La exconcesionaria del aeropuerto de Castellón ignora el ultimátum de Fabra

Concesiones Aeroportuarias (Conaer), la antigua concesionaria del aeropuerto de Castellón, ni se ha molestado en atender el ultimátum que Carlos Fabra, presidente de la sociedad pública Aerocas, presentó hace unos días y que vencía justamente ayer. Las condiciones impuestas por Fabra exigían a Conaer la retirada del concurso de acreedores en que se encuentra la concesionaria para proceder a la firma inmediata del acuerdo verbal alcanzado por las partes en forma de documento provisional que incluía cláusulas suspensorias de carácter general. Las exigencias del expresidente de la Diputación de Castellón han sido tomadas a chacota por la antigua concesionaria. “¿Pero el ultimátum no vencía el 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes?”, se preguntaba ayer con sorna una persona próxima a Conaer.

El conflicto entre Aerocas y la antigua concesionaria viene de lejos. Desde justamente hace un año, cuando la Generalitat, a través de Aerocas, anunciara la ruptura del contrato firmado en marzo de 2011 (una renovación que, según señaló hace pocos días, la Sindicatura de Comptes, no se ajustaba a la normativa) por considerar que no podía cumplir con sus condiciones debido al endurecimiento de las condiciones exigidas por los bancos. El Gobierno valenciano explicó que con esa decisión se iba a ahorrar “más de 30 millones de euros en un plazo de ocho años”. La ruptura del contrato llevó a la exconcesionaria a denunciar a la Generalitat en un contencioso que sigue abierto. En la denuncia, la sociedad privada encargada de la construcción y explotación del aeropuerto reclama al Consell 126,4 millones más IVA por las obras y por los daños. De los 120 millones de euros que ha costado la instalación, 80 corresponden al capital privado de Concesiones y 40 millones fueron préstamos concedidos por la Generalitat.

Conaer presentó en julio el preconcurso de acreedores que se materializó a mediados de este mes tras intentar en vano reflotar la empresa cuyo principal accionista es Globalvía con participación también de Bankia, FCC, Lubasa y PGP. La entrada en concurso voluntario de acreedores obliga al nombramiento de un administrador concursal que será quien tome las decisiones empresariales para saldar las deudas. En un primer momento, desde la sociedad pública Aerocas se intentó llegar a un acuerdo para zanjar el conflicto pero finalmente se ha optado por que sea el juzgado el que dictamine. El pasado mes de septiembre la exconsejera Lola Johnson avanzó que las negociaciones que arrancaron en enero de este año no avanzaban y que la solución de los tribunales “es la más justa”.

Carlos Fabra, sin embargo, no quiere esperar a la decisión de los tribunales y hace unos días, en su condición de presidente de Aerocas, lanzó el ultimátum. Una amenaza que ayer provocaba sonrisas en Concesiones: “A este hombre \[Fabra\] alguien tendría que explicarle que debe dirigirse al administrador concursal, no a nosotros que, además, hemos mostrado de sobra nuestra voluntad de negociar. Hemos llegado a proponer que la Generalitat presente garantías renovables anualmente para adecuarnos a sus presupuestos; pero los bancos que han concedido los créditos no aceptan. Quieren que el Consell garantice el pago. No se entiende que quienes son incapaces de garantizar el pago de las deudas, vaya poniendo ultimatums. Con estos antecedentes, la imagen de la Comunidad Valenciana se deteriora aun más, ¿quién va a querer invertir?”.