A Coruña decide cobrar el IBI a su universidad y exime a la Iglesia

A la Iglesia ni tocarla, pero a la universidad pública sí. El Ayuntamiento de A Coruña, gobernado por el alcalde Carlos Negreira (PP), ha decidido cobrar a la institución académica, por primera vez en sus dos décadas de existencia, el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). De golpe y porrazo, en plena ola de protestas de rectores por los abultados recortes que asfixian los campus públicos, quedó anulado el acuerdo por el que la universidad coruñesa estaba hasta ahora exenta del pago de esta tasa en la capital provincial. Una dispensa de la que siguen, sin embargo, gozando la mayor parte de los campus españoles o las múltiples propiedades de la curia, sean o no de uso religioso.

Por la vía de apremio le llegó al Rectorado el requerimiento del Ayuntamiento coruñés para que ingrese sin dilaciones en las arcas municipales 85.000 euros por los edificios que tiene repartidos en la ciudad. Tan solo cuatro meses antes, el equipo de gobierno de Negreira impidió que el pleno municipal debatiese la posibilidad de levantar total o parcialmente la exención del IBI del que goza la Iglesia católica desde el inicio de la democracia. Ante tanta premura, la Universidade da Coruña pagó. Pero acordó al mismo tiempo recurrir por la vía administrativa el pago de un impuesto del que hasta ahora siempre se había librado. También en Ferrol, cuyo Ayuntamiento, al contrario del coruñés, sí mantiene viva su decisión de no recaudar por las distintas sedes del campus en esta ciudad departamental.

Y aunque dos leyes de rango estatal establecen la posibilidad de dispensar a las universidades del pago del IBI, la disparidad de criterios y de afán recaudatorio de las siete ciudades gallegas con campus es llamativa. Santiago, en 2005 y Lugo, 2007 acordaron, tras años de pleitos judiciales y estando ambas gobernadas por el PSOE, eximir de ese impuesto a la Universidad compostelana —Lugo solo le cobra el 5% de lo que correspondería—. Ourense, también con alcalde socialista, se sumó el año pasado y desde entonces libra de esa tasa a la institución académica de Vigo. Pero esta, sin embargo, es de las pocas universidades de España que paga religiosamente el IBI por sus edificios en Vigo (con alcalde del PSOE) y Pontevedra (regida por el BNG). Un recibo nada desdeñable que, con la subida del IBI del 10% para este año, asciende en total a 548.000 euros.

En la Ley Orgánica de Universidades se establece claramente la exención de este impuesto municipal de bienes inmuebles. Aunque no es una obligación legal para los Ayuntamientos. Son muchos los que, como el de Lugo, prefieren aplicar a los edificios universitarios la ley reguladora de las haciendas locales, que permite aplicar bonificaciones de hasta el 95% a los centros dedicados a la enseñanza o la educación.

En el plan de sostenibilidad económica que la Xunta exigió a las tres universidades gallegas, está recogida la exención del IBI que solo pagaba, hasta ahora, la Universidade de Vigo. Pero con el cambio de criterio de A Coruña, ya son mayoría las ciudades gallegas, entre ellas dos de las tres que albergan las sedes centrales de las universidades, que sí recaudan ese impuesto. En Vigo, ya hace tiempo que el rectorado negocia, hasta ahora sin éxito alguno, con el Ayuntamiento que preside el socialista Abel Caballero la exención de un impuesto caro (más de medio millón de euros). Mientras Pontevedra estudia dejar de recaudar los 33.000 euros anuales que cobra por sus edificios universitarios, el caso de Vigo está ya en manos de los tribunales. Aunque en el terreno judicial, la disparidad de sentencias también es importante.