¿Qué hacemos con los Ayuntamientos?

El evidente fracaso del Estado autonómico (en su concreción actual) y la no menos evidente incapacidad política para plantear una reforma en profundidad y evitar el no lejano bloqueo institucional, contrasta con el reincidente anuncio de reforma "local", tema que vuelve a estar en la agenda política en los últimos tiempos y que ha alcanzado cierta notoriedad al identificarse con las "inevitables" medidas de restricción del gasto público.

El problema es que sus señorías no saben con quién se las gastan y que aquello de que con la Iglesia hemos topado es un juego de niños al lado de las resistencias que encuentra cualquier anuncio o propuesta de modificar el statu quo local .Si hay un terreno pantanoso y resbaladizo, ése el que nos ocupa. De hecho la prensa daba cuenta recientemente de reuniones mantenidas entre alcaldes del PP y del PSOE (lo mejor de cada casa) con el propósito de hacer "frente común " a veleidades reformadoras que plantean la eliminación de ayuntamientos (los más pequeños) y el traspaso de las funciones a las Diputaciones.

Cuando no hace mucho se planteó la desaparición de las Diputaciones la reacción de los afectados fue fulminante y la última propuesta de suprimir las mancomunidades también ha levantado ampollas. En el municipio -la institución más añeja del Estado y anterior al Estado como lo conocemos ahora- confluyen no solo la trama de intereses creados sino también cuestiones identitarias (y de mantenimiento de ecosistemas rurales salvo que se decida eliminarlos)que no cabe desdeñar ni menospreciar.

La crítica racional al municipalismo cantonalista no debería hacer olvidar a los próceres que se trata de un material política y sociológicamente muy sensible en el que no se puede entrar como elefante en cacharrería. Por pequeño e incluso aparentemente inviable que sea un Ayuntamiento no debe nunca olvidarse que se trata de la institución más cercana al ciudadano y la que lo atiende siempre en primera instancia. Además, en el ámbito municipal reside lo más aproximado a la democracia( es bueno elegir entre los que uno conoce) y ,por supuesto, el factor primario de identidad del individuo Por tanto se ruega conocimiento del terreno y sensibilidad.

Ello no significa en absoluto que dejar las cosas como están sea la mejor política (igual sucede con el tema autonómico) porque los costes del inmovilismo son crecientes como el tiempo y con crisis o sin ella no nos lo podemos ni debemos permitir. El municipio, gobernado por el correspondiente Ayuntamiento, como ámbito de gestión definido por un término municipal cuyos límites hunden con frecuencia sus raíces en la historia, es una realidad cada día más obsoleta que muchas veces no pasa de ser un obstáculo a las dinámicas del territorio aunque, afortunadamente, no llegue a neutralizarlas.

A poco que uno conozca el terreno es fácil asumir que los municipios españoles pueden clasificarse en tres categorías. En primer lugar, aquellos municipios(los menos en número pero que concentran buena parte de la población) que pertenecen a áreas metropolitanas, cuasi áreas metropolitanas o áreas urbanas densamente pobladas. Hay un consenso generalizado en torno a la conveniencia de que dichas áreas deben ser gobernadas desde una perspectiva supramunicipal puesto que son tantas las externalidades positivas y negativas y las interrelaciones que la superposición de reinos de taifas es la peor solución.

El segundo escalón en nuestra tipología es el de aquellos municipios de pequeño o muy pequeño tamaño pero que ,teóricamente, gozan de la proximidad de una ciudad mediana que actúa como "cabeza" de comarca o partido. Y digo teóricamente porque más allá de la voluntaria y eventual Mancomunidad para algún tema puntual, la "ayuda" que presta la cabecera de la comarca al resto de municipios es insignificante. Parece por tanto lógico que se plantee un gobierno supramunicipal que pueda aprovechar economías de escala y satisfacer las necesidades de la población

En tercer y último lugar están los municipios de escaso tamaño localizados en áreas en regresión económica y demográfica en las que no existe el referente del municipio "central". Por un motivo de estricta supervivencia a estos municipios no les queda más remedio que la colaboración extrema, el funcionar, ahora sí, todos a una , lo cual no equivale en ningún caso a su extinción.

Por tanto, si la anterior tipología es aceptada, se impone el corolario: el territorio debería estar gobernado por gobiernos supramunicipales y subregionales de la dimensión suficiente para que la gestión fuera eficiente y se pudiera profesionalizar de una vez por todas la función pública local. Se impone aquí hacer alguna que otra matización o aclaración.

En primer lugar, debería quedar claro que una cosa es el gobierno local y la provisión eficiente de bienes y servicios públicos y otra muy distinta la identidad y que ambas pueden coexistir. Es decir, sea cual sea la tipología a la que pertenezca un determinado municipio la cuestión central es que materias como la educación, la salud, la vivienda, los servicios sociales ( "núcleo duro" del Estado del Bienestar ) pero también la ordenación el territorio, los grandes equipamientos, el ciclo del agua, el transporte, el medio ambiente, la eliminación de residuos o la promoción económica son competencias que no pueden desarrollarse exclusivamente y de forma eficiente a escala municipal. La segunda precisión es que deberíamos en este campo imitar la semántica anglosajona en la que "local" no se identifica con municipio ni Ayuntamiento sino con un ámbito de gobierno "subcentral".

¿Cómo alcanzar esta aparente cuadratura del círculo basada en la coexistencia del ámbito municipal con el gobierno supramunicipal y subregional? Es bastante sencillo a la par que eficiente y austero. La propuesta formulada por el autor en 1999, bastante antes de que se iniciara -en la misma línea- la discusión sobre las vegueries catalanas (La gestió eficient del territori: una alternativa per al País Valencià". Estudios Regionales. AECR), se basa en constituir nuevos entes de gobierno supramunicipales y subregionales (las Gobernaciones) de dimensión flexible pero suficiente como para desarrollar, de forma compartida con el gobierno autónomo, las competencias que antes enumerábamos. Los recursos para ejercer dichas competencias vendrían de la Comunidad Autónoma ( que delegaría competencias y recursos y se reservaría las funciones de coordinación y control) y, sobre todo, de las Diputaciones que, simplemente desaparecerían del mapa constitucional y cuyos recursos humanos y financieros se distribuirían en los nuevos entes.

Los Ayuntamientos ( sea cual fuere su tamaño) no desaparecen y mantienen la función de representación política directa , los temas de identidad y cultura y los servicios de primera instancia. Evidentemente estos criterios deben ser aplicados como marco general y con gran flexibilidad habida cuenta de la gran diversidad de situaciones. A modo de ejemplo, quizá convenga que en las grandes ciudades las competencias sean competencias compartidas con la Gobernación y la comunidad autónoma; que los fenómenos metropolitanos adopten la forma de gobernaciones; que se permita y prime la libre asociación de municipios para finalidades concretas, etc. Como argucia ahorradora de conflictos se propone que las gobernaciones adopten el nombre de accidentes físicos( ríos o montañas ) y nunca el de cualquier ciudad de la Gobernación para evitar antagonismos y recelos innecesarios

¡¡¡Más burocracia!!! , exclamarán algunos. En absoluto siempre y cuando se adopte un perspectiva gerencial y profesionalizada de los nuevos entes. La asamblea de alcaldes de la Gobernación (que es quien fija los objetivos, el programa y las políticas) eligen a su presidente y éste nombra una reducida Comisión de Gobierno que le ayude. El propio presidente propone a la Asamblea la designación de un gerente a quien se le proporcionan los recursos humanos y financieros y se le dan lógicamente , grados de libertad. ¿Donde está la burocracia? A priori -falta sólo la prueba del algodón en términos de un estudio breve en el tiempo y modesto en el coste- lo que parece es que sobran no pocos asesores y concejales en relación al modelo actual, sin contar con el ahorro del personal político y de confianza de las Diputaciones.

El problema de esta propuesta, como siempre, es ese combinado explosivo de cultura e intereses. En el modelo propuesto los Ayuntamientos y su alcalde a la cabeza "pierden" competencias porque las delegan "hacia arriba" al igual que las comunidades autónomas pierden competencias porque las delegan "hacia abajo". Me temo que ni a unos ni a otros les hará ninguna gracia. Y de la opinión de las Diputaciones no hablar. Los electos locales pasan a hacer política "en la calle" (delegaciones territoriales y no temáticas ) y elevan sus propuestas a su alcalde y éste a la Asamblea. Pierden los políticos pero gana la política y los ciudadanos. Con entes de gobierno de cierto tamaño se pueden tener buenos equipos de gerencia y se profesionaliza la función pública. Además, se puede y debe ejercer en mayor medida la cultura del pacto entre Gobernaciones, comunidad autónoma y grandes ciudades. Más discusión, más transparencia, menos corrupción.

La probabilidad de que alguien recoja el guante es casi nula. Lasciate ogni speranza que decía Dante. Se pisan demasiados callos, se atenta contra demasiados intereses y se requiere un cambio cultural. Pero hay demasiados padres de la Patria en todos los niveles territoriales, demasiados egos gonflés; demasiados talibanes que desprecian cuanto ignoran; demasiados especialistas en encontrar varios problemas para cada solución. Podríamos recordar a Cicerón y exclamar aquello de Hasta cuando abusarás de nuestra paciencia, Catilina, pero me temo que hay demasiados Catilinas en nuestra clase política. Paciencia, pues.

Josep Sorribes es profesor de la Universitat de València