Los alcaldes socialistas se resisten al vertedero de Ortiz en La Vega Baja

Indemnizar o no indemnizar a Enrique Ortiz, imputado en el caso Brugal, para que no construya un macrovertedero en La Vega Baja: esa es la cuestión que separa a cinco alcaldes socialistas de la comarca y a la presidenta del Consorcio de Residuos del área XVII, Luisa Pastor, también presidenta de la Diputación.

Tras la reunión que los alcaldes mantuvieron ayer con Pastor durante más de una hora, los socialistas llegaron a la conclusión de que los motivos por los que se va a construir un macrovertedero en un punto de Albatera “que ningún alcalde de la Vega Baja quiere”, según los socialistas, “son estrictamente económicos”, para evitar indemnizar a Ortiz. La posición de Pastor es la de acatar dos sentencias judiciales que decretan que la planta de residuos debe ir donde propuso el empresario (Albatera) y no donde eligió el consorcio (Torremendo).

El vertedero es necesario, es en lo que todos coinciden. La Vega Baja es la única comarca valenciana sin plan zonal de tratamiento de residuos. A lo que se oponen los socialistas es a que mientras dure el caso Brugal, en el que Ortiz es pieza clave, se anule la concesión. Sostienen que si no hay contrato de adjudicación firmado se puede comenzar el proceso de nuevo sin indemnizar a la empresa e instan a Pastor a no firmar el contrato de concesión. “En el momento en el que lo haga no hay marcha atrás”, explicó el alcalde de Rafal, Manuel Pineda. Según gestiones realizadas por los socialistas, “si se firma habrá que indemnizar a Cespa-Ortiz con 6 millones de euros”.

Los socialistas además creen tener una base jurídica para la anulación al considerar que el proyecto de Ortiz incumple la directiva valenciana sobre residuos. Según esta directiva, el centro de tratamiento de residuos de cualquier zona no puede estar a más de 30 minutos de distancia de las localidades a las que da servicio sin tener una planta de transferencia desde la que se trasladarán los residuos al vertedero de referencia. Está situación se incumple para los casos de Orihuela Costa o Pilar de la Horadada, por ejemplo. “Incluir otra planta es un sobrecoste, sube la inversión, con lo cual las cifras calculadas por la oferta de la UTE no son reales, ni dan una idea del coste final”, asegura Manuel Pineda, alcalde de Rafal. “También incumple la normativa europea”, añade, “se debe hacer un análisis de alternativas” y “ese estudio técnico no está hecho”.

Luisa Pastor tiene las manos atadas con las dos sentencias que señalan Albatera como el lugar de emplazamiento de la planta. Fuentes cercanas a la presidenta provincial, aseguran que los servicios jurídicos del Consorcio de Residuos establecen que hay que cumplir las sentencias. En el 2008 se acordó en Junta de Gobierno adjudicar a Cespa-Ortiz la construcción y gestión de la planta. “Tienen derechos adquiridos como adjudicatarios. Pedirán indemnización”, aseguran las fuentes sin poder cifrar la cuantía. Los socialistas niegan esta posibilidad. “Los derechos de costes de preparación de un concurso hay que abonarlos si es la mercantil la que promueve el concurso”, aseguran, y este no es el caso.

Pastor “está dispuesta a seguir el procedimiento a no ser que los socialistas traigan un informe jurídico con todas las ideas que han barajado en la reunión”. En una semana, convocará a la comisión técnica del consorcio para evaluar si la mercantil adjudicataria presentó toda la documentación requerida para comenzar con la gestión de residuos. Una vez dilucidada la cuestión, el Consorcio votará si acepta el macrovertedero en Albatera.

El trinomio Ortiz-Administración-basuras está muy extendido por la provincia alicantina. El Ayuntamiento de la capital deberá pagar a su empresa Inusa 15 millones por mejoras en la planta de basuras antes del 30 de marzo. Este pago lo establece el pliego de condiciones del contrato de recogida de basuras y limpieza de la ciudad, caduco desde el pasado 30 de septiembre. Entre la oposición municipal —PSPV, Esquerra UnIda y UPyD— recelan de esta situación y consideran que tiene tintes de chantaje para allanar el camino de Inusa, participada por Ortiz, Cespa y FCC. De ser así, Ortiz, imputado en el caso Brugal junto a la alcaldesa alicantina Sonia Castedo, se llevaría la llamada contrata del siglo por rondar los 500 millones de euros. La cuantía más elevada de la historia del Ayuntamiento.