVCB fueron los instrumentos pero la decisión está cada vez más claro que la tomaron ellos”, dijo Blanco.
El grupo de EUPV estudiará si es posible, con los cambios habidos en el reglamento de la cámara autonómica, solicitar de nuevo una comisión de investigación sobre el caso Nóos. Blanco exige la personación como acusación popular, tanto de la Generalitat como del Ayuntamiento de Valencia. “Queremos que se persiga a los autores de ese saqueo y entendemos que el PP no lo quiere hacer porque quiere protegerlos”, subrayó.
Enric Morera, portavoz de Compromís en las Cortes, reclamó también explicaciones a los dos políticos y anunció que su formación estudia cómo personarse en el procedimiento. “Es necesario que comparezcan, den la cara y expliquen su participaron directamente en la comisión de estos delitos”, enfatizó Morera.
El socialista Joan Calabuig añadió que, de confirmarse la declaración de Torres, “la señora Barberá habría mentido reiteradamente a los valencianos porque ha dicho que los foros de Valencia Summit se hicieron de manera autónoma y sin su intervención, y cada vez hay más evidencias de que no ha sido así”.
El expresidente valenciano Francisco Camps respondió ayer a la declaración del exsocio de Urdangarin. “Es falso”, dijeron fuentes del entorno del exjefe del Consell a Efe.
Convenios sin concurso público
Los convenios del Instituto Nóos con la Generalitat —a través de (CACSA)— y la fundación municipal Turismo Valencia Convention Bureau son fruto de "una actividad delictiva premeditada y nulos de pleno derecho", defiende el juez Castro en el auto del pasado 31 de enero donde impuso una fianza de 8,1 millones de euros a Iñaki Urdangarin y a su entonces socio Diego Torres por el caso Nóos.
El magistrado sostiene casi al final de la instrucción que las contrataciones con Nóos no respondían a ninguna labor concreta ni a ninguna necesidad de interés público sino única y exclusivamente al mero interés de conceder a Urdangarin todo aquello que éste solicitaba, consecuencia de su influencia por pertenecer a la Casa Real.
El auto describe con detalle la utilización supuestamente fraudulenta de estos convenios para eludir la aplicación de la ley de contratos públicos. Y enumera la facturación irregular generada en torno a los convenios. Por ejemplo, el de 2004. De los 1.044.000 euros que recibió Nóos para organizar el Valencia Summit, solo 206.402 euros son facturas imputables al evento.
La fundación municipal y CACSA, se adhirieron “sin que fuera precedido de ningún proceso de análisis de mercado, que su beneficiaria ni tan siquiera se molestó en tratar de esbozar para convencer a quienes tendrían que pagarlo”.
Después de más de un año con el caso en marcha, la Generalitat se personará en el proceso. La fundación municipal Turismo Valencia confiará su defensa a la fiscalía y reclamará responsabilidades civiles.
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