Dos grandes en apuros

¿Qué pasará con la Declaración de Soberanía del Parlamento catalán? Nada que no sea perfectamente previsible. La prensa lleva días dando vueltas a la noria, sin que en el fondo haya noticia. Unió, por supuesto, por muchas reticencias que tenga, acabará votando con la mayoría. Iniciativa dejará su sello en la declaración y votará también favorablemente. Y el PSC aducirá cualquier excusa para votar que no, para no incomodar al PSOE. Todo se mueve en la escena política catalana, pero las querencias estructurales de cada familia permanecen.

De momento, solo ERC parece tener bien acompasadas la estrategia y la táctica. No hay dudas sobre su objetivo: la independencia. Y tampoco hay dudas de que si el proceso encalla no será ella quien lo pagará, sino CiU, sus socios de mayoría parlamentaria. Esquerra tiene una doble ventaja: no necesita jugar con ambigüedades —que en estos momentos están muy penalizadas— y no está todavía contaminada por la promiscuidad con el mundo del dinero que hace estragos en la confianza de la ciudadanía. Para CiU el panorama se ha complicado radicalmente. Las políticas de ajustes han dejado a la mitad de las clases medias en situación de empobrecimiento y la otra mitad asfixiada a impuestos. Y el partido genuino de las clases medias catalanas lo ha pagado electoralmente. Atrapado por la lógica del modo de gobernación neoliberal, Artur Mas se jactó de su alianza con el mundo de los negocios y presumió de campeón del rigor. La apuesta por el independentismo no ha sido suficiente para evitar el coste. Y el desgaste de CiU continuará, en la medida en que las condiciones sociales de la mayoría no hacen sino empeorar. Y en tiempos en que se exigen sacrificios duros y mal repartidos, envolverse en la bandera ya no protege cuando aparecen las sombras de corrupción.

Este año asistiremos a una cerrada pugna con el Gobierno de Madrid para ver quién carga con las culpas de la crisis social

Los grandes empresarios que veían en Mas una garantía para sus intereses, se sienten ahora traicionados, en su natural resistencia a cualquier alteración del statu quo. Una parte significativa de su propio electorado le ha abandonado. Y peor le habría ido si parte del voto catalanista del PSC no hubiese acudido a su llamada. En este contexto, Artur Mas lucha ahora por su supervivencia. Este año asistiremos a una cerrada pugna con el Gobierno de Madrid para ver quién carga con las culpas de la crisis social. Mas cuenta con una ventaja: la prepotencia del Gobierno español que puede ser manifiestamente ofensiva para la ciudadanía. Pero cuenta con un inconveniente, el Gobierno del PP tiene el grifo del dinero. Y tendrá pocos escrúpulos a la hora de asfixiar a la Generalitat. Al mismo tiempo, Mas sufre ya la presión del poder económico para que frene el proceso soberanista, ¿hasta cuándo resistirá? Realmente sería noticia que un gobernante, y de derechas, no se acabara plegando a las razones del dinero. ¿Tiene margen Artur Mas para volver al orden o un pacto de mínimos, promovido por el poder económico, equivaldría a su inmolación?

El PSC, por su parte, está en la peor posición para un partido de izquierdas: la defensa del statu quo. Su camino es una alianza con la patronal de Gay de Montellà y con Unió Democrática para frenar el proceso de transición nacional. Sus argumentos, los mismos de la derecha: la legalidad y nada más que la legalidad. La legalidad debería ser el arma de los ciudadanos para protegerse de los poderosos y resulta que se convierte en una barrera insuperable democráticamente. Hay muchas trampas con la legalidad en el modo de Gobierno neoliberal. La legalidad sirve para justificar las indecorosas conductas de las élites: la ley es el límite moral, se ha llegado a decir, todo lo que no está prohibido por la ley es aceptable moralmente. La legalidad sirve para poner todo tipo de obstáculos a los movimientos sociales que intentan visibilizar los abusos de poder de los que se amparan en la ley. Y la legalidad sirve, como es el caso, para rechazar sin debate la expresión de la voluntad democrática de una sociedad. El PSC dice estar a favor del derecho a decidir, pero pone como condición que lo acepte el Parlamento español, es decir, el PP y el PSOE que se han pronunciado con toda rotundidad en sentido contrario. Dicen en el PSC, como justificación de su política, que si actúan de otro modo el PSOE se implantará aquí por su cuenta. Una elección más, otros 100.000 votos menos y no hará falta, el PSC ya será exclusivamente la federación catalana del PSOE.