El TSJA cree legales las tasas de Gallardón

El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJA), Lorenzo del Río, ha respaldado la “constitucionalidad” del modelo de tasas judiciales diseñado por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón. Del Río discrepa así de la Junta, que ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucionalpara frenar la medida porque vulnera el principio de igualdad y el derecho a la tutela judicial efectiva reconocidos en la Constitución. La defensa de Del Río de las tasas contrasta con las voces críticas del fiscal general del Estado, del Consejo General del Poder Judicial, de todas las asociaciones de jueces y de fiscales y de todos los grupos parlamentarios, salvo el PP.

Del Río considera que las tasas se aplican “en muchos países”, y que el “problema” reside en “las cuantías de algunas de ellas”, ha matizado en una entrevista a la Cadena Ser. El presidente del TSJA abogó por distinguir entre el modelo que se implanta “en abstracto” y las cuantías exactas que ha fijado el Ejecutivo. “No es inconstitucional”, ha valorado Del Río, que prefiere esperar a los “datos fehacientes” para ver los efectos que las tasas producen en el funcionamiento de la administración de la justicia.

Además, el presidente ha destacado “la gran cantidad de asuntos” que quedan exentas de las mismas, en alusión a la “litigiosidad penal” y a aquellos supuestos incluidos en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que prepara el Ministerio de Justicia, ejemplos, según añadió, de las cuestiones “a las que nunca se le van a aplicar las tasas judiciales”.

El Gobierno andaluz estima que la extensión del pago de tasas a todos los ámbitos judiciales, salvo el penal y el militar, provocará un efecto disuasorio en la población y las pymes. El consejero y exfiscal Emilio Llera consideró que la justicia quedará solo “para las clases muy pobres”, con la gratuidad asegurada, y “para las clases muy altas”, con suficientes recursos.

Por otra parte, Del Río ha abogado por “mejorar la situación de la justicia” a través del uso de los “medios informáticos y las comunicaciones electrónicas”, medida que no implica “un gran gasto”.