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Mas defiende que los cargos públicos imputados puedan seguir en el puesto

El presidente catalán prepara el terreno ante la posible imputación de Oriol Pujol

CiU teme que el auge de la corrupción complique el proceso soberanista

Mas, en la Generalitat.

Artur Mas ya allana el camino para que la posible imputación por tráfico de influencias de su número dos en Convergència, Oriol Pujol, no haga tambalear la Generalitat y, de paso, todo el proceso soberanista de Cataluña. El presidente catalán defendió ayer que la imputación de un alto cargo no tiene por qué derivar en su dimisión, puesto que “una imputación no es una condena”. Además, en un momento en que los casos de corrupción asedian por tierra mar y aire a Convergència i Unió, defendió que la dimisión o no de los políticos imputados debería ser fruto de un pacto de todos los partidos.

Corrupción catalana

► El ‘caso Palau’. La sede de Convergència Democràtica está embargada por orden judicial. El juez considera que el partido se benefició de pagos del expresidente del Palau de la Música, Félix Millet. El saqueador confeso del Palau obtenía dinero, a su vez, de constructoras beneficiarias de obras públicas.

► El ‘caso Pallerols’. Unió Democràtica reconoció a través de la sentencia judicial del caso Pallerols que se financió ilegalmente a través de subvenciones para formación de parados para la Unión Europea.

►‘Caso Mercurio’. El juez investiga la presunta corrupción urbanística, cobro de comisiones y tráfico de influencias de una trama con sede en Sabadell. Está imputado, entre otros, el alcalde de la localidad, Manuel Bustos (PSC).

‘Trama de las ITV’. Se trata de una causa derivada del caso Campeón, de tráfico de influencias descubierto en Galicia. El juez investiga a un grupo de personas que presuntamente intentaban amañar concursos públicos para obtener licencias de estaciones de ITV. Oriol Pujol aparece en algunas grabaciones telefónicas como presunto contacto de la trama en la Generalitat.

‘Caso Clotilde’. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco mantiene imputadas a 13 personas por su presunta relación con la organización que habría blanqueado un total de 56 millones de euros de la mafia rusa en la localidad de Lloret de Mar. El caso salpica a Xavier Crespo, exalcalde de Lloret y diputado de Convergència i Unió.

Los últimos meses, Convergència ha tenido que depositar su sede como fianza por el caso Palau de la Música, ha visto investigar a varios de sus dirigentes por supuestas irregularidades en la concesión de estaciones de ITV, y observar cómo la Guardia Civil registraba y detenía a altos cargos del Ayuntamiento de Lloret de Mar por su presunta vinculación con la mafia rusa. Unió también ha sufrido un varapalo judicial con el caso Pallerols, de financiación irregular del partido. Sin embargo, el gesto de Artur Mas contra la corrupción coincidió en el tiempo con el anuncio del fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, quien dijo ayer que “en breve tiempo” podría imputarse a Oriol Pujol, precisamente por el caso de las ITV.

Sin partidos

Mas se esforzó durante una conferencia de prensa monográfica en dejar claro que pretende atajar la corrupción en Cataluña. Sin embargo, no anunció ninguna medida concreta. De momento, se limitó a convocar para la próxima semana un encuentro con los máximos representantes del Parlamento autónomo, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), de la Fiscalía Superior de Cataluña, de la Sindicatura de Cuentas, del Síndic de Greuges, y de la Oficina Antifraude, para discutir medidas que eviten más casos de corrupción. La reunión no estará abierta a los partidos.

Preguntado por la situación de los imputados, Mas defendió que estos no tienen por qué dimitir. Prefiere que cada imputado decida si manteniéndose en el cargo “perjudica a una colectividad”, o si es mejor para centrarse en su defensa dejar su responsabilidad pública. Eso sí, dejó claro que estas eran unas opiniones personales. Sobre el caso concreto de Pujol, Mas respondió con un críptico: “Lo que salga saldrá y las decisiones que deban tomarse se tomarán”.

Pese a la solemnidad que el equipo de Mas quiso imprimir en su comparecencia de ayer, los compromisos asumidos fueron nulos. No solo no se apuntan cambios inmediatos en el destino de los políticos imputados, sino que Mas tampoco se mostró partidario de imponer nuevas limitaciones a las donaciones privadas a los partidos. Al mismo tiempo, rechazó comparecer en el Parlamento para responder sobre el caso Palau, como le exigió la oposición el año pasado. Mas argumentó que ya se ofreció a comparecer durante la comisión de investigación sobre el asunto que se celebró en 2010.

La oposición duda de la utilidad de la cumbre de Mas y pide concreción

El presidente también fue cauto sobre el caso de los papeles de Bárcenas. “No me pronunciaré sobre casos concretos ni sobre si debe comparecer Rajoy; eso se debe pedir en el marco de las Cortes, pero creo que no debe opinar sobre esto un presidente”, dijo.

Los partidos reaccionaron con tibieza a la propuesta de cumbre de Mas, a la que no están invitados. Las formaciones, que las últimas semanas habían avisado de que la lucha contra la corrupción requería de acciones concretas, dudaron de la utilidad de la reunión. Todas las formaciones, a excepción del PP, que mantuvo un inusitado silencio, propusieron alternativas a la cumbre.

El PSC lamentó la exclusión de las formaciones del encuentro, ya que, según el portavoz socialista Maurici Lucena, los principales afectados por los casos de corrupción son los partidos. “Damos la bienvenida a la reunión, pero nos cuesta entender que no se incluya a actores principales como son los partidos”. Lucena pidió “no buscar la foto” y trabajar para mejorar la situación desde el Parlament. El portavoz socialista ha instado a Mas a que se comprometa a tener aprobada la ley de transparencia en cuatro meses. CiU contactó esta semana con todos los partidos para reabrir la ponencia que en la anterior legislatura estaba redactando esta ley.

ERC fue el único partido que valoró, aunque sin gran entusiasmo, la cumbre propuesta por Mas. Para Alfred Bosch, portavoz de la formación en el Congreso, todo suma. Pero la formación quiere que también existan cambios legislativos. Bosch presentará una proposición de ley para desbloquear las listas electorales. La nueva configuración de las candidaturas permitiría que los partidos elaborasen sus listas, pero que el ciudadano pudiera escoger a sus candidatos independientemente de la posición. Esta nueva estructura permitiría, según Bosch, que los electores pudieran castigar a los políticos relacionados con casos de corrupción. “Los ciudadanos pueden escoger las personas que les parezcan más impecables. Es un sistema de confianza mutua”, resumió Bosch.

Iniciativa impulsará en el Congreso una moción de censura contra Rajoy

Iniciativa alertó que no acepta la cumbre de Mas si se trata de hacer “teatro”, en palabras del líder ecosocialista Joan Herrera, que ha recordado los múltiples casos de corrupción que afectan a CiU. El portavoz adjunto de la formación en el Parlament, Joan Mena, fue más allá y pidió que la cumbre no se utilice “para lavar la cara de Mas”.

El partido concentrará su acción en el Congreso, donde impulsará una moción de censura contra Mariano Rajoy tras conocerse los pagos a varios cargos del PP registrados en los papeles del extesorero del partido, Luis Bárcenas. Herrera aceptó que la moción no prosperará por la mayoría absoluta del PP, pero la defendió para “visualizar la alternativa política”. “Debemos hacer nuestra labor, que es poner todos los instrumentos para que esta gente no continúe al frente del Gobierno”, argumentó el dirigente ecosocialista, que ha lamentado el “escenario de corrupción estructural” que vive España. “La gente ya está reaccionando y hace falta que la política reaccione más allá de las declaraciones”, apostilló.

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, reclamó al presidente que antes de proponer un pacto anticorrupción “haga limpieza” en CiU.

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