Barberá elabora un código ético que escatima el acceso a la información

Valencia tendrá un Código de Buenas Prácticas hecho a regañadientes. El gobierno local entregó ayer a la oposición un borrador que deja a su arbitrio la información a los ciudadanos sobre la gestión municipal. El Consistorio no informará cuando un vecino pregunte varias veces sobre un mismo asunto o cuando varias “actúen de forma coordinada”. El texto queda abierto a las enmiendas de la oposición. Una de las ausencias es que las sugerencias que llegan a través de la web se contabilizan pero no se tramitan.

El resto del proyecto de código garantiza a los ciudadanos el uso de las dos lenguas oficiales en un ayuntamiento donde el castellano es hegemónico, exige a los funcionarios ir debidamente identificados ante los ciudadanos y mejora el control sobre las contratas municipales. No se crea un registro de regalos, pero el borrador si dice expresamente que se “rechazarán regalos que vayan más allá de los usos habituales”. Aunque, según la alcalde, un bolso de Vuitton “es un regalo habitual”.

El gobierno local del PP presenta el borrador al rebufo de la ley de Transparencia que se negocia en el Congreso de los Diputados y después de años de ocupar los puestos de cola en el ranking de la ONG Transparencia Internacional.

La alcaldesa opina que un bolso de Vuitton es “un regalo habitual”

El borrador de Valencia es más un compendio de lo que ya funciona, que un texto decididamente innovador. Según Vicente Igual, concejal delegado de Administración, el código se adaptará a la ley estatal cuando se apruebe y a continuación entrará en vigor.

En España, otros ayuntamientos tomaron mucho antes la iniciativa. El de Madrid, por ejemplo, reguló antes y mejor estas prácticas. La capital de España dispone del código de buenas prácticas desde 2008 y lo que advierte es que si se niega información se justificará. La Federación Española de Municipios y Provincias elaboró un código de buen gobierno en 2009 que ha trascendido sin entusiasmo en los consistorios españoles. Otras ciudades como Roquetas de Mar, en Almería, o Córdoba, además de regular la recepción de obsequios, ha ampliado la obligación de rendir cuentas.

Los grupos de la oposición valoraron la presentación de un borrador cuyo contenido no les gustó. “Queremos que se elimine el párrafo que restringe las peticiones de información”, manifestó la concejal socialista Isabel Dolz tras denunciar el aumento el último mes en un 10% de las quejas ciudadanas. Pilar Soriano, de Compromís, lamentó que el código llegue tan tarde y que no vaya a exposición pública para que los ciudadanos hagan sus aportaciones. “Si el PP se cree el reglamento de participación, ¿por qué no lo aplica en este caso?”, agregó.

Amadeu Sanchis, de EU, apostó también por que el tejido asociativo de Valencia se pronuncie sobre el borrador y eleve sus propuestas al pleno a través de los grupos municipales. “Nos parece una limitación de la que podría abusar el Ayuntamiento”, dijo Sanchis de la restricción prevista por el gobierno local.

El concejal Vicente Igual replicó que hay ciudadanos que preguntan “15, 20 o 40 veces por la misma cuestión” lo que supone un despilfarro de medios públicos en tiempos de austeridad. Igual insistió en que dispone de varias sentencias en las que el propio juez habla de uso abusivo.

En la Comisión de Quejas y Sugerencias Ciudadanas la oposición denunció el aumento de las reclamaciones por discriminación lingística en el Ayuntamiento, hasta el 6%.