La atención de 400 niños con autismo, en el aire por los impagos de la Generalitat

Ángel tiene seis años. Apenas maneja 20 palabras y se comunica básicamente con dibujos. Pero su madre está encantada. Ángel tiene un trastorno autista y gracias a la terapia que sigue desde los tres años ha podido romper su aislamiento y expresar sus deseos, aunque sea de forma limitada.

El tratamiento lo sufraga la Generalitat valenciana y lo prestan entidades especializadas. Sin embargo, las deudas de la Administración con los centros que tratan a los niños con autismo, que se arrastran desde los últimos meses de 2011, han puesto al límite la capacidad de aguante de los centros, que ayer lanzaron una llamada de auxilio. Diez de estas entidades anunciaron que están asfixiadas por el millón de euros que, en total, les debe el Gobierno valenciano. Los 400 niños que atienden “quedarían en situación de desamparo si se pone en peligro la continuidad de su tratamiento”, advierten. Un extremo que no descartan en absoluto.

Las asociaciones de atención a estos menores señalan que la Administración solo les ha planteado dos salidas. O esperar al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) que la Generalitat espera recibir del Gobierno de Mariano Rajoy en marzo —“sin ninguna garantía de que estas deudas estén incluidas en esta partida”, detallan— o pagar a cargo del presupuesto de 2013, “lo que implica que no se podrán pagar los tratamientos que se impartan este año, por lo que en unos meses los centros estarán en una situación similar o peor”. “Sanidad nos ha trasladado que si sigue sin fondos, se plantean incluso retirar este servicio”, añade Fernando García, secretario del Centro de Evaluación, Diagnóstico e Intervención Infantil (Cedin), uno de los centros acreedores.

Cada chico necesita una intervención ajustada a su estado

“La principal posibilidad que se maneja de pago está en función de la disponibilidad del FLA”, indicó ayer una portavoz de la Consejería de Sanidad, que admitió las demoras de parte de 2011 y todo el año 2012. En “ningún momento” se ha planteado la posibilidad de eliminar este servicio, añadieron.

La Generalitat asume 20 horas al mes por cada niño desde que se les diagnostica la enfermedad (en torno a los dos años) hasta que cumplen siete. El coste ronda los 700 euros mensuales.

Los padres de los niños afectados tienen el miedo metido en el cuerpo. “Eliminar esta ayuda supondría que solo quien la pudiera sufragar podría evitar lo que sucedía hace años: que los pequeños sean una especie de vegetales que no evolucionan y que pasan la vida encerrados en casa”, relata Concha Peiró, la madre de Ángel. “Es sorprendente el cambio radical de estos niños gracias a la terapia”, explica. Cada vez que Ángel quiere comer algo, acude a un panel que tiene colgado en la nevera y señala lo que quiere comer: el dibujo de un bocadillo, sopa, un yogur, leche… Lo mismo hace cuando quiere ver unos dibujos animados, con un póster que recoge distintos personajes. Según el que apunta, sus padres le ponen un DVD u otro. “Todo esto lo ha aprendido en el centro, que es fundamental no solo para trabajar la comunicación, sino la socialización, son niños que tienden a aislarse, que no entienden las normas...”.

Cada niño necesita una intervención personalizada que se ajuste a las manifestaciones —que son muy diversas— relacionadas con el espectro autista. En general, además de problemas de socialización y comunicación, “suelen tener poca tolerancia a los cambios o comportamientos repetitivos”, explica Emiliano Fabris, terapeuta de la Fundación Mira’m de Valencia, donde acude Ángel a seguir tratamiento. “Aunque el autismo no se cura, los mejores resultados para modificar comportamientos se producen en la intervención temprana, por eso la atención en esta etapa es fundamental”, apunta Fabris.

Los trabajadores de Proyecto Hombre en Valencia también anunciaron ayer que la Generalitat les debe 1,2 millones de euros, “lo que pone en riesgo la atención de cerca de mil personas con adicciones”. La deuda corresponde a todos los compromisos de pago del año pasado y afecta tanto a las comunidades terapéuticas como a centros de día de Valencia, Gandia, Sagunt y Ontinyent.

El motivo es el mismo: la mayúscula falta de liquidez de la Consejería de Sanidad. Aunque la Generalitat ha vuelto a demostrar que hay acreedores y acreedores. Ayer se hizo público que el Gobierno valenciano ha hecho frente a los 4,8 millones de euros correspondientes a los intereses de la deuda que la Fundación del Valencia Club de Fútbol mantiene con Bankia.