EU denuncia irregularidades en la concesión de L’Umbracle

Las irregularidades no se han producido únicamente durante el proceso de construcción de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA), también durante el proceso de adjudicación de las concesiones. Esta es la tesis que ayer mantuvo el portavoz adjunto de Esquerra Unida Ignacio Blanco que denunció que, de la información obtenida a través de la Sindicatura de Comptes y el registro mercantil, la explotación de L’Umbracle como discoteca se adjudicó en 2007 a una empresa que ni siquiera se había constituido.

Blanco denunció la opacidad del Consell, que se ha negado a facilitar los contratos de la concesión para explotar L’Umbracle y L’Oceanogràfic con el argumento de que preparan la privatización de la gestión de todo el complejo y la difusión de las condiciones actuales podrían repercutir en el pliego de condiciones que prepara CACSA.

El parlamentario de Esquerra Unida explicó ayer que el contrato para explotar la discoteca y servicio de restauración de L’Umbracle se adjudicó el 23 de enero de 2007 a una firma, Ocio y Entretenimiento Costa Este, SL, que no se constituyó hasta el 14 de febrero del mismo año.

La concesionaria está, además, participada por la familia Broseta Dupré, bien relacionada con el Consell de la Generalitat. El contrato se adjudicó a cambio de un canon anual de 90.000 euros más IVA por un periodo de tres años, prorrogable otros 15. Un precio que Blanco considera excepcionalmente bajo para una discoteca que puede albergar a un millar de personas y que dispone, además de espacio para almacén y oficinas, de una terraza con capacidad para 5.000 personas.

Según Blanco, esta sociedad, en realidad, subcontrata todo el negocio, ya que solo tiene una persona en nómina y declara una facturación de unos 700.000 euros anuales.

Esquerra Unida quiere conocer cómo se ha gestionado la concesión de parte del negocio de CACSA a empresas privadas antes de que saca a concurso la externalización de todo el complejo. En este contexto, Blanco insistió en que, por la concesión de explotación de L’Oceanogràfic cada año se ha recaudado una menor cantidad de dinero en concepto de canon. También apuntó que no está claro como la Generalitat y la concesionaria de L’Oceanogràfic se reparten el coste de las inversiones de mantenimiento necesarias.

“Todas estas lagunas son por falta de transparencia del Consell”, argumentó Blanco, que se mostró preocupado por el anunciado proceso de privatización.