El peligro de jugar al fútbol con ladrillos

El Córdoba Club de Fútbol es más que una Sociedad Anónima Deportiva. Es un equipo de la Segunda División que ha vivido, como otros muchos clubes, años muy convulsos por la crisis económica. Los dos administradores concursales elegidos por el Juzgado de lo Mercantil 1 de Córdoba para tomar las riendas de la sociedad deportiva tras entrar en concurso de acreedores remitieron hace unos meses un informe al magistrado en el que apuntaban a la "culpabilidad" de la quiebra económica y del concurso de acreedores a los anteriores administradores del club.

En el caso del Córdoba, los números rojos están estrechamente ligados al batacazo de la construcción y de empresas que han sido referentes en ese sector, como el grupo inmobiliario Prasa. La firma cordobesa fue la principal accionista del equipo. Sus saldos negativos fueron incapaces de soportar las pérdidas de la entidad deportiva. Y, finalmente, las deudas y los números rojos de todos, abocaron al Córdoba al concurso voluntario de acreedores por deudas de más de 14,6 millones de euros.

En su informe, los técnicos designados por el juzgado señalan la culpabilidad de 15 administradores de derecho, encabezados por el anterior presidente de la entidad, José Miguel Salinas, y en el que se incluye el actual concejal de Deportes del Ayuntamiento, Miguel Reina. También incluye la responsabilidad de las entidades mercantiles Grupo Prasa, como administrador de hecho, y del propio Córdoba Club de Fútbol.

El documento solicita al juez "la inhabilitación para administrar los bienes ajenos por dos años" a siete de los miembros de la anterior cúpula directiva del equipo; y por cuatro años a otros nueve, incluyendo al expresidente. Asimismo, a todos los implicados se les pide la condena de "indemnizar los daños y perjuicios causados a la masa activa de la deudora en forma y cuantía", que suman 8,4 millones de euros.

Pero, ¿qué es lo ocurrido en el seno de la entidad? En su resumen de los hechos, los administradores concursales describen un panorama en el que ni Prasa asume sus compromisos económicos ni los directivos del club se lo exigen. Todo ello, aboca a un desequilibrio patrimonial continuado del Córdoba. Las cuentas anuales de los ejercicios sociales entre 2008 y 2011 acreditaban unos fondos propios inferiores al 50% del capital social por lo que, para evitar que la sociedad incurriera en causa legal de disolución, al tiempo de ser aprobadas las cuentas, Prasa se comprometía con sumas de 571.459 euros en la temporada 2008-2009 y 2,5 millones en la temporada siguiente. Llegándose a los 3,4 millones en el ejercicio social de 2010-2011.

Pero el dinero no circulaba. Y como constata el informe, "se incumplieron sistemáticamente los acuerdos sociales y las propuestas de restablecimiento patrimonial" en las cantidades anteriores. Esto "entraña per se un daño para la sociedad por valor equivalente al montante de las aportaciones que el accionista mayoritario se obligó a realizar y que no desembolsó y que los administradores sociales tampoco le exigieron".

Paralelamente, se eliminaron las cuentas pendientes de Prasa con el club. "La eliminación en las cuentas del saldo deudor a cargo de dicho accionista mayoritario", representa para los administradores concursales, "la tácita condonación de la deuda, con el consiguiente daño para la sociedad en importe igual al de la deuda eliminada".

Los administradores concursales constatan que el Consejo de Administración conocía la dura realidad del club. Pero agravaron la insolvencia de la entidad manteniendo la actividad de la sociedad, "contrayendo nuevas obligaciones y acumulando pérdidas". Los administradores destacan la "voluntad rebelde" de Prasa que no cumplió los acuerdos y propuestas de restablecimiento patrimonial de la entidad. Pero también acusan de los mismos a los administradores sociales, que no exigieron su cumplimiento.