El TSJA designa una nueva juez para sustituir a la instructora de los ERE

Nuevo cambio en el caso de los ERE. El Tribunal Superior de Justicia (TSJA) ha designado a la juez Ana Rosa Curra Rojo como sustituta de la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya. Después de más de tres meses alejada del juzgado por enfermedad, este cambio en la sustitución de Alaya ralentiza aún más si cabe la instrucción del caso de corrupción más grave que se instruye en la comunidad. El magistrado Iván Escalera ha sustituido a Alaya desde que esta comenzó su baja el pasado 12 de septiembre y ahora abandona por sorpresa la investigación con la que ya se había familiarizado.

La juez designada para emprender esta compleja instrucción desde cero es Ana Rosa Curra Rojo. Su tarea pasa por familiarizarse con las 23.000 páginas del sumario a las que hay que sumar otros 200.000 folios de prolijos anexos que acumula la instrucción. Tras dos años de investigación, la causa acumula 60 imputados y graves implicaciones de empresas, bufetes de abogados y ex altos cargos de la Consejería de Empleo. Hasta ahora Escalera había renovado su sustitución en el juzgado al mismo ritmo que Alaya renovaba sus bajas por enfermedad, pero esta semana las nuevas normas dictadas por el Ministerio de Justicia han variado el criterio del alto tribunal andaluz.

El TSJA ha designado a Curra como juez de refuerzo, una magistrada que integra la llamada bolsa de jueces de adscripción territorial. Su incorporación está prevista para el próximo 3 de enero. Mientras, Escalera sustituirá la plaza del magistrado del Juzgado de lo Social 6 de Sevilla. Las decisiones de Escalera no han sido trascendentes, según fuentes del caso, y el juez se ha limitado a resolver sobre decisiones anteriores que implicaron la prisión provisional para los principales imputados. Ahora la magistrada Curra comenzará a tomar decisiones sobre un vasto sumario que se encuentra bajo secreto  tras la petición de la Guardia Civil para averiguar los últimos beneficiarios de los fondos públicos malversados en la Consejería de Empleo. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) establece en su reglamento para la carrera judicial que las licencias por enfermedad para jueces son concedidas con el límite máximo de seis meses por año computado desde el inicio de las mismas. De este modo, el Consejo tiene en sus manos que Alaya conserve la instrucción en caso de que no mejore de su enfermedad.

El órgano de gobierno de los jueces podrá prorrogar “estas licencias por enfermedad” cada mes, “previo informe de la autoridad judicial que otorgó la licencia inicial”. “Estos informes deberán constar si procede o no a la jubilación por incapacidad permanente”, especifica el reglamento para las enfermedades de los jueces. El objetivo último es que una causa no sufra un gran retraso, ya que la ausencia de los magistrados puede afectar al derecho de defensa de los imputados, además de a los resultados de una investigación por la destrucción de pruebas u otros efectos negativos sobre la instrucción.

En caso de que las bajas se prorrogaran durante seis meses, la salida por incapacidad permanente de un juez puede iniciarse por varias vías: el Consejo puede proponerla de oficio, pero también a instancia de la Sala de Gobierno del tribunal o de la Audiencia Provincial, así como de la fiscalía o por parte del propio juez.