Las leyes para aligerar los consejos estatutarios se tramitan sin consenso

Las cuatro leyes sobre los órganos consultivos de la Generalitat, que el consejero de Gobernación y Justicia, Serafín Castellano, anunció el 14 de diciembre, acaban de ser remitidas a las entidades afectadas para su valoración. En el caso del Consell Jurídic Consultíu y del Comité Econòmic i Social, deberán emitir dictámenes sobre los cuatro anteproyectos, incluido el que más directamente les afecta.

 Fuentes parlamentarias de la oposición aseguran que han conocido el contenido de estos anteproyectos legales por los medios de comunicación y que no se han negociado con ellos, a pesar de que se necesitarán mayorías cualificadas para su aprobación y de que hace más de un mes Castellano dijo que “se estaba hablando y negociando” con la oposición. El portavoz socialista en las Cortes Valencianas, Antonio Torres, justificaba haber lanzado sus propuestas a través de los medios, porque así les había llegado la información sobre los proyectos legales. Y argumentaba: “Si se trata de austeridad, hay otras fórmulas para ahorrar”. El mismo presidente de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, Ramon Ferrer, sugería “soluciones alternativas” para conseguir el objetivo pretendido.

La razón última de estas leyes es la reducción del déficit público, pero el único instrumento a tal fin, según se colige de la redacción de los respectivos anteproyectos legales, es la reducción de sus miembros, todos elegidos en representación de los grupos políticos y sociales con el fin de garantizar la estabilidad y el cumplimiento de sus objetivos estatutarios. “Las instituciones estatutarias deben adaptarse a la realidad social y económica por la que atravesamos y adecuar la estructura y funcionamiento interno a criterios de austeridad, eficacia y eficiencia en la gestión”. Este es el mantra que se repite en la exposición de motivos de los cuatro anteproyectos de ley, para a continuación añadir: “En el caso de... procede reducir su composición”. Póngase en los puntos suspensivos el Consell Júrídic Consultiu, que pasa de seis a cinco consejeros; el Comité Econòmic i Social, que pasa de 29 a 15, con renuncia de la Administración a sus siete representantes y la supresión de la representación del sector financiero y cámaras de comercio. Los dos órganos de carácter cultural, la AVL y el Consell Valencià de Cultura (CVC), reducen su composición, en ambos casos, de 21 a 11 miembros. Cabe recordar que la mayoría de los representantes de estos órganos consultivos estatutarios sólo perciben dietas. No así los académicos, que tienen sueldos.

En el caso de la AVL, Ramon Ferrer aseguraba el domingo en una entrevista a Europa Press que la reducción de los académicos a la mitad solo supondría una diferencia “del cinco por ciento respecto al presupuesto actual”, mientras que profundizando en otros aspectos económicos se podría lograr un ahorro en torno al 35%. Cabe recordar que la creación de la Acadèmia, hace ahora 15 años, fue fruto de un arduo consenso que se concretó en el dictamen del CVC) y que todavía no se han cumplido los 15 años de mandato de los primeros académicos. Ferrer apuntaba a las dietas y al presupuesto de la institución como posibles fuentes de ahorro, recordando que la AVL lleva dos años sin ingresar de la Generalitat lo estipulado y viviendo del remanente contable.

Representantes del CVC consultados abundaban en esta misma línea, puesto que el ahorro no se produciría por la mera reducción de sus miembros, sino en todo caso la percepción de dietas y estas dependen de la participación en comisiones de trabajo. La cuestión por tanto es si en estos órganos consultivos se mantendrá el mismo ritmo de trabajo con la mitad de gente trabajando, en la mayoría de los casos. Y si se mantendrán las mismas comisiones que hasta ahora, lo que requeriría multiplicarse a los consejeros supervivientes. Pero no se dice nada al respecto, ni sobre comisiones, ni sobre retribuciones o presupuestos en los respectivos anteproyectos de ley. En el caso del CVC, se trata de la primera modificación en los 25 años de vigencia de la ley, 17 de ellos bajo la presidencia de Santiago Grisolía.