El gerente del Sant Pau que cobró sin trabajar percibía 140.000 euros al año

Ricard Gutiérrez Martí, el ex gerente adjunto del Hospital de Sant Pau que cobró durante siete años del centro sin trabajar en él, percibía un salario anual de 139.937,68 euros. Esta es la cifra que, según un informe de la Sindicatura de Cuentas, percibió Gutiérrez Martí en 2009. En los años anteriores y posteriores esta cantidad varió según la inflación.

El gestor sanitario llegó a Sant Pau en 2001 y permaneció en el cargo hasta 2004, cuando el gerente que le había contratado abandonó el hospital. Gutiérrez Martí, que también abandonó su puesto, siguió sin embargo cobrando hasta abril de 2011, cuando los sindicatos accedieron al censo de la plantilla con motivo de unas elecciones. Fue entonces cuando la dirección del hospital —el gerente era Jordi Varela, ahora imputado por varas irregularidades investigadas por el juzgado de instrucción 22 de Barcelona tras una denuncia de varios trabajadores— despidió a Gutiérrez Martí, aunque para ello tuviera que indemnizarle con 158.000 euros.

La Sindicatura pone también de manifiesto que la relación laboral entre el hospital y el gestor era “contraria al ordenamiento” jurídico, ya que el directivo era al mismo tiempo, y en representación de la Generalitat, miembro del patronato de la fundación que gestiona el hospital. La ley prohíbe simultanear ambas posiciones.

Esta es una de las numerosas irregularidades que ha encontrado la Sindicatura en su análisis de la fundación que gestiona el histórico centro sanitario, en cuyo patronato la Generalitat cuenta con tres de los cinco miembros. El hospital acumuló en 2011 un déficit de 18 millones de euros, lo que motivó la intervención de la Generalitat y el cese de de Varela.

El informe es contradictorio en una cuestión clave. Al revisar los contratos realizados por la fundación gestora, la Sindicatura percibe que esta se autocalifica como entidad del sector privado, lo que le permite evitar controles y esquivar la exigencia de publicidad y concurrencia que corresponde a las entidades públicas. El ente fiscalizador recuerda que la Generalitat ha interpretado que las fundaciones de estas características son públicas en materia de contratación, pero a renglón seguido considera que la fundación gestora ha actuado con la “convicción” de que lo que hacía era legal.

Esto lleva a la Sindicatura a evaluar los contratos según la ley más laxa, a pesar de que en las recomendaciones finales vuelve a exigir a la gestora que adapte su “organización y procedimientos contractuales” a los de las “entidades del sector público”. Las contradicciones continúan, ya que el hospital asegura en las alegaciones a la Sindicatura que “en ningún caso puede ser catalogada como entidad de derecho público". El mismo centro, sin embargo, ha aplicado a sus empleados los recortes salariales aprobados para los trabajadores del sector público y afirma en su informe de gestión de 2012 que la fundación "es una entidad del sector público”.

“La fundación está cometiendo un fraude de ley", denuncia Carme Pérez, del comité de empresa. "Sabiendo que no es una entidad pública, sostiene que sí lo es para aplicar los recortes, como no abonar la paga extra”, abundó. Pérez anunció que aportarán el informe de la Sindicatura como prueba en los procesos judiciales en marcha.

El informe de la Sindicatura también alerta de que la gestora adjudicó obras de forma directa sin pedir distintos presupuestos, aplicó prórrogas tácitas prohibidas por ley y no respetó los principios de publicidad y concurrencia en el contrato de restauración, con un coste de cinco millones de euros anuales, entre otras irregularidades.