Segunda oportunidad para los desahuciados

Las familias con múltiples deudas que no pueden hacer frente al pago de su hipoteca, se han quedado sin piso y aún deben dinero al banco merecen una “segunda oportunidad”. Si el afectado intenta abonar sus deudas de buena fe, no debe ser sometido a una “muerte civil”. Eso es lo que opinan los abogados catalanes, que han elaborado un estudio junto a magistrados, notarios y profesores de Derecho para buscar soluciones al drama de los desahucios que azota España. El Consejo de Colegios de Abogados de Cataluña remitirá su informe a todos los partidos con representación para que tomen medidas “de forma urgente”, explicó ayer su presidente, Pedro L. Yúfera.

La principal propuesta del grupo de expertos se basa en que las personas insolventes puedan detener las reclamaciones judiciales sobre su vivienda habitual. Una vez logrado ese paso, el afectado podrá solicitar, proponer el estudio, que se tramite un procedimiento para liquidar su deuda “de forma ordenada”. Ese camino debe recorrerse fuera de la vía judicial, a través de unas “comisiones de sobreendeudamiento” que busquen soluciones caso por caso. Esas comisiones estarían formadas, sigue el estudio, por mediadores, administradores concursales o entidades de consumidores, entre otros.

Para muchas personas, el problema es que deben tanto dinero a los bancos que acaban sometidos una “insolvencia vitalicia” que les impide “rehacer su vida” y les convierte en carne de cañón de la exclusión social, explicó en la presentación del informe el profesor de Derecho Procesal Christian Herrera. Se trata de dar a esas personas una “segunda oportunidad”, precisó Herrera, de forma que, si emplean todo su patrimonio en saldar la deuda, en el plazo de cinco años quede exonerado de responsabilidad. “Lo contrario supone la muerte civil”, añadió.

El estudio también subraya la necesidad de modificar las normas procesales para que el hipotecado tenga la posibilidad de “alegar la existencia de cláusulas abusivas” y, de ese modo, pedir la suspensión de la ejecución. Los abogados creen, además, que se debe modificar el límite embargable en las ejecuciones hipotecarias. No se debería poder embargar, por ejemplo, el salario mínimo interprofesional aumentado en un 50%. El objetivo es “garantizar que las personas desahuciadas dispongan de una cantidad mínima para vivir”, según el estudio.

Yúfera criticó el decreto de medidas urgentes aprobado recientemente por el Gobierno del PP ante el drama de los desahucios porque, a su juicio, “no resuelve ningún problema”.