El valor de una chirola

“Son 150 pesos (22,6 euros). Es poca cosa, pero significa mucho. Es lo que necesito para mantener mis tratamientos de hueso y corazón. Es la frontera de la dignidad”. A sus 79 años, la granadina Virtudes Expósito se expresa con total claridad desde Argentina, donde vive desde que tenía 28 años. Es una de las afectadas por la suspensión del Plan Extraordinario de Ayuda Social a los andaluces residentes en localidades argentinas, un programa de la Junta de Andalucía, que ha permitido a 3.375 personas disfrutar desde 2002 de atención médica, asistencia de urgencia y fármacos más baratos.

El programa estaba dirigido a personas con escasos recursos y contaba con una media de 700.000 euros al año. De estos se beneficiaron en 2012 -hasta el 30 de noviembre, cuando finalizó la asistencia por orden de la Junta-, 694 andaluces, en su mayoría (561) para adquirir fármacos que llegan a subir un 25% cada año.

Esto se acabó y sin explicaciones, según comentan los afectados por la suspensión del programa, que gestionaba la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia con el seguimiento técnico de la Consejería de Salud y financiación de la Agencia de Cooperación, entidad sobre la que tiene previsto comparecer en el Parlamento su máximo responsable, el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas (IU), a raíz de su último viaje a Palestina.

Las consecuencias de la suspensión del plan tienen nombres y apellidos, así como largas historias detrás que incluye desde represalias de la Guerra Civil hasta luchas sin descanso por un futuro mejor. Es el caso de Virtudes, casada por poderes y madre de un hijo y una hija, con la que vive. “No hemos parado de trabajar, pero ya no podemos. Y para la Junta es una chirola (poco dinero)”. Como viuda, cobra 272 euros (1.800 pesos) que completa con una pensión que le llega de España de 395 euros.

A María España, una malagueña nacida en 1946, se le entrecorta la voz de la emoción solo al hablar con alguien de Andalucía, que visitó en 2010. Llegó a Argentina con solo cinco años y toda su vida ha sido complicada. A su padre lo apresaron durante la Guerra Civil y a un tío lo fusilaron.

En Argentina ha trabajado en una fábrica de pasta y tiene problemas en la vista, además de su hermano Francisco, que precisa de medicación y asistencia permanente tras una dolencia grave en la aorta. También cobra 272 euros y la mitad se le va en asistencia médica. Cuando estuvo en España vio de cerca la crisis de la que no se para de hablar y sonríe al compararla con la que ella ha pasado durante su vida en Suramérica.

La alternativa que tiene a la asistencia médica que le facilitaba la Junta es el Pami, el servicio del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionado de Argentina, donde asegura que llegan a darle cita con tres meses de retrasos para patologías urgentes. “No nos pueden dejar”, lamenta angustiada.

Dolores Valenzuela, granadina de 86 años, desborda alegría. Fue modista “de las buenas”, según recuerda, y se casó con Alejandro Docón, un óptico que llegó a Argentina poco antes de que desembarcara ella en 1952. Tiene dos hijos, cinco nietos y una biznieta. Cobra también la pensión mínima de 272 euros a la que suma una pequeña ayuda que le llega de España y con la que tiene que hacer frente a las dolencias que le ha dejado la edad a ella (diabetes, artrosis y retinopatía) y a su marido (marcapasos, depresión y deterioro cognitivo).

De la Junta recibían unos 600 euros con los que pagaban la medicación necesaria para ambos. Tienen una hija maestra y un hijo higienista dental, pero ni con su ayuda pueden hacer frente a su situación.

Dolores, que se reconoce “socialista hasta los huesos y a mucha honra”, asegura haber visto a Federico García Lorca porque era amigo de su familia, represaliada también durante la Guerra Civil.