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La escuela pública se enfrenta a la ‘ley Wert’

Català sitúa la educación “en la UCI”

Los concentrados han ocupado la avenida de Campanar

Concentración de estudiantes ante la Consejería de Educación en Valencia.
Concentración de estudiantes ante la Consejería de Educación en Valencia.

Mientras el Sindicat d’Estudiants culminaba este jueves 72 horas de huelga con un corte de tráfico frente a la Consejería de Educación y la Plataforma per l’Ensenyament Públic se cargaba de razones para la próxima manifestación contra la Ley de Mejora de la Calidad de la Enseñanza (LOMCE), la consejera María José Català se reunía en Madrid con el ministro de Educación y demás autonomías para hablar de su financiación.

Lo que iba a ser una concentración ante la consejería devino en corte de tráfico en la avenida de Campanar, al serles prohibida la entrada a unos 70 estudiantes que querían concentrarse en el patio de la consejería. El coordinador del Sindicat aseguraba haber notificado la concentración el sábado a la Delegación del Gobierno. Como alternativa, los concentrados ofrecieron un debate megáfono en mano en plena calle. En Elche, unos 200 jóvenes celebraron la última manifestación de la huelga contra la ley Wert.

Al mismo tiempo, la Plataforma per l’Ensenyament Públic, integrada por sindicatos, AMPA, asociaciones vecinales y entidades ciudadanas, refrendaba el lema Front a les retallades i a la LOMQE defensem l’Escola Pública i en valencià, que presidirá la manifestación del próximo sábado. Denunciaban que Educación no ha explicado “cómo se conjugará el decreto de plurilingüismo” en la LOMCE. El anteproyecto, recalcaban, “prohíbe la inmersión lingüística en valenciano y obliga a aumentar la docencia en castellano”. Consideran que “amenaza con desmantelar el servicio público” construido en democracia y una vuelta “la escuela franquista”.

Al hilo de la reunión con José Ignacio Wert, la consejera defendía la ley como absolutamente necesaria porque “el sistema educativo está en la UCI”, particularmente por el elevado fracaso escolar. La consejera rechaza “no hacer absolutamente nada” como alternativa a la ley. Ve “factible” su financiación, con unos costes directos que serán asumidos por el Ministerio, pero sin concretar cuánto aportará la Generalitat y sugiere que hay “mucho” que hablar aún al respecto.