De ‘business-friendly’ a líderes del impuesto

Los vientos soberanistas le están dando a Artur Mas un aire a Olof Palme. Incluso Andreu Mas-Colell, apóstol de la microeconomía neo-walrasiana, está en un proceso de transformación urgente para lograr un parecido aceptable con Gunnar Strang, gran arquitecto del Estado de bienestar sueco.

El pacto CiU—Esquerra ha dado la vuelta como un calcetín a las velas convergentes. Es cierto que las autonomías tienen poco margen en impuestos y Cataluña es la comunidad con mayor presión fiscal, con el tipo marginal de IRPF más alto de España. También es verdad que el Gobierno central incumple sus compromisos y es insolidario en el reparto del déficit con las autonomías, que son las que tienen competencias en enseñanza, sanidad y servicios sociales. Pero en épocas de crisis, cuando en las bodegas del barco catalán el aire es irrespirable, los pequeños gestos ayudan a sobrevivir, cimentando la idea de que los efectos de la crisis se reparten un poco. Choca oír a Mas, el presidente business-friendly, referirse en su discurso de investidura a un pacto nacional contra la pobreza y la exclusión después de haberse aplicado a fondo con los recortes a la renta mínima de inserción, un ajuste que la Generalitat presentaba como un trofeo de caza en las reuniones con inversores internacionales.

Del catálogo de impuestos a aplicar —pactados con Esquerra Republicana—, la inmensa mayoría son de difícil encaje con la deriva neo-liberal seguida en los últimos dos años por CiU. Los incondicionales del recorte han pasado a ser abanderados de tasas sobre residuos nucleares, de los impuestos sobre la contaminación o gravámenes a los depósitos bancarios. Ahora CiU defiende la presión fiscal sobre las sucesiones —que liquidó hace dos años— y está en la vanguardia en la creación de tasas sobre las bebidas refrescantes… Si acaba aplicándose toda esta relación de impuestos, la ciudadanía tendrá un motivo más para dudar de algunos políticos. El pacto con Esquerra ha tenido la virtud de desnudar al rey, de mostrar cuan fácil es cambiar de orientación sin sonrojarse. Y eso actúa en detrimento de la política, pero también muestra la fragilidad de las verdades inmutables. Si un recorte de 4.000 millones de euros para 2013 —el 10% del presupuesto de la Generalitat— puede reducirse vía ingresos, debe intentarse. Hay que dejar a un lado los discursos fundamentalistas —como el de CiU con el impuesto de sucesiones— que resultan poco ejemplarizantes con 840.000 parados y un 22% de ciudadanos de Cataluña en el umbral de la pobreza.

La mesa del tercer sector ha cuantificado una deuda de 435 millones de euros por parte de la Generalitat. Y eso es lo urgente. Es más que preocupante que se enciendan las luces de alarma en la última trinchera de la cohesión social, que no se ha cansado de clamar —sin pretensión partidista alguna— por una nueva orientación de la política económica. Los gobiernos deben actuar en favor de los ciudadanos y eso les obliga a llevar a los foros de la Unión Europea esa problemática austeridad que castiga más a los que ya son austeros. Con demasiada frecuencia no solo se olvida sino que se subvierte el orden lógico: los gobiernos deben trabajar para los ciudadanos, no para las grandes corporaciones financieras. Hay países que incrementan la presión fiscal sobre las sociedades y otros que, a pesar de la crisis, siguen manteniendo los tipos bajos. En España hay grandes empresas que pagan un tipo medio del 5%, mientras que el IRPF puede llegar al 56% (Cataluña), el tercer tipo marginal más alto del mundo. En 2011, las sociedades solo pagaron un 11,6% de sus ganancias contables, según datos de la Agencia Tributaria, un porcentaje inferior incluso al que soportan las familias por su renta (12,4%). Hay mucha esfuerzo solidario por repartir.

Si CiU disolvió el Parlament tras una manifestación de 1,5 millones de personas, si para avanzar hacia el derecho a decidir ha rescrito su programa y ha convocado elecciones, es exigible que haya otras muestras de sensibilidad. Si se invoca a Europa para legitimar el proceso soberanista, ¿por qué no hacerlo para acabar con los recortes? El margen de maniobra autonómico es limitado, pero, a la vista está, con voluntad política se obran pequeños milagros.