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Querella contra exdirectivos de Caixa Penedès por repartirse 20 millones

Cuatro miembros de la cúpula se asignaron pensiones de forma irregular, según el fiscal

Ricard Pagés, ex director general de Caixa Penedés
Ricard Pagés, ex director general de Caixa Penedés EFE

 La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella en la Audiencia Nacional contra cuatro exdirectivos de Caixa Penedès por asignarse planes de pensiones millonarias de forma irregular. El exdirector general Ricard Pagès y los exdirectores adjuntos Manuel Troyano, Santiago José Abella y Juan Caellas “actuaron de común acuerdo para vincular fraudulentamente a la caja de ahorros que regían, generando obligaciones económicas para su beneficio particular y en perjuicio de la entidad, actuando de espaldas a los máximos órganos colegiados de la misma”, relata la querella.

El fiscal acusa a los exdirectivos de un delito de administración desleal. Pagès, entonces máximo responsables de la caja de ahorros, se prevalió “de un poder de hecho omnímodo” para gestionar la entidad y, con ayuda del director de recursos humanos Jaume Jorba —ya fallecido— y del resto de querellados urdió una estrategia para garantizarse una “desproporcionada ganancia patrimonial a costa de la entidad, pensada para el momento en que pudieran cesar en sus puestos de trabajo”.

Los exdirectivos “enmascararon” su actuación frente a los órganos de control de Caixa Penedès, que según el fiscal “ni conocieron ni por supuesto autorizaron” su actuación. Los hechos se remontan a 2001. Los querellados se “autoconcedieron” derechos que no estaban en sus contratos y los mantuvieron “en una conveniente penumbra” con “informaciones fragmentarias e incompletas”. Según el relato del fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled, suscribieron pólizas con entidades de seguros de forma irregular por un valor total de 20 millones de euros.

Una de las claves del fraude radica, precisa la querella, en una “cláusula muy concreta” de una de las pólizas. Allí se dice que, en caso de que cese la relación laboral de alguno de los exdirectivo (por la razón que sea) “se mantendrán a favor del asegurado los derechos económicos reconocidos hasta la fecha”. Esa posibilidad debía haberla reconocido la entidad. Los querellados, sin embargo, “dispusieron de un plumazo la consolidación a su favor de las sumas aportadas a la póliza para cualquier supuesto imaginable de cese o extinción”.

Los querellados se garantizaron una desproporcionada ganancia patrimonial

Desde 2001 y durante diez años, los exdirectivos realizaron sucesivas aportaciones a las pólizas hasta sumar 20 millones de euros, que se repartieron de la siguiente forma: 7,4 para Pagès, 3,6 para Abella, 3,1 para Troyano, 4,3 para Caellas y 1,5 para el fallecido Jorba. Todos ellos camparon a sus anchas hasta 2009, cuando la crisis del sector financiero, subraya Sánchez Ulled, llevó a endurecer las leyes sobre la remuneración de los altos directivos.

A los exdirectivos les entró el pánico. Temían que sus pensiones fueran “cuestionadas” y pudieran llegar a perderlas. De modo que fueron un paso más allá y realizaron “una serie de actuaciones irregulares a fin de blindar sus derechos económicos”, que llegaron a percibir, en perjuicio de la entidad, cuando abandonaron sus cargos dos años después.