El urbanismo puede esperar en Madrid

Los promotores ya no llaman todos los días a las puertas de los ayuntamientos como lo hacían hace años, durante el boom inmobiliario, y eso se nota en el parón registrado en la tramitación urbanística que aborda la Comunidad de Madrid. "Prácticamente lo único que llega son modificaciones puntuales, que no cuestan tanto, pero planes generales, más costosos, pocos", señala una portavoz de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Aunque no son pocas las voces, sobre todo por parte de aquellos colectivos directamente interesados por su labor profesional, de que habría que aprovechar la crisis y el parón del mercado para continuar, en la medida de lo posible, con la tramitación de actuaciones que se han quedado paradas, con el fin de que cuando se inicie la recuperación no se pierda más tiempo en poner el suelo en marcha, lo cierto es que la paralización es prácticamente total.

Los promotores no están en condiciones de tirar hacia adelante con el lastre de sus pesadas cargas financieras, y los bancos, propietarios ahora de los terrenos que aquellos han tenido que ceder, están más pendientes de deshacerse de ellos cuanto antes que de apechugar con adicionales gastos de planificación y urbanización.

El plan de Valdilecha se aprobó hace dos semanas y prevé 500 viviendas

Y lo que sale adelante, cuando de planes generales hablamos, responden a desarrollos de pequeños municipios que llevan décadas sin revisar el planeamiento, y que lo hacen ahora con una previsión de construir una cantidad mínima de viviendas. De lo contrario, si las pretensiones municipales resultan excesivas los planes están abocados a ser devueltos para aplicar severos recortes. En Moraleja de Enmedio pueden dar fe de ello. Llevan más de una década con el plan general a cuestas y no hay viso alguno de que, a corto y medio plazo, vaya a salir adelante, pues hay que modificarlo de cabo a rabo.

Lo que se aprueba sin dificultades son planeamientos como el de Valdilecha -el último que hace dos semanas acaba de ser aprobado definitivamente por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid- en el que queda un porcentaje muy elevado de suelo no urbanizable de especial protección, que llega al 87% de la superficie del término municipal, y se asegura un crecimiento limitado de la población sobre los apenas 3.000 vecinos actuales.

De construirse y ocuparse las 500 viviendas previstas, dentro de un par de décadas, esta localidad situada a 40 kilómetros de la capital, en plena comarca de Las Vegas, podría ver aumentada esa población en 1.000 habitantes más. Viviendas que quedarían distribuidas en dos de las tres áreas planificadas, tanto en el casco histórico como en las zonas consolidadas o no situadas al norte y sur del centro del pueblo, quedando la tercera reservada para uso industrial, al oeste.

En mayo de 2012 la Comunidad de Madrid dio luz verde al plan de Valdilecha

Y lo mismo sucedió en mayo pasado cuando la comunidad dio luz verde al plan de Estremera. Otra localidad, de 1.500 habitantes, cuyas pretensiones residenciales iniciales eran mayores -ligadas a las sinergias derivadas del personal empleado en el nuevo centro penitenciario-, pero que finalmente se quedaron en la calificación como urbanizable de una escasa cantidad de suelo, la suficiente para 400 viviendas, dejando protegida casi el 90% de la superficie municipal.

Explicaba entonces el entonces vicepresidente regional y ahora presidente, Ignacio González, que con este plan se fomenta la creación de empleo gracias a una zona de carácter tecnológico-empresarial denominada El Rodillo, junto a la carretera M-241 y próxima a la A-3, y que tendrá una superficie de 881.000 metros cuadrados.

Habría que remontarse a 2009 para encontrar los últimos planes generales aprobados por la Comunidad de Madrid bajo las premisas de gran crecimiento barajadas durante el boom .

Los últimos planes con crecimiento masivo fueron los de Meco y Móstoles en 2009

Meco y Móstoles lograron la recalificación de suelo para 6.770 y 13.500 nuevas viviendas, respectivamente, y lo mismo sucedió en Navalcarnero, donde se hizo un plan ad hoc para sacar adelante un único sector, el que promovía la inmobiliaria Vallehermoso en el S-15.

En Meco, por ejemplo, solo quedó protegido el 58% del término municipal, y entonces Ignacio González defendía, a diferencia de la estrategia seguida después, la bondad de un plan que permitía la construcción de casi 7.000 viviendas nuevas y duplicar casi las existentes "como una muestra de la firme apuesta del Ejecutivo regional por un futuro crecimiento moderado del municipio donde primen las zonas verdes y la vivienda protegida".

En cuanto a la ampliación del parque industrial de Meco, sería Arpegio la empresa pública que desarrollaría buena parte de esos terrenos como propietaria mayoritaria con más de 150 hectáreas.

Lo que sí llega de vez en cuando hasta la Consejería de Medio Ambiente son propuestas municipales para la emisión del correspondiente informe de impacto medioambiental. El de Parla llegó en noviembre y está siendo estudiado por los técnicos. Su dictamen favorable daría paso a la posterior aprobación provisional.

El de este municipio del sur de Madrid fue uno de los primeros planes generales que la Comunidad de Madrid sometió a informe de impacto territorial, un documento con el que se pretendía reducir las expectativas de crecimiento desde el mismo momento en que un Ayuntamiento presentaba el avance del nuevo planeamiento.

En el caso de Parla, en julio de 2009 ese informe obligaba a reducir hasta un máximo de 8.000 viviendas, 13.000 menos de las que se pretendían. Además, obligaba a desclasificar los suelos urbanizables sectorizados situados en los límites municipales, con el objeto de mantener unas franjas de protección ambiental y de infraestructuras, y exigía un estudio de movilidad para garantizar la mínima afección sobre el conjunto de la red viaria.

El Ayuntamiento de Alpedrete también ha recibido este mes de enero el Informe Definitivo de Análisis Ambiental para proseguir con la tramitación de su plan general. Un documento que ha generado las críticas de muchos vecinos y colectivos ecologistas como Alpedrete Sostenible, y que, a grandes rasgos, prevé la construcción de 1.140 viviendas, en su mayoría en los nuevos sectores urbanizables, que se sumarían a las casi 7.000 de su actual parque residencial.

De planes generales también se habló ayer en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. En este caso para ver cómo se arregla el desaguisado provocado por una sentencia del Tribunal Supremo que deja en el aire el desarrollo de 22 ámbitos urbanizables del plan de 1997.

La propia alcaldesa, Ana Botella, ante las presiones de los representantes de la oposición, aseguraba que la modificación del plan para dar respuesta a la referida sentencia estará tramitada para el próximo mes de agosto, tratando así de acabar con "la chapuza urbanística" a la que se refería el portavoz socialista Jaime Lissavetzky.