“En concursos públicos te vas a comer un colín, está todo amañado”

Jordi Soriano, exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Sabadell, es el hombre que mueve los hilos del caso Mercurio.El juez levantó ayer en parte el secreto del sumario, lo que ha sacado a la luz más detalles sobre la trama corrupta en la que permanece imputado el alcalde, el socialista Manuel Bustos. Las conversaciones entre los implicados revelan que diversos empresarios pagaron elevadas sumas de dinero a Soriano a cambio de que este ejerciera su influencia en el Consistorio para obtener la adjudicación de obras públicas.

En su auto, el juez Ramón González detalla que Soriano era el “principal responsable y beneficiario” de la trama y que percibió, presuntamente, comisiones en cinco operaciones urbanísticas relacionadas con el Consistorio: las obras de ampliación del cementerio local, las de la Fira de Sabadell y las del centro cívico de Can Llong, además de una recalificación de terrenos y unas licencias para fincas agrícolas.

Los pinchazos telefónicos atestiguan la trascendencia que los implicados dan a la reforma del cementerio. Sabadell cedió la gestión a la empresa Torra con el compromiso de que esta ejecutara trabajos por 8,7 millones. Las obras fueron encargadas a Constrensnius. Rafael Rojas, que según el juez está ligado a esas dos empresas, habla con otro empresario “en teoría rival” sobre lo que se cuece en el Consistorio, según un informe de los Mossos d’Esquadra al que ha tenido acceso este diario: “En licitaciones públicas, a ver, te pueden dar algo, pero te comes un colín, Mikel. Está todo amañado, ya no saben qué obras se van a dar aquí y todo, o sea que es una vergüenza”.

El juez, por su parte, también detalla algunos de los pasajes más significativos tras dos años de escuchas telefónicas. José Ríos, propietario de Excavallès e imputado en la causa, está descontento. Afirma haber pagado más de 300.000 euros a Soriano. Pero la supuesta intermediación del exconcejal no da frutos. Y Ríos amenaza con tirar de la manta. “Me han ofrecido muchas oportunidades de cosas por hablar del tiet y de ti, y jamás he entrado al trapo”, dice en un mensaje de texto enviado al móvil de Soriano. El tiet es el imputado Melquíades Garrido, constructor, presidente del gremio local y tío del alcalde.

En ese mismo mensaje, enviado el 14 de octubre de 2010, Ríos lanza una amenaza velada a Soriano: “Recuerda a quien tú sabes que las municipales llegan pronto y un escándalo antes de que lleguen no sería lo mejor (...) Me echan como a un perro porque no entro en lo del 3%”, protesta el empresario. Según la Fiscalía Anticorrupción, los empresarios abonaban a la trama mordidas de hasta 120.000 euros por acceder con ventajas a una adjudicación público. Ese dinero iba, supuestamente, a un “fondo perdido” que se repartían algunos de los cargos políticos implicados en el caso. Una vez finalizada la obra, el constructor debía añadir otro 3% de comisión ilegal sobre el importe de adjudicación, según la fiscalía.

La causa se mantiene bajo secreto en lo que atañe a Bustos y al resto de políticos implicados. Por ahora se desconoce si los cargos públicos se lucraron con el dinero recaudado por Soriano, o si éste actuaba por su cuenta. Según la denuncia del empresario que reveló la trama, Nicolás Giner, Soriano se quedaba parte del dinero, pero repartía el resto entre los políticos.

Los cerca de 2.000 folios del sumario que se han dado a conocer narran, precisamente, la génesis del caso. Giner era un simple recadero que hacía llegar el dinero de los empresarios a Soriano, quien logró embolsarse casi 800.000 euros en comisiones en solo dos años. Arrepentido, en febrero de 2010 Giner contó lo que sabía a los Mossos d’Esquadra, que iniciaron la investigación. El pinchazo de los teléfonos de Soriano y tres empresarios dio los primeros frutos.

El 22 de marzo de 2010, Rojas recibe una llamada de otro de los empresarios investigados, José Manuel González: “Me intersa mucho el hijo de puta del Soriano (...), necesitamos firmar ya, dependemos de esto”, dice en alusión, según el juez, a las obras del cementerio. El citado informe policial añade que el exconcejal del PP “informaba a Rojas de los movimientos que hacía en Urbanismo”. En una de esas llamadas, Soriano le informa sobre el asunto: “Hemos hablado con el tío de que nos estamos jugando mucho en mayo. Que él se juega mucho, que si el nebot vuelve a salir, tiene continuidad; si no, no. Y que, en definitiva, hemos de hacer un frente común con el nebot, él y yo, para que las cosas vayan por donde tiene que ir”, afirma en alusión a las elecciones municipales que se saldaron con la reelección de Bustos.

Los movimientos de tierras han sido un negocio muy lucrativo en Sabadell y también están bajo la lupa de los investigadores. Según el informe policial, Ríos pide a su madre que hable con Bustos: “Dile: Soriano me ha sacado más de 20 millones de pesetas, mi hijo lo tiene todo grabado y lo puede demostrar. Te podríamos haber montado un escándalo y nos hemos callado”. Las intenciones de Ríos llegaron a oidos de bustos, que el 3 de junio de 2010 organizó un encuentro con tres personas de su confianza, incluido el jefe de la policía local. Según el empresario, fue víctima de una “encerrona”. Bustos afirma, en cambio, que solo quiso conocer las acusaciones para impulsar una investigación interna.

El caso es que el dueño de Excavallès no es el único empresario que, en conversación telefónica, admite haber realizado pagos ilegales para obtener trato de favor del consistorio. Así lo hace González: “¿Y tú soltaste pasta?”, le pregunta su interlocutora. “Joder si solté, viviría muy tranquilo con la pasta que solté (...) Vamos a ver si, de una puta vez, este señor [Soriano] se sienta con quien se tiene que sentar y le dice: basta ya de tonterías, yo como de aquí, con lo cual estos señores tienen que hacer la obra”.

El 27 de noviembre, los Mossos registraron el consistorio y otras dependencias. Por ahora hay unas 40 personas imputadas en la causa. En su auto, el juez levanta el secreto de sumario sobre la trama de los empresarios, pero recuerda que “resta abundante documentación por examinar” sobre la participación de los políticos. Entre otras, la del alcalde, que ayer pidió volver a declarar ante el juez para aclarar puntos de su anterior comparecencia y “dejar clara” su inocencia y la de otros cargos municipales imputados. “Desde el principio manifesté mi intención de colaborar al máximo con la justicia”, dijo. Bustos está imputado por malversación de fondos, tráfico de influencias, delito contra la administración pública y omisión del deber de perseguir delitos.