¿Más ideas contra la corrupción?

Hace mucho tiempo que las noticias sobre la corrupción perturban, inquietan, hastían e irritan a la gente. Y como todos se muestran indignados, los políticos no pueden ser menos. Por eso ahora brotan como setas sus iniciativas institucionales, oficiales, de repulsa y condena. Reuniones, propuestas, proyectos legislativos, nuevas ideas, en fin, surgen como si hasta hoy no hubieran tenido instrumentos suficientes para combatir la corrupción.

Ahora el vaso de la indignación parece haberse colmado con las últimas noticias, tan odiosamente abundantes. Pero no seamos desmemoriados. Recuérdese Banesto, Filesa, Roldán, Gil y Gil, etcétera. Entonces, en 1995, el escándalo ya parecía haber llegado a su cénit.

La idea para hacer frente al escándalo, más que a la corrupción, fue crear una Fiscalía Anticorrupción. Eso sí, con recursos lo bastante escasos como para no inquietar, y con funciones lo bastante amplias como para acallar las quejas y aplazar procesalmente los problemas. Solo la imprevista tenacidad y eficacia de los fiscales desbordó y transfiguró aquel ambiguo proyecto inicial.

Pero la corrupción no ha cesado. 18 años después siguen apareciendo a borbotones los casos de corrupción. El escándalo, unido ahora a la crisis, adquiere caracteres de indignación. Otra vez hacen falta nuevas ideas para acallarla.

Algunos políticos lanzan iniciativas contra la corrupción, como si no hubieran estado en sus cargos mientras se producía

Una idea, de UPyD, ha sido la propuesta de meter en el Código Penal a los partidos políticos y a los sindicatos. A partir de mitad de enero, según la reciente reforma legal, se les podrá imponer penas de multa, y de disolución, hasta cinco años de suspensión, clausura de locales, prohibición de recibir subvenciones, intervención judicial, etcétera.

Estas penas se aplicarán cuando sus responsables o representantes, valiéndose de la institución, cometan delitos tales como corrupción, tráfico de influencias, estafas, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales, delitos urbanísticos, sobornos, delitos contra la Hacienda Pública. Y se aplicarán al partido o sindicato, además de las penas de cárcel que puedan corresponder a los dirigentes.

Era difícil apoyar una iniciativa tan claramente insuficiente, precipitada y populista, contradictoria con otras leyes, como la de Partidos Políticos, y por todo ello de problemática aplicación. Pero habría sido todavía más problemático rechazarla. Porque o se estaba a su favor, o a favor de una descarada autoexculpación, de una especie de corporativismo interpartidario, de mutuo encubrimiento, real o figurado, pero en todo caso necesariamente rechazable.

Como tantas veces, cuando no se sabe o no se quiere abordar un problema, lo más fácil y barato es acudir a la ley penal. El origen del problema, de la corrupción, no se toca. Y, evidentemente, la indignación continúa.

El President Mas tuvo otra idea. Convocó recientemente en Barcelona a los máximos responsables del Poder Judicial, junto con otros responsables institucionales, para que aportaran ideas para la prevención y persecución de la corrupción. Fue una ocurrencia difusa e insustancial, de la que no salió nada, salvo la foto. Además, fue una iniciativa inoportuna e improcedente. También en este caso era problemático rechazar la iniciativa, esta vez por razones de cortesía institucional. Pero pocas ideas nuevas podían aportar los convocados. Ellos ya saben lo que deben decir o hacer desde su responsabilidad institucional, con su imparcialidad e independencia, y con sus limitados recursos. Por eso la iniciativa fue, además, inútil.

Sin embargo, no se ha oído ni una palabra, al ilustre convocante, sobre la limpieza, tan necesaria, de su propia casa. Mal comienzo para atajar la corrupción ajena. Nada se ha oído sobre mayores dotaciones de recursos para la actuación de las instituciones que deben prevenir, investigar y perseguir la corrupción. Por eso, la difusa ocurrencia no llegará a acallar la indignación. Solo es humo ante el vendaval de los escándalos y de la irritación general.

José María Mena es exfiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.