La Generalitat apuesta por crear consorcios para desmembrar el ICS

La Generalitat de Cataluña, asesorada por la consultora PricewaterhouseCoopers (PWC), ha decidido apostar por un consorcio como la figura jurídica con la que empezar el desmembramiento del Instituto Catalán de la Salud (ICS) en una veintena de sociedades, uno de los principales objetivos del consejero de Salud, Boi Ruiz, desde que llegó al cargo hace ahora poco más de dos años.

Según documentos a los que ha tenido acceso El PAÍS, Salud pretende crear un consorcio que agrupará el hospital Arnau de Vilanova de Lleida (hasta ahora del ICS) con otros dos hospitales de la zona: el Santa Maria (también en Lleida) y el comarcal de Tremp, a los que se sumará un centro de atención primaria (CAP) y una docena de consultorios locales. Hasta la fecha, estos últimos centros sanitarios eran gestionados por otro organismo —Gestión de Servicios Sanitarios— también dependiente de la Generalitat.

Para preparar todo el proceso, el ICS ha contado con el apoyo jurídico de PWC. El pasado 20 de marzo, el ICS —presidido entonces por Josep Prat, quien dimitió en julio acosado por los escándalos sanitarios— solicitó a la consultora la realización de media docena de trabajos para preparar la división del ICS y la creación del Consorcio Hospitalario de Lleida. La factura por los servicios, abonada el pasado 12 de diciembre, asciende a 20.328 euros (IVA incluido). El primero de estos documentos es una modificación de los estatutos del ICS para adaptarlo a la ley omnibus, con la que la Generalitat abrió la puerta al desmembramiento del ICS. PWC también ha estudiado las “distintas opciones para la gestión de los centros hospitalarios de Lleida y Tremp” y redactado una “propuesta de estatutos para el Consorcio Hospitalario de Lleida”. Por último, la consultora también ha estudiado a fondo y ha elaborado una guía sobre cómo puede el ICS “constituir entidades de derecho público sometidas al derecho privado” y “la constitución de sociedades mercantiles y la creación de consorcios”.

El ICS replica que recurre a consultoras de forma “muy puntual”, Joaquim Triadú es secretario del CAREC y socio de PWC

La división del ICS en entidades públicas sujetas al derecho privado, como los consorcios, es presentada por el Gobierno catalán como la mejor vía para mejorar la eficiencia de gestión de la sanidad pública catalana, aunque la figura del consorcio se ha visto muy cuestionada en el último año tras el estallido de escándalos como el caso Crespo o el caso Bagó. Ambos casos han dejado en evidencia la falta de transparencia y la sumisión a los intereses y presiones políticas de los que en ocasiones adolecen los consorcios.

El desmembramiento del ICS —la mayor empresa catalana, con ocho hospitales, centros de atención primaria y más de 40.000 trabajadores— ha sido uno de los principales objetivos de la actual cúpula del Departamento de Salud, copada por los directivos de la patronal del sector, la Unió Catalana de Hospitales.

Salud ha ofrecido hasta la fecha pocos detalles sobre las fórmulas jurídicas que piensa utilizar para dividir el ICS, aunque sí ha informado de que Lleida —para la atención hospitalaria— y Girona —para la primaria— acogerían los planes piloto. El objetivo último es dividir el ICS en una veintena de sociedades, siete u ocho articuladas alrededor de sus hospitales —además del Arnau de Vilanova, el de la Vall d’Hebron, Can Ruti de Badalona, Bellvitge, Viladecans, Joan XXIII de Tarragona, Verge de la Cinta de Tortosa y Josep Trueta de Girona— y el resto en forma de agrupaciones de una veintena de CAP.

Este plan coincide en el tiempo con otra controvertida reorganización de la sanidad catalana: la privatización de la gestión del hospital Clínic.

Este plan coincide en el tiempo con otra controvertida reorganización de la sanidad catalana: la privatización de la gestión del hospital Clínic

El sindicato CATAC-CTS/IAC arremetió ayer contra los planes de Salud y acusó a PWC de ser “la encargada de elaborar la ingeniería jurídica necesaria” para ejecutar lo que denomina “el harakiri empresarial del ICS”. El sindicato también critica que Joaquim Triadú —exconsejero de Presidencia en Gobiernos de Jordi Pujol y secretario del Consejo para la Reactivación Econòmica y el Crecimiento (CAREC), órgano asesor que inspira e impulsa políticas de la Generalitat— sea asimismo socio director de PWC.

“Es otro caso evidente de conflicto de intereses. Triadú fue contratado por PWC justo después de conocerse su nombramiento en el CAREC”, denunció un portavoz. CATAC-CTS/IAC también critica “la contratación sistemática de consultoras externas afines contando el ICS con personal propio suficiente para llevar a cabo estos trabajos”.

Un portavoz del ICS, por su parte, aseguró ayer que este organismo “encarga informes de asesoría externos de forma muy puntual y solo en los casos en los que la especialización del tema requiere un asesoramiento altamente especializado”. El ICS también afirma que los documentos de PWC son un “informe que plantea distintos escenarios posibles”. “Estas recomendaciones, en ningún caso vinculantes, han servido para ayudar a la dirección del ICS a elegir la fórmula jurídica que tienen que tener las nuevas entidades filiales: el hospital Arnau de Vilanova de Lleida y el conjunto de CAP en Girona”.

El desmembramiento del ICS fue impulsado por su expresidente, Josep Prat, que tuvo que dimitir del cargo tras ser investigado por irregularidades cometidas al frente de la empresa pública del Ayuntamiento de Reus, Innova.