¿Unos ‘pactos de la Moncloa’ contra la corrupción?

Hemos tocado fondo a nivel político. Los últimos datos publicado por EL PAÍS sobre el entramado Bárcenas confirman que esto no es cosa “de cuatro trajes” ni “de cuatro corruptos”, sino una forma de hacer política deshonesta, inmoral e ilegal, que partiendo del estómago del partido ha intoxicado la circulación sanguínea de la democracia.

¿De cuántos contratos públicos amañados hablamos? ¿De cuántas comisiones ilegales? ¿De cuántos tratos de favor, información privilegiada, malversación de fondos, contabilidad paralela y relaciones deshonestas entre empresas y políticos? Lo que estamos conociendo nos sitúa como país en los niveles más altos de contaminación y corrupción, similar a gobiernos dictatoriales, sin sistema de representación democrática y sin separación de poderes.

El entramado no nos deja heridos, sino inhabilitados políticamente. ¿Qué hacemos? Si todo lo publicado es cierto (y la investigación judicial está demostrando lo profundo del asunto), la salida es bien complicada: dejarlo pasar significa estar encharcados en la corrupción a todos sus niveles, hay que tirar de la manta, pero ¿quién?

El problema es que el sistema democrático se tambalea; la mayor situación de descrédito y debilidad la representan los partidos políticos, a quienes necesitamos en estos momentos más fuertes, sólidos, transparentes y democráticos que nunca, pero que en cambio se han convertido en el enemigo ciudadano.

No parece posible que los propios partidos políticos puedan salir por sí solos de esta situación. Al contrario, siguen de forma endogámica, jugando con las mismas viejas reglas que hoy resultan incomprensibles para una ciudadanía harta, indignada y que se siente estafada. No sólo es que se siente estafada, sino que lo ha sido. ¿En manos de quién podemos confiar la transparencia política, la regeneración democrática y el cambio interno de los partidos políticos? ¿A quién se lo encargamos: al presidente de Gobierno?

La reacción de la cúpula del PP ha sido la clásica: negarlo todo, matar al mensajero, y seguir hacia delante a ver si todo escampa. Es cierto que no todos los partidos ni todos los políticos están implicados o manchados. Muchos políticos están dando la cara en las horas más bajas de credibilidad del sistema, denunciando y sacando a la luz las malas prácticas, ejerciendo la política no sólo con honestidad, sino con dosis de heroísmo. Pero la injusta percepción de que todo está corrupto y todos son iguales, les pone enormes piedras en el camino.

Por una parte, tenemos el hartazgo social con el estupor y el descrédito de no confiar en nadie, la corrupción política económica que ha manchado al conjunto de instituciones democráticas sin excepción, que impiden que la Política se ejerza como una solución. Por otra parte, el arco parlamentario actual es demasiado débil para abordar la regeneración democrática de forma profunda: el PP no lo va a hacer (se juega demasiado), el PSOE manifiesta una debilidad interna y orgánica grave, además de arrastrar errores y gestiones pasadas que lo dejan maniatado, y otros partidos que están escalando posiciones, aún mantienen una enorme distancia electoral y parlamentaria que les impide dar un vuelco a la situación.

¿Cómo conseguimos desmontar la élite de poder que ha utilizado las instituciones públicas como cortijos para saquear dinero? Y ¿cómo invertir la pirámide representativa, que permite que sigan gobernando y ejerciendo el poder los que utilizan métodos deshonestos porque el sistema les beneficia (presiones, maletines, comisiones, amenazas …)?

La sociedad civil es la que está demostrando mayor nivel de civismo y compromiso, salvo que no tiene capacidad articulada, ni tampoco le corresponde el papel de sustituir a las instituciones existentes.

Nuestra Constitución española no necesita un lavado de imagen; necesita una profunda revisión que aborde como principal objetivo la reforma electoral, la imprescindible reforma orgánica de los partidos políticos y su financiación, la inspección y vigilancia contra la corrupción y la inmediata sanción de los corruptos que no puedan ser cobijados en el interior de las organizaciones, la separación de los papeles público-privado, los derechos universales e innegociables de los españoles, el crecimiento económico y el ineficaz sistema laboral español, el modelo productivo de nuestro país… entre otros asuntos. No podremos solucionar los problemas económicos y sociales del país, la desigualdad social y el crecimiento laboral, si no abordamos la profunda revisión democrática. Pero, ¿quién tiene en estos momentos autoridad moral para plantear un gran acuerdo por encima de los partidos políticos (que son juez y parte en estas decisiones)?

Al igual que en el año 77 se consiguieron los Pactos de la Moncloa, hoy necesitaríamos un Pacto de Reforma del Sistema Democrático que responda a los desafíos actuales y ponga límites a las perversiones que estamos sufriendo, no sólo desde el ámbito político y económico, sino también moral. Necesitamos autoridad moral de forma urgente para instaurar las reformas profundas que se impongan a los sistemas de partidos.

Ana Noguera es miembro del Consell Valencià de Cultura.