La justicia gratuita recibe otro golpe con el recorte a los colegios de abogados

La Junta mantiene para 2013 los fondos destinados a la justicia gratuita (44 millones), a diferencia de otras comunidades que han recortado hasta un 20% por la crisis. Los abogados que se encarguen de este servicio seguirán recibiendo su dinero de la Junta de Andalucía, aunque el incremento en esta partida no compensará el creciente volumen de peticiones, que no han parado de aumentar desde que empezó la crisis. Sin embargo, el Ejecutivo ha dejado en la mitad la partida destinada a los colegios de abogados y procuradores para pagar a los funcionarios encargados de tramitar los casos que se incluyen en este servicio: de 3,9 millones en 2012 pasa a 1,9 millones.

El tijeretazo ha puesto en pie de guerra a los representantes de los letrados, ya que el duro recorte afecta de manera grave a sus servicios de justicia gratuita, sobre todo en ciudades como Jerez o Antequera. Estos responsables alertan incluso del riesgo de un “colapso”. “Es una idea disparatada, injusta, inasumible por los colegios y que puede conducir a que el funcionamiento de los servicios de asistencia y orientación jurídica se vean obligados a una reducción. Los ciudadanos sufrirán mayores dilaciones en la designación de abogados”. El presidente del Colegio de Abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, rechaza la medida y confía en un cambio de rumbo de la Junta.

La modificación del reglamento de asistencia jurídica gratuita se aprobará en el Consejo de Gobierno de esta semana, pero los recortes afectan sobre todo al bolsillo de los abogados que prestan este servicio en Andalucía. Los letrados que realizan esta labor han tenido un recorte del 10% en sus honorarios, lo que supone para la Junta ahorrar 3,9 millones, que se sumarían a los 2 millones en gastos de funcionamiento de los colegios de abogados. “Se trata de optimizar el gasto”, resume el consejero de Justicia, Emilio Llera. Desde la Junta se mantiene que la reforma pretende garantizar el mantenimiento y sostenibilidad económica de la asistencia jurídica gratuita adaptando este servicio a la actual realidad económica presupuestaria. El ajuste y el ahorro que generarán permitirán seguir manteniendo este servicio, asumiendo el incremento de las asistencias y beneficiarios que se viene registrando. Se trata de sostener este servicio y adecuarlo a los recursos actuales, que se mantienen para poder garantizar de esta forma este derecho. Es el esfuerzo compartido que la Junta pide a los abogados y procuradores para no dejar a ningún ciudadano sin esta asistencia fundamental. El número de letrados y procuradores que prestan este servicio actualmente supera los 8.000 (más de 7.000 son abogados)

El turno de oficio abarca servicios de letrados a detenidos, reclusos de prisiones, víctimas de violencia de género, menores e inmigrantes afectados por asuntos de Extranjería, entre otros colectivos. Pero la crisis ha acentuado la demanda de la justicia gratuita y el turno de oficio es cada vez más habitual entre los ciudadanos que antes pertenecían a la clase media. El recorte para colegios con menos inscritos que el resto, como el de Antequera, es muy serio. “Provocará que prestemos el servicio en condiciones mínimas porque es imposible. Los colegios tenemos hasta el 15 de enero para tomar una decisión. Ahora, contamos con dos personas y analizamos una reducción de plantilla o de jornada”, se lamenta el presidente de los abogados de Antequera, José Manuel González.

El presidente de los Colegios de Abogados de Andalucía, José Rebollo, tilda el recorte de “descomunal”. “Sin duda el servicio se va a prestar peor. Se tardarán más en las designaciones y las colas se multiplicarán. La única subida serían las cuotas y esto está prohibido porque muchos abogados no están adscritos”.

La Consejería de Justicia sostiene que la apuesta es mantener este servicio "irrenunciable" bajo los criterios de austeridad y eficiencia, y que el monto total de la partida se mantiene con 44 millones. La Junta ha abonado los pagos pendientes de 2011 y espera pagar con presteza los gastos de 2012. Solo quedarán pendientes los abonos por el turno de oficio para los letrados a finales de año, después de pagar los gastos de funcionamiento que gestionan los colegios, las guardias de los letrados y el turno de oficio de los procuradores.

Por el camino se ha quedado el servicio de orientación jurídica penitenciaria, una partida que ronda los 400.000 euros pero que la crisis se ha comido. El convenio entre el Ministerio del Interior y Justicia no se ha firmado este año y los presos carecen de las visitas de los abogados a las cárceles para aclarar las dudas que se les plantean.