Un laboratorio enfermo

La desgracia parece haberse cebado con los Laboratorios Pérez Giménez. Desde 2009, la farmacéutica cordobesa, fabricante del famoso Calmante Vitaminado, ha conocido cuatro dueños mientras los números rojos alcanzaban cifras abisales. La empresa, en concurso de acreedores, plantea un ERE para 100 de sus 180 empleados, que llevan siete meses sin cobrar. Al declive económico de la firma se suma la guerra que mantienen en los juzgados el administrador único de la sociedad, Sergio Martínez, y los administradores concursales, en la que se mezclan grabaciones ocultas y sospechas de querer obtener un beneficio de la mala situación de la empresa.

El titular del Juzgado de Instrucción 2 de Posadas (Córdoba), Álvaro Carbonell, ha imputado a los cinco administradores concursales de la firma y al ex director financiero por apropiación indebida, revelación de secretos, amenazas y coacciones. Entre los imputados destaca el auditor Jorge Castro, marido de la juez Mercedes Alaya, instructora del caso de los ERE. Castro declaró como imputado el pasado 27 de noviembre y rechazó de plano las acusaciones vertidas contra su gestión como administrador.

El administrador único, Sergio Martínez, se querelló el pasado otoño contra los administradores concursales designados por el juzgado de lo Mercantil de Córdoba, tras entrar la sociedad en concurso voluntario de acreedores. De momento, ya ha declarado la actual cúpula de la firma (Francisco Estepa, Javier Bernabeu, Julio del Valle, Francisco Amorós y Jorge Castro) y el pasado jueves compareció ante el juez el ex director financiero Antonio Alcántara.

En su querella, el antiguo médico investigador Sergio Martínez acusa a los administradores, tres economistas y dos abogados, de obstaculizar la viabilidad de la empresa al impedir la entrada de nuevos inversores o la firma de contratos con terceros. La querella incluye acusaciones muy graves sobre un supuesto plan trazado por los administradores para liquidar la empresa, en connivencia con un empresario cordobés. El escrito está apoyado en conversaciones grabadas durante meses con dispositivos ocultos.

En una de ellas, el empresario Antonio Carrillo, dueño de Procono, denuncia los movimientos sospechosos de los administradores concursales para vender los laboratorios a unos conseguidores y así percibir una comisión. “Posiblemente vayan a medias ¿tú sabes? Los conseguidores querían un 60% para ellos y el 40% para mí (…) Mis conseguidores van por ahí… por amañar efectivamente el concurso… por amañar el convenio”, comenta en una grabación adjuntada a la querella.

Las amenazas que denunció Martínez tienen el soporte de las grabaciones, aunque la instrucción judicial está aún en sus inicios. El abogado y administrador concursal Francisco Estepa discutió en diferentes reuniones con Martínez. “No sabéis el problema que os viene, es decir, es que esto… se os encuentra un papel, o por arriba o por abajo”, dice Estepa a Martínez en una grabación incorporada a la querella.

Mientras que el instructor Carbonell citó a declarar a los administradores concursales como imputados, estos recibieron un espaldarazo a su gestión por parte del juez de lo Mercantil 1 de Córdoba, Fernando Caballero, encargado de velar por el concurso de acreedores.

El juez mercantil suspendió la capacidad de maniobra de Martínez en un auto del pasado 18 de octubre y concedió la gestión económica de la sociedad a los administradores concursales. El juez subrayaba que la empresa perdía 290.000 euros al mes y el posible conflicto de intereses de Martínez, al ser administrador social de la empresa y al mismo tiempo accionista mayoritario de la entidad Spheric Nanohealth SL, una acreedora de los laboratorios.

Francisco Estepa defiende la gestión actual de la empresa y asegura que la situación está “algo mejor”. Estepa recuerda que la ley estipula que la venta de la empresa requiere una resolución judicial tras haber trasladado el plan de liquidación a los acreedores y empleados. “Somos muy escrupulosos”, defiende.

Los administradores concursales han planteado un ERE que afectará al 55% de los 180 empleados, según informó esta semana Castro a los sindicatos. La plantilla está indignada. “Nos deben 2,5 millones. Y Castro ha venido tres veces a la empresa en un año y ahora viene de ejecutor. No participaré en ninguna negociación porque no la hay. Tenían un gabinete laboral externo y ahora han contratado otro para el ERE. Nos da en la nariz que quieren liquidar la empresa tras un mínimo parón”, advierte José Ruiz, de UGT en la empresa

La historia de los números rojos de la firma viene de lejos. Y también sus fiascos. La familia Pérez Giménez, propietaria de la empresa desde 1950 la vendió en 2010 al grupo Tecris por un solo euro, a cambio de que asumiera la deuda de 49 millones que arrastraba. ¿Qué escondía esta operación?

Francisco Pérez Giménez, nieto del fundador, reconoce que se detectaron facturas falsas por importes entre 5 y 6 millones entre Laboratorios Pérez Giménez y Cubefarma [otra firma del grupo], aunque sin movimientos de fondos, asegura él. El exdirectivo responsabiliza al entonces director general de la firma Guillermo Sada. “El objetivo era confundir al Consejo de Administración y dar una situación patrimonial distinta de la real”, desvela el exconsejero miembro de la familia fundadora.

La familia Pérez Giménez despidió a Sada, quien no quiso atender la llamada de este diario para aclarar las acusaciones. Tecris nunca cumplió su compromiso para saldar las deudas millonarias de los laboratorios. La compra por el simbólico euro en julio de 2010 acabó la semana pasada con un laudo de la Corte de Arbitraje de Sevilla que ahora obliga a Tecris a pagar los 49 millones de deudas a la empresa. La historia tiene un dato rocambolesco: entre los socios de Tecris figura José Enrique Rosendo, uno de los principales imputados en el caso de los ERE que instruye Alaya. El destino ha querido que Alaya tenga imputado a Rosendo en el caso de los ERE y que su marido, Jorge Castro, gestione la herencia de Rosendo en Pérez Giménez.