Absuelven a un hostelero del Vall d'Aran de un delito urbanístico

Una juez de Lleida ha absuelto al hostelero del Vall d'Aran, José Manuel C.S., del delito contra la ordenación del territorio del que estaba acusado por convertir una antigua borda o cabaña de pastor de uso agrícola en una vivienda de segunda residencia. La exculpación se ha producido porque la entidad ecologista Avalón, que denunció al empresario, no ha podido precisar en la vista la fecha en la que se realizaron las obras supuestamente ilegales. La fiscal, que inicialmente solicitaba dos años de prisión, ha retirado la acusación después de la declaración de varios testigos, entre ellos el presidente de Avalon, Carlos Montero, y tres guardias civiles que realizaron el reportaje fotográfico de la edificación por encargo de la fiscalía.

El acusado ha reconocido que realizó las obras para usos ganaderos y que las finalizó en 2005. Sin embargo, los testimonios no han aclarado si la reconstrucción de la borda duró hasta 2008, que fue cuando Avalon presentó la denuncia. Uno de los agentes ha declarado que el interior del edificio no olía a barniz y que a su juicio la obra hacía tiempo que estaba hecha. Ante ello, la fiscal ha considerado prescrito el delito.

El Ministerio Fiscal ha señalado que la borda se encuentra en suelo de protección especial y por tanto no urbanizable para uso residencial. Las obras se realizaron sin la correspondiente licencia municipal y consistieron en convertir el edificio pastoril en una vivienda habitable, ya que cuando fue inspeccionada por la Guardia Civil tenía cocina totalmente equipada, baño, chimenea, mesas, escaleras, barandillas y varios colchones en el altillo. “La apariencia era la de una casa habitable”, ha señalado uno de los agentes.

Las denuncias de Avalon dieron lugar a la apertura de diligencias penales en 2009 y durante la investigación se detectaron irregularidades urbanísticas similares en más de un centenar de bordas. Algunos expedientes fueron archivados por prescripción, otros acabaron en sentencias absolutorias y varias están pendientes de juicio. Hasta la fecha sólo se han dictado dos sentencias condenatorias. No existe constancia de que la Generalitat de Cataluña haya ordenado la demolición de ninguna de estas edificaciones reformadas ilegalmente.