Andalucía espera al Estado para retomar la asistencia jurídica en las cárceles

Evaristo tiene 57 años. Está en libertad condicional. Ha pasado por las cárceles de Sevilla, Córdoba y Morón. Y, durante sus 14 años de estancia en prisión, ha podido acceder a abogados que le han ayudado a tramitar sus permisos o sus progresiones de grado. Compañeros suyos han tramitado separaciones, ayudas al desempleo y tarjetas de residencia. Pero eso se ha acabado. Andalucía carece desde mayo de 2012 de ese servicio que prestaban letrados del turno de oficio para asesorar a la población reclusa. La Junta, que es la que paga, argumenta que no es un programa imprescindible y que no puede volver a retomarlo si el Gobierno Central no firma un convenio para validarlo.

El Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria (Soajp) funciona desde 2005. Al igual que en otras comunidades se creó ante el hecho evidente de que los presos no tienen acceso a la tutela judicial efectiva que consagra la Constitución. “Cualquier ciudadano que esté en la calle puede acudir a un abogado, y si no tiene recursos económicos, se le pone uno de oficio. Pero a los reclusos, no”, explica Juan Domingo Valderrama, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y coordinador del turno de oficio penitenciario de Cádiz. Las primeras partidas se pagaron con el programa de justicia gratuita, pero después la Junta decidió enmarcarlo en una subvención específica recogida en un convenio firmado por el Colegio de Abogados e Instituciones Penitenciarias, dependiente del Estado.

El convenio tenía de validez hasta 2010. Las elecciones retrasaron su renovación. El Gobierno de Rajoy debería haberlo firmado ya, pero el Ministerio de Justicia y la Agencia Tributaria pusieron reparos administrativos. Así que la Junta decidió suspender el servicio.

“La participación del Estado es fundamental y necesaria para reanudarlo”, sostuvo en el Parlamento el consejero de Justicia, Emilio Llera. Sus palabras no han sentado nada bien en el colectivo de abogados y presos, sobre todo, cuando dijo que el Soajp es un “actividad complementaria” porque los presos cuentan con juristas en las cárceles y pueden consultar al Defensor del Pueblo.

“El Defensor del Pueblo atiende quejas pero no orienta ni asesora y solo hay tres o cuatro juristas por prisión”, denuncia Valderrama. Lo sabe en carne propia Evaristo. “En mis 14 años en prisión solo me ha visto un jurista una vez y no me resolvió nada”. Recuerda que, además, esos funcionarios forman parte de la comisión disciplinaria y asesora a toda la prisión, incluido el director. “Es juez y parte”. Evaristo está en libertad condicional pero tiene un sobrino en la cárcel que no contará con la labor de esos abogados que a él sí le ayudaron. “El 90% de los que están dentro son casi analfabetos. Se les deja sin asistencia ninguna”.