El expediente por los vertidos al Odiel se cierra con una multa de 1,8 millones

La gestión de los residuos es un problema para la minería. Esta actividad vive desde hace algunos años un renacer en la denominada Faja Pirítica Ibérica, una rica área geológica que se extiende por el subsuelo de las provincias de Huelva y Sevilla. Pero, si las grandes balsas en las que se acumulan los desechos tóxicos no se manejan bien, la minería se convierten en una amenaza medioambiental. Así ocurrió en 1998, cuando reventó el embalse de la explotación de Aznalcóllar, lo que desencadenó uno de los mayores desastres ecológicos registrados en Andalucía. Así ocurrió también a principios de 2010 en las balsas de desechos de la antigua mina onubense de Riotinto, aunque sin los dramáticos efectos provocados por la compañía sueca Boliden hace 14 años.

El Consejo de Gobierno de la Junta ha impuesto este viernes una multa de 450.000 euros a las tres sociedades que eran propietarias de estas balsas a principios de 2010: Emed Tartessus, Construcciones Zeitung y Rumbo-5 Cero. Además, el Ejecutivo andaluz les obliga a pagar una indemnización de 1,4 millones de euros por los daños causados por los vertidos tóxicos al río Agrio, afluente del Odiel, algo que la Junta considera una infracción "muy grave".

Tras este caso están las fuertes lluvias que se registraron a principios de 2010 en el sur de la Península. Ante la subida del nivel del agua en el embalse de residuos de Riotinto—que alberga restos de cobre, hierro, zinc, arsénico y cianuro—, Emed Tartessus optó por realizar "descargas ordenadas" al cauce del Odiel. La multinacional, que lleva años intentando reabrir esta explotación, sostuvo en su día que los vertidos se hicieron con el conocimiento de la Administración autónoma. Pero no con su permiso. De ahí que la antigua Agencia Andaluza del Agua decidiera abrir el 21 de septiembre de 2010 un expediente a Emed Tartessus.

La compañía recurrió. Pero lo que realmente ha paralizado durante tanto tiempo este asunto ha sido la investigación que se abrió en el Juzgado de Instrucción 1 de Valverde del Camino (Huelva). La vía penal se archivó en julio de este año y la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente retomó el expediente, que ha terminado ahora en la sanción e indemnización de 1,86 millones de euros.

Inicialmente, el expediente se abrió solo a Emed Tartessus, que entonces controlaba el 34% del terreno por el que se extienden las balsas. La Administración autónoma ha decidido incluir ahora a las otras dos sociedades que entonces eran propietarias de la zona. En este momento, Emed ya controla todas las balsas y dice haber realizado un programa de mejora para evitar vertidos. Este es uno de los condicionantes que le ha impuesto la Junta para poder reabrir esta explotación minera, cerrada desde 2001.

Pero los problemas para Emed con estas enormes balsas —con capacidad para albergar 90 millones de toneladas de desechos— no han terminado. Otro de los requisitos que debe cumplir si quiere operar la mina de Riotinto es presentar un seguro de responsabilidad civil para los estériles por valor de 180 millones de euros. Emed recurrió ante la Administración esta cláusula el 19 de diciembre y la Junta tiene tres meses para responder.

La póliza cubriría los daños provocados por un hipotético accidente. Todavía está vivo —y en los juzgados— el recuerdo de Aznalcóllar. Catorce años después, la Junta sigue intentando que Boliden pague los 89 millones que costó reparar el daño provocado por aquel vertido tóxico.