Educación suspende el contrato con la empresa de comedores escolares
El paro afecta a 6.500 niños de 75 colegios de Cádiz, Huelva y Sevilla
La Junta de Andalucía ha decidido rescindir el contrato que mantenía con la empresa Brassica Group para asistir a comedores escolares de Cádiz y también de Sevilla, Huelva y Granada. La huelga de los transportistas de esta compañía, que se puede agravar si se suman a estos paros las monitoras, ha causado que esta semana esos comedores no puedan servir alimentos. La Consejería de Educación busca ahora una nueva empresa, aunque no ha establecido una fecha en la que este servicio, esencial para muchas familias, pueda recuperarse.
Educación ha concretado que la huelga de Brassica está afectando a 75 colegios de Cádiz, Huelva y Sevilla. En Granada, también hay colegios a los que sirve esta empresa, pero ahí los comedores sí están funcionando. En total, hay unos 6.500 niños sin el servicio. Sus padres se encontraron este martes con la sorpresa de que el comedor se había suspendido indefinidamente por los paros convocados en la logística de la compañía, la encargada de llevar los alimentos hasta los centros educativos. Hubo que improvisar soluciones en forma de abuelos, tíos, otros familiares o amigos, o, incluso, pizzas o comida para llevar en las clases en los casos puntuales que nadie pudo recoger antes a los pequeños. El problema, aunque ya conocido, se ha repetido y seguirá así varios días más.
El Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, ISE Andalucía, es el que ha iniciado el expediente de resolución del contrato a Brassica “ante los reiterados incumplimientos”, según la delegada de Educación en Cádiz, Cristina Saucedo. La Junta ha admitido ahora que, desde hace meses, hay abierta una investigación para aclarar las quejas de padres y madres sobre la cantidad y calidad de las comidas que servía esta empresa. El ISE será el encargado de buscar una nueva empresa que garantice la prestación del servicio y el mantenimiento de los puestos de trabajo de las monitoras que actualmente trabajan en estos comedores. Saucedo no quiso comprometerse a una fecha para la reanudación del servicio de comedores, cuya suspensión supone que los niños deben salir dos horas antes del colegio, con la consecuente incompatibilidad para los padres que trabajan. Los progenitores han denunciado que, en muchos casos, habían pagado este servicio por adelantado.
El conflicto viene originado por el impago de las tres últimas nóminas a transportistas y monitoras. La empresa argumenta que los problemas de liquidez vienen derivados de los retrasos en los pagos de la Administración andaluza, que debería haber abonado estos servicios en un máximo de 30 días y lo ha hecho en 240 días.
El consejero delegado de Brassica, Manuel García Gallardo, asegura que es “falso” que la Junta no tenga deudas acumuladas con esta empresa, como sostiene la Consejería de Educación. Él las eleva a un millón de euros. Sí admite que a finales de 2012 el Gobierno andaluz pagó parte del dinero adeudado pero que se lo embargó Hacienda, con lo que no pudo pagar las nóminas. Se añade a otros problemas previos como la pérdida de contratos con el Ministerio de Defensa durante el año pasado, que han agravado el problema financiero de la empresa.
Educación asegura que en Andalucía están funcionando 1.500 comedores escolares con 40 empresas distintas para atender a 115.000 niños.
Un empresario que creció de la mano del PP en la zona franca
El conflicto de los comedores escolares ha saltado a la arena política. El PP exigirá explicaciones a la Junta de por qué Brassica, pese a las quejas de los padres sobre la calidad de las comidas servidas y de sus problemas de liquidez, siguió recibiendo contratos públicos. Los populares han recordado que Manuel García Gallardo está casado con una dirigente socialista (la exdelegada de Medio Ambiente Silvia López). Lo que no han destacado es que Brassica tiene contratos en toda España, incluidas comunidades gobernadas por los populares, y que García Gallardo creció empresarialmente de la mano del PP, gracias a Quality Food, firma aupada por el que fuera delegado de la Zona Franca, Miguel Osuna, y la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez.
Ellos fueron los que se fotografiaron junto a él y le señalaron como un empresario modelo. Las cosas se torcieron cuando Osuna denunció a García Gallardo tras adquirir la Zona Franca la mayoría de acciones de Quality Food. Osuna acusó al empresario de haberle engañado y haber defraudado millones de euros al Consorcio fiscal.
Sin embargo, la Abogacía del Estado cree que Osuna participó activamente del engaño. García Gallardo recondujo su vida empresarial en Brassica, un viejo negocio familiar, que levantó hasta sumar 1.500 empleados. Lo consiguió, sobre todo, gracias a numerosos contratos públicos en cuarteles, cárceles o colegios. Esas concesiones se hicieron porque legalmente no era incompatible con su imputación en el caso Quality Food. García Gallardo siempre ha defendido su inocencia, ha ganado la vía mercantil y espera el juicio penal para cobrar de la Zona Franca unos 15 millones de euros.
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