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Cerco al PSC para que se sume a la declaración soberanista

Lucena insiste en que el redactado actual “es ilegal”, pero el tema reabre la división entre los socialistas

El líder del PSC, Pere Navarro.
El líder del PSC, Pere Navarro.

A dos días vista para que el Parlament vote una declaración de soberanía que reclama una consulta para que los catalanes decidan su futuro político, los partidos que impulsan el texto estrecharon ayer el cerco sobre los socialistas para que se sumen al acuerdo. La reunión que celebraron el viernes todas las fuerzas, excepto PP y Ciutadans, acabó en desacuerdo y en esas siguen, sin acercar posiciones, y con un desenlace imprevisible.

Lo que sí se sucedió ayer fue un reguero de declaraciones desde posiciones distintas pero en la misma dirección: que el PSC no se descuelgue del documento, pactado inicialmente por CiU y su socio parlamentario, Esquerra Republicana (ERC), en el que se proclama que el pueblo catalán es un “sujeto político y jurídico soberano”. El texto también anuncia la utilización de “todos los marcos legales existentes” para hacer efectivo el derecho a decidir.

Los socialistas insisten en que ese documento desborda la legalidad y que en los términos en los que está redactado no lo apoyarán, pero dentro del partido surgen voces que reclaman un acercamiento. La tesis de los discrepantes es que si el PSC llevó en su programa de las autonómicas el derecho a decidir, porqué no pude apoyar la declaración soberanista, ni que sea parcialmente.

Esta mañana se reúne el secretariado del PSC y es probable que se escuchen voces a favor de sumarse al consenso procedentes de los diputados Àngel Ros, Joan Ignasi Elena y Rocío Martínez Sampere. Los socialistas ya evidenciaron ayer su división en Twitter, con posturas muy distintas defendidas por el exconsejero Joaquim Nadal y la exministra Carme Chacón.

Mientras tanto, el secretario de organización de Convergència, Josep Rull, acusó al PSC de “utilizar todos los mecanismos” a su alcance para hacer inviable “un amplio acuerdo” sobre esa declaración y reclamó a los socialistas catalanes “generosidad y responsabilidad”. En su opinión, la votación del Parlamento “no es un debate abstracto”, sino que comporta “la capacidad de garantizar el Estado de bienestar y la prosperidad del país”.

Por su parte, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, fue más allá y vaticinó que la consulta soberanista se hará porque es su “obligación” que así sea, “diga lo que diga el Gobierno español y el Tribunal Constitucional”. Ese escenario que dibuja Junqueras asegura el llamado choque de trenes entre la legalidad y la voluntad política de CiU y ERC. La gran incógnita por despejar es si después de que el Gobierno español niegue la celebración de un referéndum en Cataluña, como ya ha anunciado, Artur Mas convocará una consulta al amparo de una ley que apruebe el Parlamento catalán y qué hará si el Constitucional suspende su celebración, como se prevé.

Junqueras insistió ayer que lo que nunca hará su partido es seguir el consejo del PSC, de fiar el proceso soberanista a la legalidad. “El PP es un partido que parece manchado por una mancha gigante de corrupción. Por tanto, no lo haremos nunca. El futuro de Cataluña debe estar en manos de los ciudadanos de Cataluña”, dijo.

Por su parte, el líder de Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera, calificó al PSC de “irresponsable” por no facilitar el acuerdo con el resto de formaciones. En su opinión, el PSC tiene todos los elementos necesarios para entender que “es importante que haya una mayóría amplia”.

Herrera se mostró pesimista sobre la posibilidad de pacto, al igual que diversos dirigentes del PSC consultados ayer. A 48 horas de la votación no se sabe todavía si ICV-EUiA y la CUP se sumarán al texto de CiU y ERC y renunciarán a sus resoluciones, ni qué modificaciones se producirán. Y podría ocurrir, además, como ya sucedió con el pacto fiscal, que se vote un texto de consenso punto por punto y que las fuerzas que lo apoyen no retiren sus propuestas y se acaben votando todos los documentos.

Como se pueden realizar transacciones hasta pocos minutos antes del pleno, todo hace presagiar que hasta entonces no se sabrá el apoyo que obtiene la declaración secesionista. Hasta la presidenta del Parlamento catalán, Núria de Gispert, reclamó a los partidos que busquen “un acuerdo nacional tan mayoritario como sea posible”, en un mensaje indirecto al PSC, pues el resto de fuerzas están más próximas.

Así las cosas, la presión es ahora para el PSC y este partido considera que la cerrazón de ERC es un obstáculo difícil de franquear. Los socialistas vaticinan que CiU está en manos de los independentistas y que no cederá. La fuerza liderada por Pere Navarro no para de invocar la legalidad como una línea roja que no traspasarán. “Una declaración de soberanía, en los términos en los que está redactada, es imposible que la apoye el PSC”, aseguró Maurici Lucena, portavoz parlamentario socialista. En su opinión, el derecho a decidir que también defienden los socialistas se puede ejercer sin esa declaración, que Lucena define como “ilegal”. La vía apropiada es la negociación para celebrar un referéndum entre Mas y Rajoy, insistió. La exconsejera Marina Geli y actual diputada también considera que primero hay que agotar ese cartucho para cargarse de mayor legimitimidad.

Por su parte, el portavoz del PSC, Jaume Collboni, alentó ayer a Iniciativa y a Unió para que se desmarquen de ERC y apoyen una propuesta de crear una comisión parlamentaria de estudio para la reforma federal de la Constitución, lo que sería un “gesto” de cara a negociar la declaración soberanista.

Y en este contexto, Carme Chacón diputada del PSC en el Congreso terció en el debate. “ERC y Mas consideran inconcebible que el PSC pida que se cumpla la ley. Resumen: ¡las autoridades catalanas piden cometer illegalidades! ¡Fuerte!”, dijo en su cuenta de Twitter. “Sería lamentable que el PSC quedara fuera del acuerdo. !Clamor por la credibilidad!”, escribió el exconsejero Joaquim Nadal.

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