Sin aviones, caro y con irregularidades

El aeropuerto de Castellón sigue sin aviones, a pesar de que el año pasado ya se habían gastado 138,5 millones de euros en esta infraestructura. Y su futuro es incierto tras el pleito que han entablado Aeropuerto de Castellón SL (Aerocas), la empresa de la Generalitat, y la firma Concesiones Aeroportuarias, que mantienen desde hace casi una década una relación contractual plagada de irregularidades.

El próximo sábado se acaba el plazo para que Concesiones Aeroportuarias, la sociedad que ha construido el aeropuerto de Castellón y que debía explotarlo durante 50 años, decida sobre la propuesta anunciada la pasada semana por Carlos Fabra, presidente de Aerocas. Si no se aceptan las condiciones, no desveladas, el conflicto se resolverá en el juzgado.

El ultimátum se produce justo un año después de que la Generalitat, a través de Aerocas, anunciara que rompía el contrato renovado en marzo de 2011 por considerar que no podía cumplir con sus condiciones. Esta semana, la Sindicatura de Comptes ha revelado que esa novación no cumplía con la normativa, pero las irregularidades no son una excepción. El órgano auditor lleva desde 2003 realizando advertencias sobre los contratos con la concesionaria.

Se han pagado ya 33,5 millones de sobrecostes e indemnizaciones

El primer pliego de cláusulas para la contratación de la construcción y explotación del aeropuerto se publicó en mayo de 2003 y fue modificado a los dos meses. A la oferta tan solo acudió Concesiones Aeroportuarias (Conaer), entonces formada por Lubasa, FCC y PGP Asociados. En diciembre de ese mismo año se formalizó un contrato introduciendo nuevas estipulaciones que variaron las condiciones de la licitación. “Las partes van más allá de la mera aclaración e introducen una nueva redacción no prevista y que es distinta del texto del pliego”, recoge el informe de 2003. Según la Sindicatura, Aerocas debía haber realizado una nueva licitación, pero Aerocas alegó que no hubo reclamaciones dado que no existían competidores.

En octubre de 2004, Conaer solicitó nuevos cambios que fueron aprobados por Aerocas en diciembre. En ellos, la firma pública asumió la “obligación” de restablecer el equilibrio económico cuando se dieran sobrecostes. La cláusula condenó al Consell a hacerse cargo del coste provocado por los retrasos de la obra. Y los problemas no tardaron en llegar.

En 2005 el Ministerio de Fomento paralizó durante cinco meses la construcción del aeropuerto. La exconcesionaria reclamó el pago de 18,15 millones como indemnización y la cifra fue aceptada por Aerocas sin poner pegas. “La reclamación no va acompañada de ningún documento acreditativo de los daños reclamados”, advirtió la Sindicatura. Aunque la empresa pública reclamó informes, Conaer nunca los aportó. Aun así se aceptó pagar esa cifra. El director general, Juan García Salas, justificó en un informe que la reclamación era “coherente con los parámetros del mercado”, no obstante, matizó que era imposible su verificación y que la cifra podía no adecuarse a la realidad. Por ello, la Sindicatura concluyó que el desembolso no estaba justificado. Aerocas pidió un préstamo bancario de 18,5 millones que vence en 2027 y que ha asumido la empresa pública para hacer frente a ese pago.

El primer contrato se modificó solo dos meses después de firmarse

En 2009 Aerocas reconoció nuevos sobrecostes y aceptó pagar otros 11,18 millones como variación de precios.

La última modificación significativa fue la novación del contrato firmada en marzo de 2011 y cuyas condiciones provocaron la ruptura definitiva de la Generalitat en diciembre del año pasado. En dicha novación, Aerocas aceptó pagar un nuevo sobrecoste de 4,15 millones que la Sindicatura considera que tampoco está razonado “ni por Aerocas ni por Concesiones Aeroportuarias”.

Estas modificaciones también se aprobaron a petición de la concesionaria como resultado del nuevo escenario económico y financiero. Pero la empresa del Consell asegura en sus alegaciones que “la novación solo puede ser considerada como favorable para Aerocas”. Entre los principales cambios analizados por la Sindicatura está la eliminación del pago, por parte del Consell, de seis euros por cada pasajero menos de los 600.000 previstos inicialmente y la retirada del canón de un millón anual que la concesionaria debía abonar por la explotación. En su lugar, tal y como explica Aerocas en las alegaciones presentadas a la Sindicatura, se estableció que realizaría aportaciones directas durante seis años para pagar las pérdidas a Conaer. Según el documento, en el primer supuesto la empresa pública hubiera pagado 17,4 millones en ocho años y, con la novación, 13,15 millones.

Si la concesionaria rechaza el acuerdo, el juzgado resolverá el contrato

“Es precisamente el cambio operado, sorpresivamente, por la concesionaria en julio de 2011 (…) lo que está en el fondo de la no entrada en vigor de la novación", defiende Aerocas. Según sostiene, la concesionaria amplió a 21,2 millones lo que debía percibir de las arcas públicas, tal y como plasmó en el Plan Económico y Financiero (PEF) presentado como condición tras la novación. En este documento, que plasmaba las previsiones económicas de la explotación del aeropuerto de Castellón en los próximos 47 años, Conaer cifró en 893,3 millones el beneficio bruto de todo el periodo del contrato, una media de 19 millones al año. De ellos, el 10% sería para Aerocas.

Con todo, la firma pública insiste en que la novación era beneficiosa ya que pagaría menos (de 13 a 21 millones) por las pérdidas de los seis primeros años y se embolsaría más dinero por los supuestos beneficios posteriores (89,3). Ahora, que la concesionaria ha llevado el acuerdo a los tribunales y la Generalitat se enfrenta a una reclamación de 126 millones, a no ser que haya acuerdo en los próximos días.