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El PP aprueba la fusión de Oza y Cesuras pese a las dudas jurídicas

El trámite legal contradice los criterios del Consello Consultivo

La fusión de Oza dos Ríos y Cesuras, aprobada ayer en solitario por los alcaldes y ediles del PP de ambas localidades coruñesas, tendrá que superar importantes escollos legales para ser una realidad. Son múltiples y contradictorios las sentencias y los informes jurídicos sobre el número de votos necesarios en el pleno de un ayuntamiento gallego para aprobar su unión con otro. La norma autonómica difiere de la estatal sobre este punto crucial. En el propio PP gallego también hay criterios dispares.

El expediente de Oza-Cesuras, como se propone llamar al unificado municipio, pasa ahora a ser asunto del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo, acérrimo defensor de la iniciativa anunciada a bombo y platillo hace casi un año. Pero no va ser fácil jurídicamente que apruebe de forma definitiva la que pretende ser la primera unión municipal en 44 años en Galicia.

A comenzar por la previsible oposición del Consello Consultivo, una de las instituciones que debe refrendar la legalidad del proceso antes de ser aprobado por el Consello de la Xunta. El informe de esta institución es preceptivo. Y probablemente resolverá igual que lo hizo el verano pasado en el caso de los municipios lucenses de Alfoz y O Valadouro, donde el PP tumbó una iniciativa para fusionar las localidades. El Consello Consultivo dictaminó entonces “la necesidad de que el acuerdo plenario fuese adoptado con la mayoría reforzada a la que se refiere” la ley gallega de Administración Local. Es decir que la fusión debe ser aprobada por dos tercios de los ediles de cada ayuntamiento.

Un requisito legal que incumple, a diferencia del caso de Oza, el PP en Cesuras, con mayoría absoluta sin más (siete de once ediles). Pese a todo, y con el salón de plenos abarrotado de vecinos, la mayoría con pegatinas y lazos negros contra una fusión que condena a su municipio, dicen, a la desaparición, los ediles conservadores ayer votaron a favor amparándose en un artículo de la ley gallega que no cumplen.

Consciente de esta irregularidad, el alcalde de Cesuras, Julián Lucas, defendió que tiene informes del secretario municipal, de la Diputación y de la Xunta que refrendan que “vale la mayoría” sin más. Pero en realidad, la exdirectora de la Asesoría Jurídica de la Administración gallega, que cesó en diciembre pasado, ya advirtió, en un informe también del pasado verano para el caso específico de Oza-Cesuras, de “la inseguridad jurídica y la confusión sobre el derecho aplicable” que pesa sobre este proceso de fusión municipal. Y recomendó además que “se proceda a una inmediata modificación legislativa” de la norma gallega en vigor para equipararla a la estatal de Bases de Régimen Local, que rebajó en 2003 de mayoría cualificada a simple mayoría absoluta los votos necesarios en una corporación para unir su territorio a otro. La Asesoría Jurídica de la Xunta también deberá emitir ahora un dictamen sobre el caso de Oza-Cesuras.

Pero ni la Xunta, ni el PP gallego, con mayoría absoluta en el Parlamento, tienen aún en cartera la reforma recomendada de la ley de Administración Local para evitar, como avisaba la exresponsable de la Asesoría Jurídica, “una impugnación” de los acuerdos municipales adoptados ayer. Lo que sí ya previó el Gobierno de Feijóo es, según anunció su vicepresidente, Alfonso Rueda, “diez años de discriminación positiva” en el reparto de ayudas públicas para los ayuntamientos que acuerden fusionarse.

En los Presupuestos gallegos para este año "no hay nada para Cesuras, ni siquiera la guardería prometida en 2010 por la conselleira Beatriz Mato”, denunció ayer la única edil socialista, Pilar Pedreira. Los tres ediles no adscritos, antes militantes del BNG, también votaron en contra, al igual que los concejales del PSOE y del BNG en Oza.

Con gritos de “fuera, fuera” fue recibido en Cesuras el presidente de la Diputación coruñesa, Diego Calvo, otro de los dirigentes del PP artífice de esta fusión. La inconcreción del informe del organismo provincial sobre este proceso y su imposición fueron claves para el voto en contra de la oposición en ambos municipios que, agrupados, suman 5.401 habitantes.