Los alumnos del colegio Luis Vives salen a la calle para exigir seguridad

En la fachada del colegio Luis Vives de Valencia se exponen varias placas que ratifican lo significativo que es el lugar. Desde el clásico “Fundado en” hasta visitas honoríficas. Estos días, además, varios carteles elaborados manualmente adornan estas paredes. Uno es el que expone el número de lotería de navidad. Otros se refieren a la “nueva precaución” que requieren sus alumnos: cascos, mascarillas, guantes, linternas... todo un arsenal más digno de un minero que de un estudiante. Con este atuendo, decenas de personas cortaron ayer la calle del colegio para protestar contra el estado del inmueble, que solo en el último mes ha sufrido dos desplomes del techo.

“Lo que pedimos es una reforma integral, no un apaño”, se quejaba ayer Alejandra Puchades, vocal de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA). Según explicaron los asistentes a esta cuarta concentración, el colegio soporta casi un siglo de historia y, a estas alturas, “se cae en pedazos”. “No hay mal que 100 años dure ni colegio que los resista”, rezaba la pancarta principal. No lo decía en balde: el pasado 23 de noviembre se derrumbó el techo de una de sus aulas. No hubo ningún afectado porque se produjo de madrugada. Y el 15 de este mes, otro segundo techo se desplomó en uno de los baños, aunque tampoco conllevó daños personales. Desde entonces, estas dependencias están precintadas. “Y no solo eso”, continuaba la vocal del AMPA, “desde hace meses el espacio no es apto para dar clases”. Tal y como enumeran algunas de las 250 familias que llevan a sus hijos al centro, en el recinto “muchos” enchufes están desinstalados, casi a diario salta la electricidad y hay unas goteras “que rayan lo insalubre”.

Los padres y madres dicen que la situación es "inconstitucional"

Para lograr una remodelación completa, la asociación ha presentado una queja al Síndic de Greuges y se plantea emprender acciones legales contra la Generalitat por “poner en peligro” la “seguridad” de sus hijos. “Han presupuestado una reforma de 600 metros cuadrados de techo”, añadía Puchades, “pero no es eso: es que todo el edificio necesita obras”. Según fuentes de la consejería, desde el primer derrumbe existe un plan de rehabilitación para las zonas cercadas que empezará el 22 de diciembre. “Ahora mismo están hacinados”, comentaban dos de los concentrados. Por culpa de estos cierres, según exponen algunos padres y madres, los alumnos se han quedado sin horas de refuerzo. “Ya estuvimos denunciando antes que había gente que daba clases en los pasillos porque no había aulas suficientes”, añadían.

Este cúmulo de desgracias ha ido mermando las capacidades del centro hasta límites que los usuarios consideran “inconstitucionales”. Antes de los derrumbes el AMPA ya lamentaba la ausencia de salida de emergencias o de agua potable en la fuente del patio y en uno de los grifos de los baños. Ahora, la nueva coyuntura hace que entre los cerca de 400 alumnos compartan dos baños sin distinción entre sexos. “Estamos pidiendo prudencia, pero ya no podemos más”, avisan.

Estos desperfectos ya han llegado al Ayuntamiento. Hace unas semanas, el concejal socialista Félix Estrela solicitó con urgencia la creación de una comisión de educación que incluya a la Federación de Madres y Padres de Valencia (FAPA) para que se lleve a cabo una auditoría sobre el estado de los centros escolares de la ciudad. “No se construyen nuevos desde hace años, y los demás cada vez están en peores condiciones”, argumentó. Amadeu Sanchis, edil de EU, pidió la depuración de responsabilidades y concluyó que estos acontecimientos se deben a “una política que no prioriza las necesidades básicas, como es el mantenimiento de colegios".