Ante la policía por piratear el agua

Medio centenar de vecinos de la barriada malagueña de La Palmilla están pleiteando con la empresa municipal de aguas (Emasa), a la que acusan de coaccionarles para que reconozcan deudas de hasta 70.000 euros. En este barrio humilde, castigado por el menudeo de drogas, muchas viviendas se venden de palabra. Con cada operación se traspasan deudas acumuladas, como agua, Impuesto de Bienes Inmuebles... El Ayuntamiento, gobernado por el PP, ha contratado a un equipo de abogados, entre los que está la exedil popular Rosa Agüera, que se encarga de que los vecinos firmen estos reconocimientos de deuda. Los usuarios de La Palmilla aseguran que les amenazan con cortarles el agua, y si optan por engancharse de forma ilegal les avanzan que recibirán una demanda. Algunos dicen haber firmado sin ser conscientes de que estaban asumiendo deudas que oscilan entre los 70.000 y 80.0000 euros. El Consistorio les demanda por defraudación del fluido hídrico y ha llegado a reclamar penas de prisión, según uno de los abogados de la plataforma 15-M. “Hay bloques que están enganchados de forma ilegal al completo. Hasta las monjas del barrio se abastecen de esta forma”, señalan. “Las querellas se plantean en los casos de fraude (...) para evitar que una situación injusta y poco ejemplificadora sea consentida”, contempla la dirección de Emasa en una respuesta a una pregunta plenaria de Izquierda Unida.

 La Palmilla concentra el 31% de los impagos por abastecimiento de agua de la capital, 3,6 de los 11,3 millones pendientes de cobro. La edil de Medio Ambiente, Ana Navarro, asegura que en este distrito se han interpuesto 287 demandas contra usuarios por una deuda total de 490.000 euros. Con otros 991 clientes han acordado el abono de 1,7 millones “en plazos ajustados a su situación económica”. Miembros del colectivo Er Banco Güeno —integrado por la Plataforma de afectados por la hipoteca, el 15-M, y la Asociación de la integración de la comunidad gitana de Palma-Palmilla— alertan de que varios vecinos ya han sido detenidos y trasladados a dependencias policiales por realizar estos enganches ilegales. “En algunos casos les reclaman deudas engordadas desde 1976 (...) No pueden pagar esas cantidades”, asegura el abogado. En el Ayuntamiento insisten en que no se exige a ningún ciudadano que asuma deudas anteriores a la fecha en que haya comenzado a usar la vivienda, siempre y cuando lo pueda acreditar. El cambio de mano frecuente de las viviendas y la ausencia de escrituras dificulta notablemente que se pueda cumplir ese requisito. Los afectados reclaman que se vea caso a caso, y no se les termine atribuyendo una deuda que no es suya.