Marbella descarta un ERE al lograr una moratoria en el pago de su deuda

La amenaza de un expediente de regulación de empleo que pesaba sobre los 3.200 trabajadores del Ayuntamiento de Marbella (Málaga) se desvanece, al menos durante 2013. La alcaldesa marbellí, Ángeles Muñoz, y la consejera de Hacienda y Administración Pública, la socialista Carmen Martínez Aguayo, llegaron este martes a “un acuerdo muy razonable”, en palabras de la regidora del PP, para aliviar el pago del anticipo de 100 millones de euros que la ciudad recibió en 2006 tras la disolución del Ayuntamiento.

El acuerdo solo afecta a este año. Marbella tenía que abonar en 2013 12,2 millones de euros a la Junta, una cantidad que se ha dejado en tres millones. La propia alcaldesa afirmó en diciembre pasado que si no se lograba aliviar este pago tendría que plantear un ERE a la plantilla municipal. “Eso se descarta. Habrá un plan de ajustes de gastos, con la congelación de plazas y no se cubrirán puestos de reposición por jubilación, pero no va a suponer ningún ERE”, aseguró a EL PAÍS.

El Consistorio, completamente desarbolado y saqueado durante la etapa de Gobierno del GIL y aún tambaleante por la corrupción destapada en el caso Malaya, recibió en noviembre de 2006 100 millones de euros en concepto de préstamo reintegrable. El dinero lo adelantó la Tesorería de la Junta a la comisión gestora que se hizo cargo del municipio, a través de una ley extraordinaria aprobada por el Parlamento andaluz del 11 de octubre de 2006. La norma fijaba pautas de funcionamiento al Ayuntamiento pero, sobre todo, un “plazo máximo” de devolución de 10 años.

Muñoz pretendía (y pretende) elevar a 40 años el tiempo para devolver el anticipo a la Junta de Andalucía, como ya consiguió con el Gobierno central para saldar la deuda de 270 millones de euros con la Seguridad Social y Hacienda. En la ley de Presupuestos Generales del Estado de 2012, se contempla esa vía de escape, frente a los dos años de plazo que ordenaba Hacienda y los cinco de la Seguridad Social.

El acuerdo alcanzado con Martínez Aguayo —que no quiso fotografías del encuentro— solo es por un año, pero podría ser mayor. Todo dependerá de que cómo evolucionen las conversaciones abiertas entre el Ministerio de Hacienda y la Junta de Andalucía para dar una solución conjunta a la delicada situación por la que atraviesan otros 36 Ayuntamientos de la comunidad, según reconoció la alcaldesa. Esta versión fue corroborada por la Consejería de Hacienda y Administración Pública que condicionó una solución para Marbella a que “haya un acuerdo general” con esa treintena de consistorios que se encuentran en la UVI.

La solución que persigue la Junta es que Hacienda levante la retención que ahora aplica a los ayuntamientos morosos a la hora de percibir recursos procedentes de la Participación de los Ingresos del Estado (PIE). Ambas administraciones se dieron de plazo a mediados de este mes para abordar una salida económica. De ese listado solo se han dado a conocer los nombres de cuatro municipios —los gaditanos de La Línea de la Concepción, Barbate y Jerez y el sevillano de Los Palacios—, mientras que el resto no se ha querido hacer público.