¿Qué medico privado debe operar al paciente público?

La Comunidad de Madrid, preocupada por las listas de espera quirúrgicas desde que Esperanza Aguirre prometió dimitir si eran demasiado largas, decidió en 2007 suscribir un contrato marco para habilitar a determinadas clínicas y poder derivarles operaciones. Lo llamó Ocaña, y desde entonces ha estado adjudicando lotes de intervenciones quirúrgicas, como en una especie de subasta, en función de la puntuación que los centros obtuvieron en aquella acreditación hace ya más de cinco años. El contrato, sin embargo, solo tenía un plazo de ejecución de dos años. Y se ha estado prorrogando sin que las clínicas hayan tenido que volver a aportar la información sanitaria que proporcionaron entonces, tal y como confirman dos de ellas.

La opacidad de este sistema de derivaciones, del que ni siquiera se informa en las memorias anuales del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), es tal que la Consejería de Sanidad se ha negado en repetidas ocasiones a facilitar a este diario los pliegos de condiciones y a responder a las preguntas sobre el control que ejerce sobre las clínicas tanto tiempos después de haberlas acreditado. Solo en 2012 la sanidad pública derivó a la privada a través del contrato marco Ocaña operaciones por las que pagó 16,5 millones de euros, según un recuento de adjudicaciones realizado por este diario. En ellas se aprecia cómo, por ejemplo, en el caso de las cataratas, las intervenciones se subastan en lotes de 300. Los precios que cobran las clínicas varían: van desde los 525 euros a los 637.

El contrato marco Ocaña se firmó el 28 de mayo de 2007. Era un concurso al que se presentaron las clínicas que querían realizar operaciones de lista de espera para la sanidad pública. La Consejería de Sanidad hizo una selección y a cada empresa le atribuyó una puntuación técnica. “Nos pidieron una serie de documentos y las que superaron los requisitos entraron”, cuentan desde una de las clínicas. El plazo de ejecución del contrato era de dos años. Sin embargo, el Ocaña sigue vigente. La única información que ha proporcionado la Consejería de Sanidad es que tiene previsto renovarlo “próximamente”. Los presupuestos de 2012 ya preveían esa renovación, que supondría volver a acreditar a las clínicas receptoras de pacientes.

La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid criticó en 2010 la falta de control del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) sobre la calidad de los servicios que prestan las entidades privadas o fundaciones a las que deriva a los pacientes mediante convenios o conciertos. Es una de las conclusiones a las que llegaba el informe de fiscalización elaborado sobre el programa presupuestario 750 (Atención Especializada) del año 2007.

A falta de explicaciones oficiales sobre el funcionamiento de la subasta, desde una de las clínicas explican que cada cierto tiempo —normalmente dos veces al año— la Administración invita a las clínicas acreditadas mediante el Ocaña a participar en el reparto de procedimientos quirúrgicos. “Va por lotes. Si te interesa tienes que presentar un precio y una documentación en cuestión de días. Si te lo conceden, te lo comunican y si no, no responden”, explica esta fuente. La Consejería de Sanidad tiene estipulado un precio máximo, añade, pero no un mínimo. Y las cantidades no se han actualizado desde 2007, señala. “Hemos comprobado que las veces que hemos ofrecido un alza de precio no nos han dado el lote”, concluye.

La Federación Nacional de Clínicas Privadas (FNCP) amplía la información sobre el procedimiento que sigue la Consejería de Sanidad. “Existe un protocolo según el cual el paciente que rebasa un número de días en lista de espera recibe una carta o una llamada en la que le ofrecen ser intervenido en un centro concertado”, explica su tesorero y representante en Madrid, Tomás Merina. A ese paciente se le ofrecen distintas clínicas privadas en las que operarse, que ofertan las intervenciones mientras aún dispongan del “cupo” que les va adjudicando Sanidad. Los lotes se adjudican según una “fórmula polinómica” que atribuye un peso a “la puntuación técnica en base a la inspección de 2007” y otro a la “puntuación económica”.

Merino asegura que “la concertación es el sistema más eficiente, dado que se trata de un gasto muy puntual y a un coste notablemente inferior” al que tienen los hospitales públicos. “Los conciertos permiten ahorrar entre un 30 y un 40% en los procedimientos”. Distintos facultativos de la sanidad madrileña consultados por este diario aseguran en cambio que hay quirófanos en hospitales públicos infrautilizados mientras se siguen derivando procedimientos a la privada. La Consejería de Sanidad, una vez más, se ha negado a ofrecer datos sobre las operaciones derivadas a las clínicas mediante el contrato Ocaña en los últimos años. Con respecto al control que ejerce la Administración, desde la FNCP aseguran que, pese a no haber acreditado a las clínicas desde 2007, “después se hacen auditorías de los procesos”. “Cuando un centro cambia un equipo, tiene que comunicarlo y eso puede hacer cambiar la puntuación”, señala Merino.

En 2012 la Consejería de Sanidad realizó al menos nueve bloques de adjudicaciones, que no se publican en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid pero sí en el portal online de contratos públicos, en el apartado de los negociados sin publicidad. Se trata de cirugías menores de traumatología, implantes (cadera, rodilla...), cirugía de columna como las hernias discales, oftalmología, procedimientos pediátricos y generales como varices o vasectomías. En total, 16,5 millones de euros. Preguntados por este diario, los portavoces de sanidad de la oposición dijeron desconocer su existencia, igual que varios médicos del sistema público. El PSM tiene previsto pedir explicaciones en la Asamblea de Madrid.