La Fiscalía de Madrid investiga los presuntos pagos irregulares de Fernández

La Fiscalía de Madrid ha abierto esta mañana diligencias para investigar los presuntos pagos en negro realizados por el vicepresidente de la CEOE y presidente de los empresarios madrileños, Arturo Fernández, a los empleados del Grupo Cantoblanco, que tiene más de 2.000 trabajadores en nómina, han confirmado fuentes del organismo. Las diligencias se abren después de que ayer trabajadores y extrabajadores de la firma del empresario madrileño aseguraran a la cadena SER haber recibido pagos en b.

El presidente de los empresarios madrileños negó ayer esta información, afirmó estar "sorprendido y muy preocupado" y anunció una auditoria interna en la empresa para analizar "posibles irregularidades en convenios y en las formas del pago de las nóminas o de las pagas extraordinarias". La SER ha publicado hoy una batería de documentos que revelan que parte de los trabajadores cobraron supuestamente un sueldo legal y otro en negro entre 2009 y 2012. 

El grupo de Arturo Fernández gestiona, entre otras, las cafeterías de dos de las instituciones políticas más relevantes de España: la del Congreso de los Diputados y la de la Asamblea de Madrid. A raíz de las informaciones, el Congreso de los Diputados ha decidido estudiar “la situación” del grupo, según ha conformado el presidente, Jesús Posada, en declaraciones a los periodistas.

La Mesa del Congreso, reunida esta mañana, ha tratado el asunto. Posada ha recordado que la empresa del vicepresidente de la CEOE y presidente de la patronal madrileña lleva “mucho tiempo” con las contratas del Congreso y “dando un buen servicio”. Según Posadas, la Mesa actual y las de otras legislaturas han tenido siempre “un gran control” sobre estas cuestiones. CC OO denunció en 2009 pagos en b a trabajadores de la cafetería del Congreso, un asunto que se resolvió internamente entre la empresa y el sindicato y no trascendió a la opinión pública.

En la Asamblea de Madrid no van a iniciar ninguna actuación de momento. “Por una información periodística no se puede abrir un expediente contra una empresa, porque eso al final perjudica a muchos trabajadores”, ha señalado el portavoz parlamentario del PP en la cámara de Vallecas, Íñigo Henríquez de Luna.

“Debemos ser cautelosos y respetuosos”, ha añadido el diputado, que no se ha querido pronunciar al ser preguntado reiteradamente sobre si considera que Posada, presidente de Congreso y compañero de partido, perjudica a los empleados o a la empresa de Fernández con sus declaraciones. “Ninguna información que ha aparecido pública afecta de momento a la Comunidad de Madrid”, ha añadido. “Cuando haya pruebas evidentes será el momento de pronunciarse políticamente”.

El supuesto pago en b de las empresas de Fernández ha sido uno de los asuntos tratados en la Junta de Portavoces de la Asamblea. El grupo parlamentario socialista ha reclamado que se abra “un expediente informativo”. Si se verifican las informaciones, ha señalado Tomás Gómez, “deberían cancelarse automáticamente todas las concesiones y contratas con las Administraciones públicas”. Gómez ha tildado a Fernández de “consejero en la sombra” y “parte del entramado del PP”. El presidente de la CEIM mantiene una estrecha amistad con Esperanza Aguirre y el actual presidente del presidente del Gobierno regional, Ignacio González, cuya mujer, Lourdes Cavero, trabaja de segunda en la patronal madrileña a las órdenes de Fernández.

El portavoz parlamentario de IU, Gregorio Gordo, ha pedido que se rescindan los contratos con la Comunidad de Madrid si se confirman las informaciones, sobre las que ha solicitado “una investigación rápida”. Gordo pidió ayer la comparecencia de Fernández en la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. UPyD esperará a que exista “mayor documentación” para solicitar en su caso medidas sobre este asunto, según su portavoz. Luis de Velasco considera, como el PP, que iniciar ahora alguna actuación en la Asamblea “puede afectar a la honorabilidad de una persona y a una empresa con más de 2.000 empleados”.