El fiscal pide 15 años de cárcel para Roca por un ‘pelotazo’ urbanístico
En la operación se expropió una finca, después adjudicada a un tercero para hacer viviendas
El exasesor de Urbanismo de Marbella (Málaga), Juan Antonio Roca, se enfrentará en los próximos meses a otra causa judicial en la que la fiscalía reclama su encarcelamiento durante 15 años por un pelotazo urbanístico. Por este caso también se sentarán en el banquillo otros 20 implicados más, entre ellos, el exalcalde del Grupo Independiente Liberal (GIL), Julián Muñoz, la hija de Jesús Gil, otros exediles gilistas, empresarios y abogados.
La gran operación urbanística de la que tendrán que rendir cuentas consistió en la expropiación de la finca El Pinillo a particulares, con el pretexto de que se iba a utilizar para construir un palacio de congresos, y una serie de manejos posteriores con los que supuestamente pretendieron transmitir la parcela a terceros que pretendían levantar en ella un edificio de viviendas.
El pelotazo urbanístico tuvo una doble vertiente, según el escrito del fiscal. Primero Roca y Gil fueron traspasando la hipoteca de la parcela a diferentes propietarios con el fin de gravar la finca y “borrar las huellas de su intervención en la adjudicación directa final”, y después impulsaron una revisión del Plan General de Ordenación Urbana para, diseñada por Roca, en la que supuestamente negociaron en su propio interés los nuevos parámetros urbanísticos del inmueble.
El fiscal cree que ambos se asociaron y aprovecharon su posición para gestionar el patrimonio municipal “en su beneficio o el de terceros”. Según su estrito inicial, de casi 250 folios, Roca tenía pensado adquirir la finca para cederla a un promotor “con vistas a su desarrollo urbanístico”.
El fiscal cree que ambos se asociaron para gestionar el patrimonio municipal “en su beneficio”
El presunto cerebro del caso Malaya, se enfrentará en este juicio a acusaciones de cohecho, estafa, maquinaciones para alterar el precio del bien inmueble, alteración de la subasta, negociación prohibida a funcionarios y prevaricación administrativa. Además de la pena de 15 años de prisión, el fiscal solicita para el exasesor una multa de seis millones.
La causa, instruida en el juzgado número 1 de Marbella, es uno de los procesos abiertos por convenios tras una querella presentada por Anticorrupción que tenía como base un informe del Tribunal de Cuentas.
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