El PSE pide reformar la Constitución para “blindar el Estado del Bienestar

“La izquierda tiene una línea roja que no se puede traspasar, la protección de quien lo necesita es su seña de identidad”. La ponencia política —la parte más económica— que el PSE someterá a debate en el VII Congreso que celebrará en Bilbao los días 9 y 10 de febrero, plantea de forma directa una serie de medidas para “blindar” y “anclar” los principales servicios públicos básicos y esenciales como derechos fundamentales, ante “los ataques” de un presidente del Gobierno, el popular Mariano Rajoy, que obedece a rajatabla “los recortes que le dictan desde Berlín”.

Los socialistas explican en la ponencia que la crisis ha dejado en evidencia lo inestables que son los ejes del Estado del Bienestar, dejando cada día a miles de ciudadanos abandonados a su suerte por “la incapacidad” de los poderes públicos de garantizar su protección. “Debemos de reconocer que el Estado carece de las herramientas suficientes como para garantizar a la ciudadanía aspectos fundamentales para llevar una vida digna como son la salud o la vivienda”, cita el texto. Para luchar contra la oleada de desahucios que sufren los ciudadanos en todas las comunidades autónomas —pese al derecho constitucional a una vivienda digna—, o frente a la privatización progresiva de la sanidad que está poniendo en marcha, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, los socialistas proponen una reforma de la Carta Magna.

Una Ley Marco

“Proponemos una reforma de la Constitución que sirva entre otros objetivos para anclar definitivamente el Estado del Bienestar, elevando a rango de derecho fundamental (igual que la Educación) otros derechos como el derecho a la Sanidad, las ayudas a la dependencia, y a la vivienda...”. Los socialistas vascos proponen que, una vez reformada la Constitución se legisle una Ley Marco que regule la carta de servicios públicos, junto a las obligaciones de la ciudadanía, en la que se definan los servicios de la “nueva modernidad”. La ponencia precisa que no se trata de elaborar un listado de máximos, ni de desempolvar reivindicaciones pendientes, sino de definir el “núcleo duro no negociable del estado del Bienestar”.

En el documento listo para el debate, los socialistas fijan, no obstante, otros objetivos sin los cuales las citadas reformas se quedarían cojas. Para el PSE, ese proceso ha de estar acompañado de otros esfuerzos que “ahora, más que nunca” resultan imprescindibles. El primero sería simplificar y abaratar el entramado institucional vasco, que según un informe que el anterior equipo de Gobierno manejó la pasada legislatura genera 400 millones de euros en duplicidades. Pero además “hay que abordar” la reforma fiscal que permita “financiar” el Estado de Bienestar con unos criterios de justicia social que, según critica el PSE, se han evaporado tras las sucesivas rebajas de la presión fiscal que el PNV y el PP han hecho en las Juntas Generales de las tres provincias.

El PSE ha puesto como condición previa al PNV para llegar a un acuerdo presupuestario, pactar la reforma tributaria en el Parlamento. Los socialistas creen que la Cámara ha de ser el eje de ese cambio. “Tenemos un sistema fiscal en el que los trabajadores pagan mucho más, hasta un 40%, que los profesionales liberales, y eso es injusto”, cita la ponencia.