El juez ve delito premeditado en los convenios de Nóos con la Generalitat

Los convenios del Instituto Nóos con la Generalitat —a través de Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA)— y la fundación municipal Turismo Valencia Convention Bureau para organizar tres ediciones del Valencia Summit en los años 2004, 2005 y 2006 son fruto de “una actividad delictiva premeditada” y nulos de pleno derecho, dice el juez instructor del caso Noós, José Castro. “Las contrataciones que se realizaron con el señor Urdangarin no respondían a ninguna labor concreta ni a ninguna necesidad de interés público sino única y exclusivamente al mero interés de conceder al señor Urdangarin todo aquello que éste solicitaba, consecuencia de su influencia por pertenecer a la Casa Real”, continua el auto dictado el miércoles por Castro, donde impone una fianza por responsabilidad civil de 8,1 millones de euros al yerno del Rey y a su socio Diego Torres.

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma investiga desde hace meses la organización de varios congresos en Valencia sobre la ciudad y el deporte y el proyecto de unos Juegos Europeos, por los que la Generalitat y la fundación municipal pagaron 3,5 millones de euros.

El auto describe con detalle la utilización supuestamente fraudulenta de estos convenios para eludir la aplicación de la ley de contratos públicos. Y detalla la facturación irregular que jalonó los convenios con Nóos. Por ejemplo, el de 2004. De los 1.044.000 euros que recibió Nóos para organizar el Valencia Summit, solo 206.402 euros son facturas imputables al evento. El instituto se apropió, supuestamente, del resto.

El coste del evento del Valencia Summit en 2004 cabía “dentro de los límites de un folio escaso de extensión”. Eran, en total, 1,3 millones de euros, con el IVA incluido. La fundación municipal y CACSA, se adhirieron “sin que fuera precedido de ningún proceso de análisis de mercado, que su beneficiaria ni tan siquiera se molestó en tratar de esbozar para convencer a quienes tendrían que pagarlo”.

Las irregularidades no acaban ahí. En 2005, el entonces director general de CACSA, Jorge Vela, habría redactado un informe, que consta en el sumario, que se habría aparentado que fue elaborado con carácter previo para justificar la firma del convenio de 2004.

Además de las tres ediciones de los Summit, la Generalitat encargó a Nóos, a través de otro convenio, el proyecto para organizar los Juegos Europeos en Valencia. Según Castro, existen indicios de que se prescindió “de manera descarada de los principios de concurrencia y publicidad para ser sustituidos por los del amiguismo y la oficiosidad”, que tenían como favorecidos a Miguel Zorio, de la consultora Lobby Comunicación, Urdangarin y Diego Torres.

Una de las facturas expedidas por Lobby en 2006, de 241.971 euros, eran honorarios de comunicación por la elaboración de varios estudios. La investigación es demoledora. “La factura es falsa. Los servicios objeto de dicha factura nunca se realizaron, limitándose Lobby a recopilar información de Internet que luego se entregó a la Generalitat, cuyo valor a efectos de utilidad pública es nulo”, dice el juez. Nóos ingresó de la Generalitat por unos juegos que nunca se llegaron a organizar 382.203 euros.

El presupuesto de Valencia Summit cabía en “los límites de un folio escaso”

Posteriormente, en una comida celebrada el 3 de marzo de 2008, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, invitó a Iñaki Urdangarin, Diego Torres, el vicepresidente de la Generalitat, Vicente Rambla, y la consejera de Cultura, Trini Miró, para reconvertir los Juegos Europeos en un evento denominado Juegos de la Juventud. La comida, pese a que la anfitriona era Barberá, la pagó la Generalitat.

La realidad que se vivió, al margen de la documentación del convenio, es que Torres se entrevistó con el responsable de Grandes Eventos, Luis Dobón, imputado, no porque fuese a proponerle un proyecto que pudiese interesarle, “sino por venir previamente recomendado por una instancia superior”. Según el juez, esto se produjo en atención a que uno de los socios de Nóos, a la que Torres representaba, era Urdangarin, yerno del Rey, “quien ya había mantenido contactos personales con el presidente de la Generalitat”. El jefe del Consell en aquel momento era Francisco Camps. La concertación en favor de Nóos “ya estaba verbal y anticipadamente decidida”, y las condiciones económicas de Noós “fueron abiertamente impuestas al margen de cualquier proceso de negociación”.

Barberá convocó una comida para buscar salida a los “fallidos” Juegos Europeos

Las reacciones al auto del juez Castro se sucedieron ayer. El presidente valenciano Alberto Fabra dijo en la inauguración de Fitur que esperará a conocer el auto del caso Nóos para valorar si se persona la Generalitat. La oposición apretó en la exigencia de la personación. El socialista Ximo Puig, cuyo partido ha pedido la comparecencia del presidente en las Cortes para rendir cuentas del caso, dijo este jueves “que es intolerable que la Generalitat no esté personada defendiendo los intereses de los valencianos”. El portavoz de Compromís, Enric Morera, remitió un escrito al juez donde pregunta si puede personarse para ejercer la acción civil ante “el silencio y la falta de acción de que adolece el Consell”. El grupo municipal de Esquerra Unida en Valencia exigió la creación "inmediata" de una comisión de investigación sobre la relación con Nóos.