El Consell constata irregularidades masivas en la gestión de Blasco

La Generalitat valenciana ha remitido al Tribunal Superior de Justicia un demoledor informe sobre la forma en que ella misma, a través de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, concedía las ayudas de cooperación internacional a las ONG en la etapa en que Rafael Blasco era el titular del departamento. Blasco, la persona que más veces ha formado parte del Gobierno valenciano, dimitió como portavoz en el Parlamento autonómico, quedando como diputado raso, en octubre después de que la juez le imputara seis delitos —fraude, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad documental— por el presunto saqueo del dinero destinado a ayudar a los países pobres.

“No se acredita la realización de la totalidad del gasto”; “no se aporta ninguna documentación técnica que permita comprobar la valoración y, a posteriori, la efectiva realización de lo subvencionado”; “en la documentación no consta firma ni sello”; “la comisión le asigna sin mayor justificación 20 puntos”; “no se acredita la experiencia”; “se aportan facturas de diversas empresas en expedientes diferentes, pero que comparten el mismo domicilio social”. Las afirmaciones forman parte del informe elaborado por la Consejería de Bienestar Social —de la que ahora depende la cooperación de la Generalitat— sobre ocho subvenciones concedidas a ONG que formaban presuntamente parte de la trama. Las ayudas recibidas superaban en ocasiones los 385.000 euros.

Sin ir más allá del análisis administrativo, el titulado como “Informe de la comisión de estudio y revisión de otorgamiento de subvenciones en materia de cooperación al desarrollo” refuerza las tesis mantenidas por la policía y la Fiscalía Anticorrupción: pese a estar repletos de irregularidades —y en ocasiones parecer copiados de otros—, los proyectos recibían grandes subvenciones. Y las ONG beneficiarias contrataban a continuación, a menudo, con las mismas empresas, o con empresas formalmente distintas pero que compartían el mismo domicilio social. Y que estaban, aparentemente, en la órbita de Augusto Tauroni, el hombre de negocios amigo de Blasco que lleva en prisión preventiva desde hace un año.

No se acreditaban los gastos, ni la experiencia, ni se motivaba la ayuda

El dictamen de la Generalitat fue elaborado a mediados del año pasado por personas que en aquel momento ocupaban cargos de alto rango. La secretaria autonómica de Presidencia de la Generalitat, Cristina Macías; el secretario autonómico de Familia y Solidaridad, Enrique Navarro; el subdirector general de Integración y Cooperación, Francesc Gamero; la jefa del Servicio de Contratación de la Generalitat de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, Margarita Vento, y el coordinador de la Abogacía General de la Generalitat, Vicente Talens.

El informe fue concluido, según la fecha que figura en su portada, el 4 de julio de 2012. Tras ser reclamado por la juez de instrucción, la Generalitat lo remitió finalmente al Tribunal Superior de Justicia valenciano el 9 de enero de 2013. Resulta llamativo que, a pesar de haber constatado las irregularidades masivas en el manejo de fondos públicos, Blasco no fue forzado a abandonar su puesto como portavoz del PP en las Cortes hasta que la magistrada María Pía Calderón lo imputó tres meses después.

La contundencia del dictamen, elaborado por personas que en algunos casos habían sido colegas de Gobierno, puede también arrojar luz sobre la gran tensión que se vivió en la segunda mitad del año pasado entre Blasco y el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y su vicepresidente, José Ciscar.

Los proyectos subvencionados parecían en algunos casos copiados

En noviembre de 2012, Blasco recibió aparentemente un informe confidencial dirigido al tribunal de manos del entonces consejero de Hacienda, José Manuel Vela, en medio de una sesión de las Cortes. Blasco, un hombre meticuloso a quien se ha sorprendido hablando desde cabinas telefónicas en los últimos meses, leyó tranquilamente el informe en su escaño dejándolo a la vista de las cámaras, que recogieron la secuencia. El asunto le costó el cargo a Vela, que permanece además imputado por supuesta revelación de secretos.

El informe remitido al tribunal incide en que parece que las ONG copiaban los proyectos: “El convenio subvencionado es muy similar a otro de la misma entidad subvencionada en la convocatoria pública del mismo ejercicio, cambiando solo la ubicación geográfica, sin señalarse adaptaciones específicas que exigen los diferentes contextos”, señala el informe.

En otras ocasiones da la impresión de que las ONG de la trama se intercambiaban las facturas: “Se constata la similitud existente entre el expediente 105/2011 y este expediente, ambos de distintas entidades beneficiarias, Fudersa y Asa de África, en lo que respecta a facturas proformas (estudios fisicoquímicos y topográficos y nivelación del terreno, etcétera) y de las advertencias que el evaluador resalta en ambos proyectos, relativos a precios fuera de mercado, lo inapropiado de los análisis, etc”.

Y la consejería obvió requisitos esenciales para fiarse, aparentemente, en la palabra de los solicitantes: “No se acompaña documentación suficientemente detallada para poder evaluar el coste”, “toda vez que no existe proyecto con un mínimo de características básicas, ni ofertas económicas desglosadas por unidades, material, metros cuadrados, horas de mano de obra, etcétera”. “De tal modo”, concluye, “que la cuantía de la ayuda parece que se establece con la descripción realizada en la memoria justificativa”.