El plan contra la droga, al borde de la quiebra

El desenlace va a ser terrible. Si tenemos que cerrar, tanto en la calle como en las cárceles cundirá el caos. Será un desastre total”, advierte Carmen Avendaño, alma y timón de Érguete, después de contar que “en los tres últimos años”, si se confirma el nuevo hachazo del 10% para las ONG de lucha contra la droga en los presupuestos de Feijóo, su colectivo habrá acumulado “un recorte del 35%”. El plan gallego contra la droga, ejemplo exportado a toda Europa y a Latinoamérica, puesto en pie en primer lugar por las madres y los padres de los jóvenes que cayeron en los ochenta e impulsado por un Fraga concienciado, amenaza con desmoronarse. Unos y otros, miembros de las asociaciones y profesionales que desarrollan su trabajo en esta red de centros, dicen que en lo que falló el difunto presidente fue en no dar el paso de integrar la estructura paralela en el Sergas.

Sanidade subvencionó siempre la lucha contra la droga, aprovisionó a las asociaciones de metadona y tiras reactivas (de estas, en los últimos tiempos, escasamente) para detectar las adicciones, pero los médicos, los enfermeros, los psicólogos, los trabajadores sociales, nunca entraron en el sistema. Se formaron fuera, con cada chico que llegaba por la puerta enganchado hasta la médula, durante tres décadas, en una suerte de Servizo Galego de Saúde de los yonquis. Eran “demasiado apestados”, critica Avendaño, para seguir la vía normal.

Todos los grupos de la oposición en el Parlamento (PSdeG, AGE y BNG) se comprometieron la semana pasada con esta estructura sanitaria levantada desde la calle y presentaron mociones a los presupuestos de la Xunta. Según las cuentas del Gobierno gallego para el año 2013, se reducirá entre un 10% (para las asociaciones) y un 15% (para los Ayuntamientos) la financiación de la que viven todos los programas de atención a los trastornos adictivos en Galicia. Un castigo que se suma a los infligidos desde 2011 y que ya habían puesto al límite a muchos colectivos: “El único objetivo que nos marcamos es el de subsistir”, reconocía hace ya un año Miguel Plaza, gerente de Aclad (Asociación Ciudadana de Lucha contra la Droga), cuando las cosas no se presentaban aún tan negras como ahora.

Además, según comunicó la Fegamp (Federación Galega de Municipios e Provincias) a los consistorios el 21 de diciembre, la Consellería de Sanidade decidió eliminar por completo la subvención a los servicios municipales de prevención, formativos, que cubrían el territorio de 125 ayuntamientos y el 75% de la población gallega. Para educación contra los estupefacientes ya no hay un céntimo. A consecuencia de esto, “de las 43 unidades que se repartían este territorio, 17 ya se han desmantelado, toda esa gente está en la calle”, informa Beatriz Camba, vicepresidenta de la Asociación Galega de Profesionais de Condutas Adictivas.

De momento, la semana pasada, solo Vilagarcía tomó la iniciativa en pleno de asumir el coste de la prevención y dar servicio a la comarca por su propia cuenta. “Es que Arousa, en materia de drogas, es un desmadre”, explica Camba, que es psicóloga del Servizo Preventivo Asistencial de Drogodependientes de Vilagarcía: “Esta crisis es el caldo de cultivo para que repunten las adicciones, empezando por el alcohol, porque ante la situación caótica mucha gente no ve más alternativa, por duro que parezca: o bebes o te suicidas”.

El riesgo creciente lo confirman miembros de Érguete y de Asfedro, la única asociación que asiste a los drogadictos entre los municipios de Mañón y Miño. “La depresión actual es peor que la anterior, cuando se disparó el consumo”, asegura Avendaño desde Vigo. “Cada día viene más gente pidiendo ayuda, y cada día hay chicos más jóvenes. Están ahí, en la sala de espera, acompañados de sus madres”, ejemplifica Eduardo Carpente, enfermero de la asociación de Ferrol. Los trabajadores de Asfedro se concentraron este viernes para llamar la atención sobre el estado comatoso en el que está entrando su entidad. Si Asfedro, al borde de la quiebra desde hace un año, se acaba finalmente, en el norte de A Coruña no hay alternativa. En sus dos centros atiende a mil personas (24, residentes) y más de 700 reciben dosis de metadona.

Los trabajadores de Asfedro (Asociación Ferrolana de Drogodependencias) están habituados al sacrificio. Si pudieron pasar 20 años sin conocer una subida del IPC, ahora les han anunciado una reducción del sueldo del 20% para “preservar los puestos de trabajo” y están dispuestos a ello. “Estamos implicadísimos”, reconoce el enfermero, “pero no hay un duro, y la actividad diaria peligra. Por nuestra parte, tenemos familia que alimentar, llevamos dos meses sin cobrar y seguimos: el problema es que hay diferentes gastos como la luz y el teléfono que están prorrogados”. No es la primera vez, el año pasado aguantaron así, sin sueldo, tres meses, y se llegó a reconocer desde la entidad que incluso faltaban alimentos para los residentes. Hasta que la Xunta pagó un dinero que debía. La propuesta para conservar el empleo en Érguete se parece bastante: Una reducción de jornada del 20% y por tanto de sueldo. Claro que en este gremio, las emergencias son emergencias y no se pueden aparcar para mañana.