El gobierno de Barberá no rebajará el alquiler de los pisos municipales

“No estamos hablando de pisos sociales, son viviendas de promoción pública”, dejó claro ayer el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, que descartó rebajar la renta de las 644 casas que alquila la sociedad municipal Aumsa en la capital. El número dosdel gobierno de Rita Barberá dijo ayer poco menos que quien no esté de acuerdo con los alquileres, se busque otro piso.

Grau compareció después de que los tres partidos de la oposición municipal en Valencia, PSPV, Compromís y EU, anunciaran que llevarán al pleno una moción donde piden una rebaja de los alquileres del 25%, un cambio en la elección de los administradores de fincas y que exoneren a estos vecinos del pago del IBI. La plataforma de afectados por Aumsa denuncian que el Consistorio les cobra alquileres caros, por encima del precio del mercado libre, y les impone unos gastos generales insoportables para sus bolsillos.

Según reconoció el vicealcalde, un alquiler de un piso de más de 80 metros cuadrados con garaje vinculado oscila entre los 555 y los 519 euros mensuales en el centro histórico de Valencia. El más caro llega a los 633 euros mensuales con garaje, concretamente en la calle Trafalgar. “No es cierto que no se estén atendiendo los desperfectos”, dijo Grau en respuesta a las constantes denuncias de los inquilinos, que muestran gastos de comunidad trimestrales que, en ocasiones, superan los 150 y los 180 euros. Los afectados se quejan de que los pisos tienen defectos de origen porque la construcción es de mala calidad y ellos se ven obligados cada dos por tres a reparar daños que no se entienden en fincas con tan pocos años. Grau insistió en que Aumsa comprueba los desperfectos y si son de origen, los repara.

“Me parece una irresponsabilidad, rayana en la vergüenza”, dijo el vicealcalde en respuesta a la posible exención del IBI para estos inquilinos. “Bueno, y ya puestos, del impuesto de Circulación y de todos los demás”, manifestó sarcástico.

No son rentas sociales, son de promoción pública, dice el vicealcalde

De los precios de los alquileres, Grau trasladó la culpa al anterior gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que aprobó el decreto donde se regulan los precios máximos y mínimos aplicables a las viviendas de protección pública. Este módulo sirve para establecer la cuantía de las rentas. La Generalitat de Francisco Camps eligió de todos ellos el más alto.

El concejal socialista Vicent Sarrià acusó a la empresa municipal Aumsa de “mala gestión” e insistió en que la moción responde a una “demanda social”. Joan Ribó, del grupo Compromís, aseguró que existen cláusulas abusivas en los contratos e insistió en que se controle a los constructores para que reparen los defectos de origen. Amadeu Sanchis, de EU, agregó que la falta de viviendas es uno de los graves problemas de la capital y advirtió de que si los alquileres no se rebajan, el Consistorio acabará sin poder alquilar ninguno de los pisos de promoción pública.

Los plataforma de inquilinos afectados reclamó al Consistorio que les deje elegir a los administradores de fincas o se contrate a uno para la gestión de todos con vistas a abaratar su coste.