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El Gobierno catalán abre la puerta a más recortes entre los empleados públicos

La Generalitat eludiría un nuevo ajuste si el Ejecutivo de Rajoy aprueba uno durante 2013

Los empleados de la Generalitat no tendrán tregua en la lucha que mantienen contra los recortes desde hace dos años. El nuevo Gobierno catalán los amenaza con otra oleada de ajustes para poder digerir el nuevo tijeretazo de 4.000 millones de euros que tendrá que dar al déficit autonómico el próximo año. Así lo ha advertido este viernes su vicepresidenta, Joana Ortega, quien ha asumido que “todo está sobre la mesa” cuando, en una entrevista concedida a Ràdio 4, ha sido cuestionada sobre la necesidad de acometer nuevos ajustes en la función pública.

No es la primera declaración del Ejecutivo en ese sentido, pero sí la más concreta hasta el momento. El consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, advirtió el jueves que la nueva receta de austeridad tendrá que ser asumida por “el sector público y la sociedad civil”. Y el pacto de legislatura suscrito por CiU y ERC, en el que se habla de proseguir los trabajos de “racionalización y ahorro” en la función pública, abre también la puerta a proseguir el mismo camino emprendido por el gabinete de Mas en su primer mandato.

Este año, los recortes de derechos laborales que han sufrido los trabajadores públicos le han supuesto a la Generalitat un ahorro de 729 millones de euros. Esas mismas medidas no tienen fecha de caducidad hasta 2014. Pero lo más probable es que durante el próximo año los funcionarios tengan que asumir otras nuevas que reduzcan todavía más el gasto salarial de la Administración.

La duda del equipo de Artur Mas es si la Generalitat se verá obligada a aprobarlas directamente, manteniendo el cisma actual con los sindicatos, o si podrá eludir esa responsabilidad porque las haya tomado previamente el Gobierno central. Mariano Rajoy también se debe a la causa de la lucha contra el déficit, obligado en este caso por Bruselas, y Ortega considera que deberá asumir nuevas medidas que cercenen derechos laborales de los funcionarios de todos los niveles de la Administración.

“Si no llegara a hacerlo veríamos si realmente es necesario tomar medidas como esta”, ha señalado la vicepresidenta, solo un día después de asumir por segunda vez el cargo. La carrera por recortar el gasto amenaza con repetir la misma historia de este año, cuando la Generalitat suprimió la paga extraordinaria de verano y luego tuvo que rectificar porque el Gobierno central había tomado la misma decisión. El Gobierno evitó entonces que algunas medidas tuvieran un efecto duplicado en Cataluña y Ortega señaló que mantendrán el mismo principio durante el próximo año 2013.

Lo cierto, según asegura Ortega, es que los recortes necesarios para asumir los objetivos de déficit hacen “imprescindible” seguir haciendo “ajustes muy importantes”. El objetivo, no obstante, pasa por “repartir el trabajo entre el máximo posible de personas” y por tanto evitar “incrementar la bolsa del paro”.

Esa es justamente la tesis que sus emisarios han intentado trasladar en el último año a la mesa de la función pública, donde negocian con los sindicatos presentes en la Administración. Pero sus pretensiones han caído siempre en el fracaso y, pese a la máxima, la Generalitat ha destruido 5.700 trabajadores en dos años, básicamente eventuales.